El 4 de septiembre de 2022 se realizó el Plebiscito Constitucional en el que el electorado manifestó su rechazo (61% - 38%) al texto propuesto por la Convención Constitucional. En relación a los resultados electorales de los plebiscitos anteriores, se puede decir que en esta oportunidad el voto ciudadano se traduce en un desfase entre expectativa, realidad y voluntad de cambio.

Usando como referencia las pautas de acción de la estrategia de marketing político de la campaña del Rechazo analistas y políticos sacan conclusiones. Son tres las pautas de acción de la estrategia de la campaña que han proporcionado un marco explicativo para analizar las razones de la derrota de la campaña del Apruebo.

En primer lugar, se destaca la mala conducta cívica de los constituyentes, se les caracteriza por su subjetivismo irresponsable que los llevó al desborde al formular exigencias maximalistas. En segundo lugar, al texto constitucional, por su carácter refundacional, se le responsabiliza de crear una sensación de inseguridad e inestabilidad. Por último, la denominación plurinacionalidad y pluralismo jurídico (sistema paralelo de justicia indígena) hirió la sensibilidad del sentir universalista, de igualdad ante la ley y nacionalista de los chilenos. Según la línea argumental de estos analistas, cuando se exagera la tecla identitaria, “el mundo” reacciona negativamente. Dicho con otras palabras, la exageración de la tecla identitaria despertó el sentir racista que se aloja en el cuerpo mestizo de los chilenos.

La campaña del Rechazo, junto con negarle protagonismo a sus figuras emblemáticas, activó su poder de monopolio sobre la televisión e intensificó su labor por "borrar la realidad". Fake news y un debate electoral en los medios de comunicación sesgado por una agenda-setting (capacidad de la televisión de incidir en la relevancia de temas de la agenda pública; McCombs & Shaw, 1972) añadió la semilla del dragón mediático del Rechazo. Nada de esto es nuevo en la política chilena.

Otros analistas (la versión académica) ven el Rechazo en el marco de una expresión de un malestar social generalizado. Toman como referencia los estudios sobre el malestar social en las democracias europeas y su relación con el auge de los populismos. En el caso chileno el estallido social de octubre de 2019 se le relaciona con la ira de la gente y la economía del modelo chileno. Se deduce que una economía injusta motiva malestar social y que este puede convertirse en fuerza de cambio esperanzadora; pero si excede ciertos niveles pasa a constituir un motivo de alarma.

Según esta perspectiva, la aspiración de cambio quedó frustrada por la realidad política cotidiana marcada por la economía (inflación), la seguridad pública (Estado de Excepción en territorio indígena, delincuencia, inmigración) y por la débil gestión de gobierno de Gabriel Boric. Consecuencia de esto es el malestar social, que se manifiesta como molestia o falta de bienestar, y que se materializa en el Rechazo a la nueva Constitución de 2022.

De acuerdo con lo anterior, tanto la derecha y la izquierda malinterpretó la revuelta social de octubre de 2019 al asumir que esta era de naturaleza izquierdista. Esta conclusión equivocada hizo partícipe a la izquierda y centroizquierda parlamentaria de un liderazgo que no le correspondía. Estos, al no contar con un proyecto político alternativo al modelo chileno, no estuvieron al nivel de las expectativas que se autoimpusieron. El malestar social, encarnado en el Chile profundo (movimientos sociales y pueblos originarios), heredero de una cultura de empoderamiento y por definición particularista, no encontró en el proceso constitucional el liderazgo que se buscaba, y mucho menos un proyecto transformador que se demandaba.

Las causas que motivan el voto del plebiscito de salida también se sitúan en relación con los incentivos y capacidad para actuar, y participar por igual en la gobernanza democrática. En relación a las condiciones de participación en la gobernanza democrática se puede decir que el modelo chileno alberga dos almas: la una en la izquierda y centroizquierda y la otra en la centroderecha y derecha parlamentaria; ambas reconocen la vigencia hegemónica del neoliberalismo. Ambas concuerdan en que todo aquello que trasgrede el neoliberalismo está descentrado del modelo chileno.

La fuerza de la derecha y centroderecha chilena reside en el celo ideológico con que defiende el neoliberalismo económico, su devoción por el integrismo católico y su capacidad de modelar una subcultura política para clientelar a los sectores populares.

Por su parte la izquierda y centroizquierda hace suya la defensa de la recuperación y consolidación de la democracia en Chile. Su capital electoral está en la defensa de los derechos humanos, la igualdad y una persistente ambivalencia en torno a la economía de mercado y el neoliberalismo.

En síntesis, una caracterización mínima del modelo chileno conlleva considerar la existencia de una estructura partidista centrada en la aplicación y administración del modelo neoliberal de los Chicago Boys. Esta estructura partidista favorece las alianzas malditas que adaptan la sostenibilidad institucional del modelo chileno. Desde allí, la mirada divergente de la clase política al texto constitucional.

El voto obligatorio puso actores desconocidos (85% participación electoral) a decidir en un contexto electoral donde la participación electoral no superaba el 50%. De acuerdo con diversos estudios internacionales sobre la participación electoral, al incrementar el patrón electoral los que se sienten obligados votan amplificando el voto contrario. Por otro lado, se ha destacado que una parte del voto del Rechazo proviene de aquellos que no leyeron el texto constitucional. Al respecto vale considerar el estudio del Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC) de la OCDE (2021), que concluye que Chile es uno de los países donde alrededor de un 53% de los adultos son analfabetos funcionales. Esto refiere a la incapacidad de emplear habilidades de lectura e incapacidad reflexiva en tareas cotidianas. Como comparación, el promedio de la OCDE es de 18%. Quizás nunca tendremos un análisis sobre el impacto del voto obligatorio y analfabetismo funcional en este plebiscito.

Terminado así este primer proceso constitucional, la tarea es diseñar un nuevo escenario y un segundo proceso constitucional. Diferentes personeros de la clase política han expresado que este proceso deberá ser gradual, sin saltos al vacío, con certidumbres y sin experimentos. Coinciden en destacar que los chilenos rechazaron enaltecer las historias desventajadas de los pueblos indígenas. A partir de allí hay que entender que el reconocimiento de los derechos de pueblos originarios queda en compás de espera.

Una mirada retrospectiva nos rememora que los ojos del mundo estaban puestos en Chile; en la prensa internacional se destacaba la relevancia del plebiscito de salida para el mundo democrático. Chile, transformado en un laboratorio democrático, redactaba la primera Constitución indígena, paritaria y ecologista del mundo. La expectativa era en torno a que se derribaba el último vestigio de la dictadura. No menos relevante era el hecho que por primera vez chilenos e indígenas iban juntos con el objetivo de cambiar las relaciones de poder.

Hasta octubre de 2019 las cámaras legislativas chilenas sistemáticamente bloquearon el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Desde allí que la hoja de ruta de los convencionales de los pueblos originarios era reconocimiento de derechos. Los convencionales indígenas operaron divididos, pero unidos en su objetivo, y fueron artífices de alianzas diversas y transversales. Lograron su cometido: instalaron los derechos indígenas en la (propuesta) nueva Constitución de Chile y su contribución pasa a ser histórica, al indianizar el proceso constitucional.

Los analistas ponderan el exitoso marketing emocional del Rechazo al demoler el argumento del Estado Plurinacional y Pluralismo Jurídico incorporando “falsos recuerdos”; y con ello insinuando que los pueblos indígenas son enemigos internos. Así como la afirmación sin argumentos sobre que los convencionales influidos por académicos del mundo indígena formularon un proyecto de sistema político inexistente.

El catálogo de perspectivas preconstituidas explica el voto al Rechazo, pero no explica el respaldo electoral al Apruebo, que se sintetiza en un 38% y que apoya un Estado de derecho que reconoce la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico y las autonomías territoriales para los pueblos originarios. Esto es un indicativo de que hay una vocación normativa para avanzar en una propuesta refundacional. Hablo de matices de filosofía política en la realidad política de nuestra época y en Chile, cuya existencia ni siquiera se sospechaba. Desde allí que es necesario asentir que son otras preguntas las que debemos hacernos.

En este nuevo escenario constitucional es el Senado y la Cámara de Diputados los que asumen la responsabilidad y tarea de iniciar un nuevo proceso constituyente.

Los partidos políticos de América Latina y en particular en Chile sufren un gran descrédito. La confianza y credibilidad depositada en ellos se encuentra en niveles muy bajos. Esta crisis de confianza y credibilidad institucional es de larga data. Los ciudadanos chilenos desaprueban la labor de los partidos políticos en materia de representación y por la opacidad de sus decisiones.

El malestar frente a las desigualdades es el malestar ante las diferencias en las dimensiones de la vida cotidiana. Estas se perciben como injustas porque, aparte de implicar ventajas para unos, se le representan como determinantes estructurales de la vida social y política. Por ser injustas en sus orígenes y moralmente ofensivas en sus consecuencias, hieren la convivencia humana. Ante este panorama, el dilema de la nueva Convención Constitucional es tener que elegir entre las grandes vertientes de la política que son el imperativo económico, la convivencia humana sin hegemonía de ninguna cultura y el cuidado de la Madre Tierra para las futuras generaciones.

Un nuevo proceso constituyente exige opciones definitorias para proteger y garantizar el significado de los derechos de los pueblos indígenas y la naturaleza. Está por verse si la nueva Convención Constitucional decide comenzar por el principio, o arrojarse al asunto con todas sus complicaciones. En este nuevo proceso constituyente se vislumbran para los pueblos originarios muchos caminos, pero pocas soluciones.