La semana pasada, un incendio en Talagante que luego fue controlado, activó la alerta roja de la ONEMI por su peligrosa cercanía a la basura del relleno sanitario Santa Marta. El suceso también encendió la alerta entre vecinos y vecinas que recuerdan bien el derrumbe de toneladas de basura del relleno y el posterior incendio que en 2016 dejó cubierto a Santiago por una nube tóxica. A seis años de aquel incidente, vecinos del sector avanzan en una demanda ejecutiva contra la empresa por no cumplir la sentencia que ordenaba a la empresa a reparar el daño ambiental causado.

“La sentencia, ratificada por la Corte Suprema, obligaba medidas concretas como el retiro de los escombros, que no ha ocurrido hasta la fecha, y la realización de estudios de agua y suelos que son fundamentales para determinar los daños que está causando el relleno por los líquidos percolados por la desintegración del material, que quedaron depositados en suelo no impermeabilizado y que podrían ir a parar a las aguas de consumo humano”, explica la diputada Camila Musante, quien apoya a las y los vecinos en la causa a través de su equipo jurídico. 

[Te puede interesar] Nuevo proyecto minero amenaza a la Reserva Nacional Las Chinchillas

La diputada también está apoyando a las comunidades aledañas a participar en un nuevo proceso de evaluación ambiental al que se somete la empresa, para regularizar la descarga de líquidos al estero El Gato. El proceso genera alerta en la comunidad que ha denunciado a la empresa por verter líquidos no tratados de forma ilegal a este estero, contaminando las aguas. Los ex directores de la empresa, ligados a la familia Ruiz-Tagle, se encuentran formalizados por esta descarga ilegal de aguas en el estero, y la Superitendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en el 2020. Sin embargo, vecinos denuncian que la actividad continúa. 

La evaluación ambiental está en un proceso de participación ciudadana, en que las comunidades están realizando observaciones. “El año pasado presenté un proyecto de ley para que exista un examen de admisibilidad ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para aquellos titulares de proyectos que tengan sentencias, multas o infracciones incumplidas, para que no puedan ingresar nuevos proyectos mientras no cumplan esas medidas de reparación ambiental. Si no, como vemos en este caso, las sanciones quedan en la nada”, indica la diputada Musante, quien además es abogada ambiental. 

Situaciones irregulares

Otra situación irregular permanente que denuncia la diputada es que el relleno actualmente no cuenta con un sistema terciario de tratamiento de lixiviados, lo que era una condición establecida en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para seguir funcionando. “La empresa no está cumpliendo con una condición que debía cumplir dentro de un plazo para seguir funcionando. Hoy presenta a evaluación un sistema de descarga pero no de tratamiento terciario. Legalmente se podría pedir que la RCA se declare caduca y ahí tendrían que dejar de funcionar. Pero no queremos eso porque muchísimas municipalidades de Santiago no tendrían donde dejar los residuos. Lo que estamos haciendo en términos judiciales es exigirle a la empresa que siga funcionando pero cumpliendo las normas ambientales y las sanciones ordenadas por los tribunales”, explica.

Mientras tanto, desde la comunidad esperan la sentencia por la demanda de incumplimiento, que debería conocerse en los primeros meses del 2023. El proceso legal también ha producido tensión en la comunidad, ya que muchos vecinos se desvincularon de esta segunda demanda, asesorados por un abogado. “Este abogado está desinformando a los vecinos diciéndoles que si siguen con la demanda por incumplimiento de la sentencia de daño ambiental, van a perder el derecho a  ser indemnizados por la empresa y esto es falso. Aquí existe responsabilidad penal, ambiental y también civil reparatoria y todas se pueden perseguir en conjunto. Los vecinos pueden sumarse a la demanda en cualquier momento del proceso”, explica Camila. 

[Te puede interesar] La ciudad de las 12 hidroeléctricas

Así, un grupo reducido de vecinos continúa con la causa. Entre ellos se encuentra Andrés Zollner, un dirigente histórico que se involucró en la supervisión y denuncia del proyecto desde sus inicios, hace ya 20 años. “Lo que cambió considerablemente para nosotros es el uso de las aguas. Cuando yo llegué a vivir aquí, en el estero El Gato la gente pescaba, se bañaba. Hoy la sequía también ha afectado el caudal, y lo unico que se ve correr en el nacimiento del estero son ripios negros del relleno sanitario. Ya no nos atrevemos a usar el agua para uso humano, y para regar los campesinos han tenido que instalar sistemas de tratamiento. Llevo 20 años en esta lucha y lo que siento es un abandono de deberes por parte de los entes del estado que deberían asegurarse de que se cumplan con las condiciones mínimas ambientales y sanitarias”, denuncia.