El proyecto de reajuste del sector público que acaba de pasar a votación en el Senado, deja fuera de los beneficios salariales a cerca del 60% de fuerza laboral del Estado: las y los trabajadores a honorarios que cumplen funciones en segunda categoría.

Para Natalia Corrales, vocera de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado UNTTHE, la falta de regularización contractual en el servicio público, obliga a seguir ejecutando las políticas públicas a costa de miles de trabajadores/as precarizados/as.

Una fuerza laboral invisible

Según las cifras que maneja la Federación de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado (UNTTHE), al menos un 60% de las personas que realiza labores habituales en el Estado, ya sea en municipios, universidades, servicios públicos u hospitales; está bajo subordinación y dependencia cumpliendo horarios establecidos e incluso trabajando como encargadas/os de programas municipales con equipos a su cargo, oficina y contratos renovados año tras año.

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Pero en los hechos, este tipo de trabajador a honorarios no posee la calidad de “funcionario/a público/a y por ende, no tienen los mismos derechos y beneficios de quienes sí se encuentran contratados bajo esta categoría.

“Somos como los/as hijos/as no reconocidos/as del Estado” apunta al respecto Natalia Corrales, dirigenta de la UNTHHE y colaboradora en este artículo, que busca presentar el problema de las “castas contractuales” que existen al interior de las entidades del Estado y que excluye de los derechos laborales básicos, a miles de trabajadores/as que se desempeñan en el servicio público.

Quienes demandan servicios del Estado probablemente no advierten las diferencias, pero es necesario aclarar que las funciones públicas son ejercidas por 3 tipos distintos de trabajadores/as: En primer lugar están las y los trabajadores de “Planta”, que deben cumplir estrictamente sus funciones pues tienen responsabilidad administrativa. No obstante, son a la vez quienes gozan de todos los derechos laborales, pues al estar jurídicamente reconocidos como funcionarias y funcionarios públicos, tienen derecho a cobertura previsional, salud, pago de licencias médicas, bonos, aguinaldos, reajuste salarial, vacaciones, , pre y postnatal, posibilidad de formar parte de asociaciones gremiales fuertes con dirigentes que tienen fuero sindical, y bonos por mejoramiento de gestión (que las personas a honorarios no reciben a pesar de aportar con su trabajo a estas metas de gestión) por dar algunos ejemplos.

Luego vienen los que están “A Contrata”, con los derechos de la planta, pero cuyos contratos son renovados una vez al año. En la actualidad, tras dos renovaciones, cuentan con confianza legítima de continuidad laboral por lo que ya no es tan fácil despedir a esos/as trabajadores/as.

El problema, es que el grueso del trabajo realizado al interior del servicio público, está a cargo de quienes “boletean” para el Estado; últimos en la casta contractual, sin derecho a vacaciones, ni aguinaldos, ni bonos, ni licencias médicas ni pago de previsión social, pero en la mayor parte de los casos, con obligaciones laborales iguales a las de un/a funcionario/a público/a, fomentando de esta manera, espacios de discriminación laboral al interior del Estado

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“Desde la UNTTHE conocemos casos de trabajadores/as que han estado por más de 20 años laborando a honorarios, sin que se les reconozca hasta la fecha su verdadera calidad contractual y relación  Estado: es decir, su calidad de funcionario/a público/a, viendo cómo pasan por su lado personas contratadas en esta calidad sin mediar concurso público y sin respetar su antigüedad laboral”, advierte Natalia Corrales.

Para la dirigenta de UNTTHE, en estos casos el Estado adopta una posición paradojal al exigir al mundo privado el cumplimiento de los derechos laborales pero al mismo tiempo, no poner orden en la calidad jurídica del 60% de sus trabajadores/as. “Sin el reconocimiento contractual de nuestra función pública, el margen para exigir derechos laborales mínimos es inocuo”.

Otra contradicción planteada es el aumento en la contratación de trabajadores/as a honorarios a pesar de existir por ejemplo, en el nivel centralizado, un acuerdo de traspasos anuales desde el 2015 en que año a año debían ser cambiados a la calidad de contrata.

EstadoComo tercera contradicción encontramos la actual propuesta de ley de presupuesto, en que el Gobierno faculta a las y los alcaldes a traspasar honorarios a código del trabajo, dejando sin efecto el dictamen de Contraloría dictamen N° El73171, que exige a la administración del Estado abstenerse de contratar personal en régimen de honorarios para el año 2023 y ordena pasar a trabajadores honorarios a la contrata.

De esta forma, el actual proyecto de ley se contrapone al dictamen de Contraloría y al estatuto administrativo, desconociendo la función pública que desarrollan las y los honorarios y que es la bandera de lucha de la UNTTHE.

Los Municipios como pequeños fundos

Natalia Corrales, gracias a su experiencia laboral y trabajo sindical, posee amplio conocimiento sobre el funcionamiento de los municipios, lugar donde las diferencias contractuales adquieren una especial intensidad.

“En los municipios del Chile, y esto aplica tanto a los de izquierda y derecha”, advierte, “la interpretación de las obligaciones jurídicas del personal a honorarios, queda sujeto a la discrecionalidad de su respectivo alcalde o alcaldesa. De hecho, como no hay un contrato estándar para honorarios, las obligaciones y beneficios varían respecto a cada Municipio. En algunos, se entregan aguinaldos, vacaciones, bonos, etc  y en otros, no, lo que es injusto pues si los/as trabajadores/as a honorarios tuvieran la calidad de funcionarios/as públicos/as, como corresponde, podrían tener derecho por ley a los beneficios laborales y sindicales sin distinción”.

Por otro lado, como la continuidad del vínculo laboral y la entrega de beneficios queda -según la actual propuesta de ley- nuevamente a criterio de las alcaldías, “en vez de premiar el profesionalismo, los municipios terminan valorando más la adhesión del o la trabajadora a la editorial política del alcalde o alcaldesa, lo que se traduce en continuidad del contrato y entrega de beneficios laborales solo para quienes demuestran lealtad a una particular gestión”.

Con lo anterior, se afecta gravemente la calidad del servicio entregado a la ciudadanía, pues como se indicó, la respuesta profesional que se debe entregar a requerimientos sociales queda en segundo plano, primando en cambio, la adscripción del trabajador/a a una línea política y de acción ordenada de manera vertical por el alcalde o alcaldesa de turno.

La respuesta es organización

Crear una organización sindical que agrupe a trabajadores/as a honorarios del Estado ha sido todo un desafío. De partida, sus dirigentes no tienen fuero sindical ni pueden acceder a permisos especiales para desarrollar su labor de defensa de trabajadores/as. Sin embargo, su acción sindical y vínculo con diversas organizaciones sociales, y sindicales, ha permitido su validación política logrando el respeto de esta actividad por parte de algunas direcciones y alcaldías.

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No obstante lo anterior, Natalia Corrales señala que el único camino es la unión: “debemos asumir el riesgo de organizarnos para alcanzar y obtener nuestros derechos” y agrega como uno de los desafíos más urgentes de la UNTTHE: "Hoy buscamos la instalación de una mesa interministerial que aborde esta crisis laboral en el Estado y sólo podremos lograrlo con organización, conciencia y movilización. De esta forma; mientras más seamos, más avanzamos y más protegidos/as estamos”.