Por casi cinco décadas, en Colonia Dignidad reinó el horror. El asentamiento de colonos alemanes, liderado por Paul Schäfer, fue tristemente conocido por los abusos sexuales cometidos a menores de edad y las violaciones a los derechos humanos que se perpetraron en el marco de la dictadura militar en las más de 16 mil hectáreas ubicadas en la comuna de Parral, provincia de Linares.

Los hechos que rodearon Colonia Dignidad quedaron registrados y fueron evidenciados en múltiples producciones audiovisuales. Documentales, series y películas sirvieron como un catalizador para contar la historia que afectó, tanto a alemanes, como chilenos que fueron parte y víctimas del enclave.

Una de las producciones que tuvo mayor repercusión fue la película chileno-alemana Colonia, dirigida por Florian Gallenberger, y estrenada en Alemania el 18 de febrero de 2016.

La conmoción por el filme fue tal en el país europeo que el entonces Canciller alemán, Frank Steinmeier, pidió perdón a las víctimas de Colonia Dignidad. “Este es un capítulo negro de la historia de la diplomacia alemana y es evidente que los diplomáticos perdieron la orientación e hicieron muy poco para proteger a las personas que buscaban escapar del maltrato”, dijo el personero en aquella oportunidad.

Paralelamente, el mundo político alemán comenzó un proceso de reflexión sobre lo que significó el asentamiento de Colonia Dignidad en Chile, lo que motivó que un grupo de parlamentarios alemanes visitara el lugar, ahora llamado Villa Baviera, lo que dio lugar a la creación de una comisión mixta de entendimiento entre el Estado de Alemania y de Chile.

Sin embargo, a casi cinco años de la creación de la comisión, organizaciones relacionadas a la ex Colonia Dignidad han denunciado “secretismo” de la instancia. Además, acusan que no se les ha tomado en cuenta en el trabajo de la mesa conformada por representantes de ambos gobiernos y expertos en materia de derechos humanos.

Así lo explica Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. “En el 2017 se les encomendó las tareas que debía desempeñar la comisión y estamos a fines del 2022 y el trabajo de la comisión mixta no es conocido”, asegura Romero.

Asimismo, afirma que la comisión —que sesionó el pasado jueves—, a solicitud de la parte alemana, “trabaja en un secretismo incomprensible, lo que significa que todas las actas emanadas de esta comisión se conservan bajo reserva”.

Factor Piñera en el desarrollo de la comisión

Tras el memorándum en el que Chile y Alemania acordaron los términos para el desarrollo de la comisión, el trabajo de la instancia comenzó en 2017, a fines del segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.

Magdalena Garcés, abogada de víctimas de Colonia Dignidad y parte de la Asociación, comenta que en esos primeros meses de funcionamiento de la comisión fue de constante colaboración con las organizaciones, situación que cambió con la llegada de Sebastián Piñera al gobierno.

“En el gobierno de Bachelet, estaba (a cargo de la comisión) el embajador Hernán Quezada. Él hacia reuniones con la sociedad civil e incorpora a la Cátedra de Derechos Humanos de la U. de Chile. Ahí había un permanente diálogo con nosotros. Después llega el gobierno de Piñera, y Quezada sale del cargo y entra Juan Pablo Crisóstomo, quien nos invitó una primera vez y nunca más supimos de la comisión”, explica Magdalena Garcés.

Además, en ese momento las organizaciones se dieron cuenta que las actas y todo documento de la comisión eran de carácter secreto, por petición de la parte alemana.

“Cuando pedimos las actas nos responden que eran reservadas por petición de la contraparte alemana (…) Está mal que haya sido reservado siempre, pero como antes había un espacio de participación de la sociedad civil, podíamos saber que se estaba hablando”, dice Garcés.

Según explica Margarita Romero, la postura que adoptó la administración de Piñera se debió en gran parte a la falta de interés del gobierno con el trabajo relacionado a la memoria y los derechos humanos. Pero también hubo otros factores.

A juicio de la organización, la presencia de Hernán Larraín en el gobierno de Piñera también tuvo que ver con el magro desarrollo de la comisión. “Hay otros factores que influyeron en esto. El ministro de Justicia y Derechos humanos de ese entonces era Hernán Larraín, quien fue uno de los amigos y defensor de Colonia Dignidad”, asegura Margarita Romero, quien señala que esos cuatro años fue un periodo en el que se pudo haber avanzado aún más en el necesario trabajo de la comisión.

Asimismo, la presidenta de la Asociación por la Memoria y los DD.HH. Colonia Dignidad, es enfática en que "nosotros valoramos negativamente el trabajo de la Comisión Mixta. Primero, porque es un trabajo que se ha hecho de espaldas a las organizaciones de la sociedad civil, a las que no se ha incluido y no se les ha escuchado su propuesta. Segundo, porque es un trabajo que se ha hecho en el secretismo que ha caracterizado a todo lo referente a Colonia Dignidad desde los inicios de la existencia del enclave en Chile. Aquí continuamos con un secretismo en torno a este lugar y que ha sido adoptado por la Comisión Mixta, cuando esto se trata de trabajar sobre este caso”.

Alarma por reducción del sitio de memoria en Colonia Dignidad

Ante la falta de respuestas por parte de la comisión, la Asociación por la Memoria y DD.HH. de Colonia Dignidad denunció además que se estaba poniendo en peligro el sitio de memoria comprometido en la actual Villa Baviera.

“La justificación sería la ejecución de un proyecto de Memorial elaborado por expertos designados por ambos Estados, a espaldas de las organizaciones de la sociedad civil, en una verdadera negociación con la actual administración de Villa Baviera, los nuevos jerarcas de la ex Colonia Dignidad, a quienes se les compraría parte del sitio”, asegura la misiva.

Sobre esto, Magdalena Garcés asegura que como organización no están dispuestos en ningún caso a negociar la reducción del polígono que contempla 182 hectáreas de área protegida ubicada en Villa Baviera.

“Nosotros no estamos dispuestos ni vamos a aceptar que se reduzca un sitio de memoria, que fue establecido por medio de decretos del Consejo de Monumentos Nacionales. Los únicos que pueden alterar eso, es el Consejo. Pero en la medida que ya fue declarado Patrimonio ese monumento histórico no puede ser desafectado para que construyan casas. La colonia tiene diez mil hectáreas. No puede ser que estén negociando sobre la base de desafectar un monumento”, expresa Magdalena Garcés.

Misma apreciación manifiesta Margarita Romero, quien asegura que como organización “no vamos a retroceder en los ya logrado con las luchas de las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que avanzar y ese es el compromiso del actual gobierno”.

El giro de la comisión bajo la mano del Gobierno de Boric

Previo a la décima sesión de la Comisión Mixta —que se celebró el pasado jueves 17 de noviembre—, la Asociación por la Memoria de Colonia Dignidad, hizo entrega de una carta al Presidente Gabriel Boric, con la intención de hacer presente las inquietudes que tenían en cuanto al trabajo de la instancia.

Ante las constantes peticiones, a través de un comunicado conjunto, la Comisión Mixta informó que atendería las peticiones de organizaciones de la sociedad civil.

“Durante esta sesión, las partes reflexionaron sobre la labor que ha desarrollado la Comisión Mixta hasta la fecha y coincidieron en que resulta fundamental generar canales transparentes e inclusivos de participación de las víctimas y de la sociedad civil en las distintas materias que aborda este mecanismo. Asimismo, se acordó avanzar en la concreción de los objetivos de la Comisión Mixta, vinculados al diseño, implementación y gestión del Sitio de Memoria y Centro de Documentación”, expresa el texto.

Margarita Romero sostiene que el comunicado del Gobierno representa un “giro importante en forma y fondo del trabajo de esta comisión, acoge nuestras demandas. Es la primera vez, de las 10 reuniones sostenidas en que se informa y que se hace un comunicado señalando los  temas y acuerdos discutidos. Se compromete transparencia y la integración de las organizaciones de sociedad civil”.

Para Garcés, la respuesta del Gobierno es valorable y en muchos sentidos, como organización, los deja tranquilos. Aunque hace el punto en que la respuesta fue motivada por la movilización de los colectivos. “El comunicado nos deja tranquilos, pero honestamente creo que también tiene que ver con la movilización que tuvimos que hacer como organización de derechos humanos”, afirma.

Pese a esto, la abogada asegura que “me parece preocupante las organizaciones de la sociedad civil seamos las que tengamos que estar, a pesar de que nuestro rol, recordando e insistiendo en que este tipo de trabajos de memoria tienen que hacerse de manera transparente y con participación de las organizaciones”.

“Esperamos que se avance en el sentido de transparencia y participación. Asimismo rechazamos que se extienda este tipo de modelo de participación, en el cual, el Estado toma las decisiones y después la informan. No es el tipo de participantes nosotros exigimos como organismos”, concluye Garcés.

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