Hace pocos días conocimos el Índice de la Fundación Paz Ciudadana 2022. Este arrojó que en un 32% de los hogares chilenos alguien había sido víctima de robo o intento de robo. Esta cifra estaría dentro de las tres más bajas en los últimos 20 años. Sin embargo, el mismo Índice evidenció un “temor alto” a ser víctima de la delincuencia, aumentando su cifra en 7,2 puntos porcentuales, es decir, la percepción de delincuencia alcanzó los niveles más altos en 22 años. Un abismo preocupante entre realidad y percepción.

Como sector político hicimos el análisis de rigor, el mismo que hemos venido advirtiendo hace ya bastante tiempo: que entre la realidad delictual y la percepción del delito hay algo que no encaja, y que debemos cuestionarnos. Es evidente el rol que juegan los medios de comunicación -altamente concentrados en Chile- en esta asincronía. Las pautas de noticieros y matinales, con alto contenido criminal y delictivo, nos pasaron la cuenta y entraron a generar pánico en los hogares chilenos.

No hay que ser muy perspicaz para responder quién está detrás de esto, quiénes son los dueños de los medios en cuestión y a qué ideología representan. Hemos señalado y vuelto a señalar el difícil entramado de la desigualdad y su rol en la percepción, persecución y la generación de fenómenos delictuales. Estoy de acuerdo con este análisis, y siempre lo he estado, sin embargo, creo que el rol político en que nos encontramos nos exige ir más allá.

El mismo Índice arroja datos que nos cuentan cómo los chilenos y chilenas han cambiado su forma de vivir debido a la inseguridad que sienten. El 59% declara haber reforzado la seguridad de su casa, el 71% dejó de salir a ciertas horas y el 75% dejó de asistir a ciertos lugares. Ni hablar de lo que las mujeres hemos tenido que hacer para adaptarnos a este escenario.

Por su parte, Carabineros ha registrado un aumento del 55% en la tasa de homicidios sólo este año. Las denuncias por violación han aumentado un 20% en pandemia y la utilización de armas de fuego registra un aumento constante sin parangón. En suma, según la STOP de Carabineros, han aumentado en 41% los delitos de mayor connotación social.

En una perspectiva regional, los índices de la zona norte son altamente preocupantes, concentrándose ahí la mayoría de este tipo de delitos, a diferencia de las zonas centro sur y sur del país.

El pueblo de Chile es profundamente sabio. Las personas de regiones, las mujeres y los más humildes son quienes más sufren y sufrirán con este cambio de paradigma delictual en Chile. Debemos escuchar, atender y actuar. La única forma en que podemos hacer realidad el tan anhelado programa de transformaciones de nuestro gobierno es escuchando a la población, sus miedos y angustias.

Un gobierno que resuelva las urgencias, que no permita el ingreso del narcotráfico y su cultura delictual al país, que desbarate bandas de crimen organizado (como lo ha estado haciendo), que atienda el abandono en el que se sienten las víctimas de delito, que no caiga en el simplismo del populismo penal, es lo que necesitamos.

Un nuevo Compromiso Nacional por la Seguridad es clave para reconstruir nuestro pacto social y delinear una nueva normalidad en Chile. Necesitamos una institucionalidad apropiada, como el Ministerio de Seguridad, así como reformar las policías, modernizarlas e inyectar más recursos. Sólo un gobierno habilitante de la vida digna podrá ser luego transformador de la realidad.