El sueño de Eduardo Pérez era regresar al lugar donde nació. Pasar quizá sus últimos años de vida allí. Criar aves y cultivar. Volver a la misma tierra donde se crió su padre y sus abuelos. Un campo camino a Corral, cerca de Valdivia, que tiene nombre de paraíso bíblico: Santo Domingo de las Alturas.

Fue después de la muerte de sus padres en 1982 -o a propósito de esto mismo más bien- que el terreno original se dividió entre los herederos. Eduardo se encargó de “sanear” legalmente las casi cinco hectáreas que le correspondían y el 23 de octubre de 2003 recibió el título de dominio por parte de Bienes Nacionales.

Desde ese mismo instante comenzó a construir una cabaña, con “latas” conseguidas en el “Indap”, y a viajar al lugar cada vez que regresaba a Valdivia desde Osorno, donde trabajaba como administrador de un fundo. La idea era tener un refugio para pasar la vejez con su esposa y allanar el camino a una jubilación sin sobresaltos.

La ilusión duró apenas dos años.

Un día cualquiera, Pérez llegó al campo de 4, 68 hectáreas, y se encontró que la casa que había construido ya no estaba. No sólo eso: también habían talado parte del bosque nativo, sacado los cercos que delimitaban la propiedad y plantado al menos tres hectáreas de pinos radiata.

Fue a hablar con el guardaparques de la Forestal Valdivia -hoy Forestal Arauco-, el único vecino que tiene y con quien limita en los cuatro puntos cardinales. El empleado le comentó que desde la empresa le habían dicho que “había que pasar máquina a todo”. “Pero cómo, si esta cuestión no está vendida”, le respondió.

La empresa le informó a Pérez, tras sucesivos reclamos, que la ocupación respondía a un contrato que habría firmado él y la empresa. Se trataba de un compromiso de compraventa que llevaba su rúbrica. Fue así como el técnico agrícola, trabajador de un fundo en Osorno, se enteró de algo que ni siquiera recordaba.

-Jamás firmé una promesa de compraventa- comenta al teléfono desde Valdivia. Ese terreno nunca estuvo en venta, ni firmé esas cuestiones, excepto que me hayan hecho firmar algo camuflado.

Lo cierto es que el documento realmente existe y habría sido firmado por ambas partes el 16 de junio de 2004 en la notaría de Carmen Podlech en Valdivia. La cláusula décimo séptima del contrato establecía que después de seis meses podía hacerse efectiva la compra. Un trato que Pérez desconoce y que lo ha mantenido en un pleito con la maderera del Grupo Angelino por alrededor de 18 años.

El 2 de noviembre pasado, sin embargo, el 1º Juzgado de Garantía de Valdivia ordenó a la Forestal la restitución de la propiedad, con auxilio de la fuerza si fuera necesario, y devolvérsela a quien según los documentos figura como su único dueño: Eduardo Pérez Caro, un jubilado de 75 años que vive en Valdivia y cuida a su esposa que padece alzheimer.

Promesas falsas

Apenas sus padres murieron, varios hermanos involucrados en la sucesión, decidieron dividir el terreno donde vivió la familia durante varias generaciones. Pérez asegura que desde entonces Forestal Valdivia intentó apropiarse del predio, comprando acciones y derechos a sus hermanos.

-La forestal se tomó mucho más tierra, sólo las 5 hectáreas mías están con los papeles al día. A mi hermano le decían que después arreglarían. Mientras se quedaban con acciones y derechos. Ellos han actuado abusivamente porque tienen plata. Hacen lo que quieren  con los campesinos. Sobre todo con mi hermano que apenas sabe firmar su nombre- se queja Pérez.

Para Juan Pablo Frías, abogado del demandante, todo el artilugio legal es “una pillería del porte de un buque”. Asegura que la empresa busca a personas de escasos recursos, que viven alejados de la ciudad, ofreciéndoles negocios o alternativas de trabajo asociado. Todo amparado por un equipo de abogados inescrupulosos. Un verdadero modus operandi.

-Esto es habitual. Traen a firmar a personas bajo promesas falsas. Les dicen que van a comprar el campo o hacer negocios con ellos, y terminan ocupando el terreno y así pasan los años. Los hacen firmar de manera oculta contratos de promesa, sin explicarles bien de qué se trata, engañándolos abiertamente.

Hace apenas un mes atrás, El Desconcierto contó la historia de Elda Delgado, quien denunció a Forestal Arauco por haber explotado durante 30 años los terrenos pertenecientes a su familia. Caso donde demostró que la empresa de la familia Angelini intentó “sanear” la posesión de la propiedad ante el Ministerio de Bienes Nacionales, a través del DL 2.695, el mismo mecanismo legal usado en tomas de terreno para regularizar los “papeles” por “prescripción adquisitiva”.

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Pérez estuvo casi dos décadas intentando recuperar el terreno y asegura que fue en innumerables ocasiones a hablar a la empresa y que conversó directamente con Marcelo Torrealba, ingeniero agrónomo, José Rademacher, supervisor, y Víctor Cubillos, entonces gerente de Forestal Valdivia.

-Y así me estuvieron embolinando, pasaban los años y nunca me solucionaron el problema. Después me decían busque abogado. ¿Con qué plata?, le decía yo.

Demanda y contrademanda

Todo comenzó a decantar a fines de 2020, cuando Pérez logra interponer en la justicia una demanda de “acción reivindicatoria con indemnización de perjuicios” donde buscaba, entre otras cosas, la restitución del inmueble, una indemnización por daño, lucro cesante y mala fe.

La acción judicial relata que a principios del año 2005, sin respetar el dominio ajeno, Forestal Valdivia ingresó al terreno de Pérez, destruyendo las praderas naturales, talando el bosque nativo y derribando una vivienda de 40 metros cuadrados. Una vez que el terreno estuvo desprovisto de vegetación, agrega el libelo, alrededor de tres hectáreas habrían sido plantadas con pinus radiata.

La empresa del grupo Angelini, entremedio, contratacó judicialmente a través de una contrademanda. Allí la empresa del grupo Angelini no reconoce ninguna de las alegaciones de Pérez y pide al tribunal que rechace la demanda, así como las indemnizaciones. El argumento es que no habrían actuado de mala fe.

Forestal Arauco se escuda en el contrato que habría firmado con Pérez en 2004, pacto sellado a través de una escritura pública en una notaría de Valdivia y donde ambas partes se comprometieron a transar las tierras. El precio estipulado fue de $1.900.000 y habría sido pagado en el momento de la promesa. En este acto -desconocido por Pérez- la forestal centró sus argumentos para justificar la ocupación del terreno durante 18 años.

El contrato definitivo, según el documento, se firmaría “dentro del plazo de seis meses”. Pero eso finalmente nunca ocurrió. En diciembre de 2016 “se produjo el lamentable fallecimiento de don Bruno Schmidt Fuentes (Q.E.P.D.) mandatario designado por las partes para otorgar y suscribir el contrato definitivo”, precisa el libelo.

La empresa presentó como testigo a Pablo Lepez, ingeniero forestal de Arauco, quien aseguró que conversó en repetidas oportunidades con Eduardo Pérez, entre 2015 y 2019. “Lo conocí porque él quería negociar este asunto, porque no quería firmar el contrato definitivo. Esto me consta porque yo revisé la escritura pública en detalle”, afirmó.

La versión de Lepez se contrapone con lo que testificó el propio demandante. Eduardo Pérez aseguró al tribunal, tal como lo hizo con El Desconcierto, que él no firmó ninguna promesa de compraventa. “Imposible, yo estaba en Osorno y nunca he firmado contrato de promesa”, respondió en el interrogatorio.

La forestal del Grupo Angelini, junto con alegar todo lo anterior, solicitó en la contrademanda forzar a Pérez a cumplir con el contrato de promesa de compraventa firmado hace 18 años. Arauco, además, exigió una indemnización de perjuicios con la aplicación de una cláusula penal por $950.000, el 50% del total de la venta.

En resumidas cuentas, la empresa no sólo solicitó respetar el contrato supuestamente firmado hace casi dos décadas, sino que en caso de no prosperar su estrategia, pretende que Pérez sea quien les pague a ellos.

“Legítimo tenedor”

Dos años después de que se iniciara el juicio, el Primer Juzgado Civil de Valdivia emitió su sentencia definitiva el pasado 2 de noviembre.

El juez consideró que Arauco no era un “legítimo tenedor” del terreno, como lo habían argumentado. El tribunal interpretó que la fecha que las partes habían dado para que se firmara el contrato definitivo también fijaba la fecha de término para la tenencia del inmueble, “a menos que se hubiera celebrado el contrato definitivo, lo cual no sucedió”.

Arauco, entonces, “no puede justificar razonablemente la tenencia de la cosa en su poder, y, por tanto, lo fue de manera indebida”, se explica en la sentencia. Es decir, “se trata, en los términos del Código Civil, de una ‘retención indebida’, desde fines del año 2004 a la fecha”. O sea, una ocupación ilegal de 18 años.

Con esa determinación, el tribunal rechazó de plano las intenciones de Arauco de exigir el cumplimiento del contrato y consideró prescrita la contrademanda.

Respecto a la demanda de Pérez, el tribunal condenó a Arauco a pagar $15.750.000, por concepto de frutos civiles o aprovechamiento. Además, determinó que la compañía debe indemnizar al demandante con $5.880.000 como concepto de “daño emergente” por la eliminación del bosque nativo que estaba en el lugar.

Hay un punto, en todo caso, que sí le concedieron a la forestal. El tribunal consideró que la construcción y reparación de cercos, así como la existencia del bosque de pino, podía ser considerado parte de las “expensas o mejoras”. Es decir, Pérez tendrá que indemnizar a Arauco por parte de los trabajos que se hicieron en el terreno. Una compensación “cuya discusión y determinación de su espacio y monto se reserva para la etapa de cumplimiento del fallo”.

Forestal Arauco, consultada por El Desconcierto, señaló que el tema no estaba zanjado y que aún “quedan etapas e instancias en donde las partes podemos hacer distintas presentaciones, aportando antecedentes y argumentos para que esta controversia se pueda resolver”.

Asimismo, agregó, “creemos importante enfatizar que como compañía acatamos las resoluciones de los tribunales de justicia y evaluamos caso a caso los pasos a seguir, considerando, además, que ésta es una sentencia de primera instancia a la que le quedan etapas que cumplir”.

El 23 de noviembre Forestal Arauco ingresó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Eduardo Pérez seguirá esperando para retornar al terreno de sus ancestros.

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