Nuevamente, en negociaciones cerradas, los partidos políticos están definiendo a priori lo que es un derecho inalienable del pueblo: redactar la Constitución en un proceso democrático y participativo. Lo más increíble de todo es que se han olvidado de que una de las causas más relevantes del estallido social y posterior revuelta fue este tipo de acciones.

Es evidente que el estallido social y posterior revuelta fue la consecuencia de un sistema político que fracasó en representar las necesidades y anhelos del pueblo de Chile, permitiendo un clima de abusos y corrupción que superó el límite aceptable. Y no fue un estallido cualquiera. Slavoj Zizek, uno de los más conocidos filósofos políticos europeos, dijo que el estallido social chileno solo era comparable con un movimiento insurreccional denominado Comuna de París, que se produjo en 1871. Lo ocurrido en Chile fue un evento inusual, espontáneo, sin líderes y masivo… y no está resuelto.

El estallido constituye la génesis del proceso constituyente que derivó en la Convención Constitucional. No fue el sistema político el que promovió el cambio; más bien se vio obligado a hacerlo por el descontrol total que el gobierno de Sebastián Piñera tenía sobre los acontecimientos.

Las y los independientes de la Convención Constitucional no asociados a partidos o a una colisión política -la mayoría pertenecientes a movimientos sociales y ecológicos- no fuimos elegidos por ideología política, sino para integrar en el texto constitucional temas nuevos e importantes, los cuales nunca serían posibles con el sistema político actual. Con les compañeres ecologistas pudimos aprobar normas para garantizar los derechos de la naturaleza, el reconocimiento de los bienes comunes naturales, la desprivatización del agua, una protección especial para los animales, la protección de los glaciares, la soberanía alimentaria, el apoyo a la ruralidad, el derecho a la energía mínima vital, la prohibición de industrias contaminantes o extractivistas en áreas protegidas, entre otras tantas normas ecológicas.

También las y los independientes logramos incluir normas para enfrentar con dureza la corrupción e inhabilitar a los corruptos en la actividad política; a su vez, se garantizó la participación ciudadana en todas las instancias del Estado y la garantía de derechos fundamentales inéditos en Chile como la protección de los niños, niñas y adolescentes, la inclusión social de los mayores de edad, el reconocimiento del trabajo en el hogar, la valoración de las cuidadoras familiares y de las personas con capacidades diferentes. Así también, incluimos principios económicos ecosociales consistentes con un Estado ecológico que se hace cargo de la crisis climática y sus consecuencias ecológicas y sociales.

Las y los independientes fuimos elegidos para incluir en la nueva Constitución lo que el sistema político nunca ha priorizado; y cumplimos.

Todos los temas aludidos no fueron objetos de crítica, ni siquiera en la campaña del Rechazo fueron mencionados. Recordemos que la mayor crisis de la Convención Constitucional se produjo en la Comisión de Sistema Político, donde los independientes no tuvimos ninguna injerencia.

Hay que reconocer, eso sí, que los partidos políticos de centroizquierda finalmente apoyaron esas normas y, en algunos casos, hicieron aportes.

En el nuevo proceso constituyente, ¿es posible hacer caso omiso al descontento que se manifestó sobre el sistema político en el estallido social? Gran parte de los políticos al parecer lo están haciendo. Los políticos de derecha y centroderecha están planteando una Comisión de Expertos o una Comisión Mixta, establecer “bordes” al proceso y dejar fuera a los independientes (los independientes que irían en listas de partidos políticos no son independientes). Quieren disminuir la cantidad de constituyentes, casualmente en una cantidad similar a los independientes que había en la Convención Constitucional.

Además, quieren dar un plazo de 6 meses al proceso constituyente, como si una Constitución fuera una ley de trámite rápido. Incluso algunos están planteando que los expertos comiencen a trabajar antes para definir aspectos que son solo de competencia de los constituyentes. ¿Es esa una actitud genuinamente democrática? Por otro lado, los partidos políticos de centroizquierda, si bien no están de acuerdo con la definición de “bordes” y la intromisión de expertos en los contenidos, de igual forma no están apoyando las listas de independientes en el nuevo proceso. Esto es una desvalorización total de los movimientos ecosociales, lo cual es un error histórico.

Es lamentable, y de consecuencias imprevisibles, que el sistema político chileno crea que va a resolver por sí solo la crisis política de la cual él mismo es responsable. Sin independientes, la lucha ideológica y de poder entre políticos arriesga a dejar en segundo plano a los temas ecológicos, de participación, de corrupción, de cuidados y tantos otros que interesan a toda la comunidad. Además, ellos mismos van a definir el ámbito y características de su propio quehacer, lo cual conlleva un evidente conflicto de interés. Cabe señalar que los partidos políticos en Chile, al 30 de agosto de 2022, están constituidos por 430.133 personas, que representan solo un 2,8% del padrón electoral y su evaluación no es buena.

Dejar a los independientes fuera del proceso constituyente es no confiar en el pueblo. Ello es totalmente contradictorio con lo que se está diciendo por varios políticos, es decir, que el pueblo en un acto de responsabilidad rechazó la nueva Constitución por considerarla inadecuada para el país. Por lo tanto, ¿qué temor puede haber? Es el pueblo el que debe decidir si quiere o no a un independiente como su representante en el nuevo proceso constituyente. Eso es verdadera democracia.

El soberano es el pueblo, no los partidos políticos.