Desde hace un par de días, estamos asistiendo a un intento por minimizar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el estallido social. Aducen, los partidarios del gobierno de Piñera, que mientras no haya condenas no se puede hablar de vulneración de derechos y que los pocos casos con condena a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros serían excepciones. En consecuencia, dirán, no se puede hablar de violaciones generalizadas a los derechos humanos.

Imagínense qué dirían los armenios frente al genocidio del que fueron objeto, a comienzos del siglo XX, y que fue negado por décadas hasta su reconocimiento reciente. O que las fuerzas aliadas contra los nazis, que hicieron ingreso a los campos de concentración, hubieran dicho “no nos precipitemos, veamos qué dice la justicia para saber si existió una política de exterminio contra los judíos”. O, respecto de nuestra historia, que los hechos acreditados por el Informe Rettig, o el Informe Valech, no fueron suficientes para afirmar que en Chile se violaron de manera sistemática y como parte de una política de Estado, los derechos de miles de chilenos y chilenas. Y es que, en general, en contextos críticos como guerras, dictaduras o crisis que devienen en revueltas o estallidos, los Estados no tienen la capacidad, o no quieren brindar la evidencia que permita avalar una condena general al comportamiento sostenido. Así se protegen de lo que puede significarles un llamado de atención internacional o. peor aún, de eventuales condenas al Estado o a los agentes que las perpetraron.

Durante el estallido social el gobierno no entregó un registro único de víctimas que permitiera determinar el número de personas que denunciaron detención ilegal, atentado a la integridad física, a la vida, tortura o abuso sexual. Fueron organizaciones de la sociedad civil, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y misiones de observación internacionales, como la CIDH y el ACNUDH, quienes tuvieron que levantar dicha información a través de testimonios y de la información fragmentada que les entregaron los organismos de gobierno.

A pesar de ello, el INDH logró acreditar que 405 personas fueron víctimas de lesiones oculares, 504 víctimas de tortura –cifra dentro de la cual está considerada la violencia sexual– y 2.123 víctimas de apremios ilegítimos y 5 homicidios. Sin contar aquellas acciones que resultaron en muerte producto de tortura o de apremios ilegítimos (https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2021/09/BalanceINDH_JULIO.pdf). No se conoce el universo total de víctimas puesto que aún no existe un registro de las mismas.

Frente a esta evidencia, recopilada en todo Chile, es claro que el Estado tuvo responsabilidad y que cientos de personas se vieron gravemente afectadas en sus derechos. De acuerdo al INDH, órgano público y autónomo, los principales implicados son agentes del Estado, en particular Carabineros de Chile.

Nadie podría pensar de buena fe que las víctimas de trauma ocular se lo inventaron, o que aquellas que sufrieron violencia sexual quieren maliciosamente involucrar a Carabineros de Chile en acciones tan atroces. Otra cosa es determinar individualmente la responsabilidad penal de quienes estuvieron implicados y en ello le cabe un rol a la justicia. Esta, lamentablemente, no ha actuado con la suficiente celeridad ni con la debida diligencia.

Minimizar las violaciones a los derechos humanos va contra el sentido común de todos los chilenos y chilenas, revictimiza a quienes se vieron afectadas y erosiona las bases de la convivencia común.