Test de drogas a diputados y cambios al uso recreacional de la marihuana prenden el debate
Nueva polémica se instaló en redes sociales tras la publicación de los resultados del test de drogas realizado a 75 diputados y diputadas en una movida semana política.
Controversia que se relaciona con la aprobación, en la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, de una indicación del proyecto de ley que busca mejorar la persecución del narcotráfico, el crimen organizado y despenalizar el consumo y autocultivo de cannabis sativa con fines recreativos.
Revisa en detalle la polémica:
Actualmente la iniciativa se encuentra en el segundo trámite constitucional en la Cámara Alta, y propone en uno de sus puntos más polémicos la “tenencia máxima de medio kilo de flor seca anual” (cogollo).
Desde redes sociales se sumaron a esta controversia, en la discusión política, críticas contra los parlamentarios Marisela Santibáñez (PC), Clara Sagardía (IND-FA) y Jorge Durán (RN), quienes no se sometieron al examen de drogas obligatorio dispuesto por el nuevo reglamento de control de consumo de drogas de la Cámara Baja dispuesto hace tres meses.
Reglamento que busca inhabilitar en futuras votaciones de temáticas de drogas a los congresistas que arrojen un examen positivo, pesquisa que no se replicará a los integrantes del Senado.
Críticas en redes sociales apuntan a una necesidad de transparentar quienes pudieran tener intereses creados en la venta y compra de esta droga blanda.
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Secreto a voces
Tras darse a conocer los 75 de los 78 resultados de parlamentarios examinados, Leonidas Romero, diputado del distrito 20 (IND-REP), denunció que el consumo de cannabis no fue considerado dentro de la inhabilitación por considerarse una droga blanda, como también lo son el alcohol y el tabaco.
“Ese punto no fue votado ni consultado, entonces es una decisión (y me hago responsable de lo que digo) entre la mesa de la Cámara y el secretario general de esta”, dijo.
Me tiene absolutamente molesto la letra chica del #TestDeDrogas realizado a algunos parlamentarios.
Las drogas blandas (alcohol, cigarro y marihuana) no fueron consideradas en el examen y muchos que habían reconocido el consumo de marihuana, hoy figuran como no consumidores. pic.twitter.com/OCRzPPcJI0— Leonidas Romero Sáez (@leoromerosaez) October 3, 2022
Romero lo dijo además a través de su cuenta de Tik Tok de 1.226 seguidores, desde donde enfatizó que la marihuana debe ser considerada una “droga no legal porque es el camino para pasar a otros consumos”.
Parlamentarios consumidores al momento de votar proyectos y normativas vinculadas a la temática, para él, debieran inhabilitarse.
“Pregunté a varios colegas y todos se extrañaron”, reiteró.
[caption id="attachment_780578" align="aligncenter" width="640"] Los diputados Felipe Camaño (i) y Francisco Pulgar (d) muestran sus resultados de test de drogas, durante la Sesión de la Cámara de Diputados.[/caption]
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Declaración que enciende más la controversia con los parlamentarios que públicamente declararon consumir marihuana de forma recreativa, pero que arrojaron negativo en el test aplicado entre el 22 y el 30 de agosto por el laboratorio de Análisis de Antidoping y Drogas de Abuso de la Universidad de Chile. Una visión que también generó críticas de internautas contra aquellos parlamentarios que no se realizaron dicho examen, y que, por ello, deberán concurrir a la Comisión de Ética.
Especialmente en Twitter, las publicaciones apoyan la posición de Romero y apelan a que los congresistas que den positivo y que abiertamente reconocen el consumo de marihuana, se abstengan de votaciones futuras.
Críticas que se contraponen al proyecto tramitado en el Senado para modificar el artículo 4 de la Ley 20.000 que tiene como objetivo despenalizar el consumo recreativo y entregar mayores libertades al autocultivo de las personas.
De ser considerada esta tesis de que los parlamentarios consumidores no puedan votar en ninguna ley vinculada a la problemática, al menos diez diputados debieran inhabilitarse, según dijo el diputado Romero.
Escenario que significaría que al menos 6,9 % de la Cámara de Diputados no podría votar este tipo de proyectos.