Si no escuchas sobre nosotras, queremos que sepas que el gobierno cortó el internet para que no podamos enviar nuestra voz al mundo, fue el mensaje que recibí de parte de una joven iraní el pasado 22 de septiembre vía Instagram, mientras me encontraba trabajando en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

En medio de una jornada de revueltas que se ha extendido por más de 3 semanas, derivadas del arresto, tortura y asesinato de la joven de 22 años Mahsa Amini, a manos de la policía de la moral en Irán por “no vestir correctamente el hiyab”. Amini fue declarada muerta el 16 de septiembre luego de un coma producto de una brutal golpiza efectuada durante su arresto, lo que motivó enfrentamientos civiles con la policía a lo largo de todo el país, quema masiva de velos y llamado a la caída de la República Islámica.

Las fuerzas de seguridad en Irán han usado garrotes, perdigones, gas lacrimógeno y cañones de agua para reprimir las protestas y, según el grupo Iran Human Rights (con sede en Noruega), estos enfrentamientos han desembocado en la muerte de al menos 92 manifestantes hasta ahora y centenares más han resultado heridos. Pero, además, la represión de las fuerzas de seguridad iraníes ha traspasado las calles y se ha trasladado también a la esfera digital.

La represión digital —tales como censura y/o manipulación de los medios de comunicación, cortes de luz, restricciones de acceso a internet y redes sociales, y espionaje o vigilancia de la actividad virtual— es un método habitual para sofocar el libre flujo de información en momentos políticamente delicados, que restringe la libertad de expresión de las personas y socava nuestra forma de ejercer la democracia en pleno periodo de transformación digital.

El gobierno iraní ha efectuado un corte de internet masivo y prolongado a lo largo del territorio, que duró desde el 22 de septiembre al 3 de octubre, y que ahora se ha levantado sólo durante el horario laboral (cuando hay baja posibilidad de protestas), pero que se mantiene de manera intermitente: dependiendo del día, la conexión a Internet se puede desconectar de 5:00 p. m. a 9:00 p. m. A su vez, las redes sociales como Instagram y WhatsApp están censuradas y constantemente vigiladas, por lo que las personas están utilizando VPNs (proveedores de redes privadas virtuales) para poder hacer uso de estas aplicaciones.

Sin acceso a internet o con internet lento, es muy difícil comunicar en qué lugares se están realizando las protestas, coordinar nuevos grupos de manifestación y no es posible enviar material audiovisual de respaldo sobre la represión de las autoridades (fotografías, vídeos, audios) a puntos de prensa para su denuncia nacional o internacional.

El gobierno de Irán se esfuerza mucho por normalizar todo para decepcionar a la gente (respecto al alcance de la revuelta), están arrestando a los reporteros, activistas, etc., para silenciar su voz y, al mismo tiempo, están tratando de mostrar que la vida transcurre con normalidad y que nunca ha pasado nada: a algunos blogueros incluso se les paga por mostrar su vida normal a sus seguidores para que la mayoría de la gente piense que las protestas han terminado, menciona una chica iraní que solicita que su identidad se mantenga anónima por razones de seguridad.

Ya en 2016, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se pronunció respecto al surgimiento de medidas de represión digital y declaró que las medidas intencionales para evitar o interrumpir el acceso o la diseminación de información en línea constituye una violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos.

La Cuarta Revolución Industrial está protagonizada por una constante transformación social y económica hacia los ecosistemas digitales y, de esta forma, herramientas como las redes sociales se han vuelto primordiales en el ejercicio de las libertades civiles y políticas, por lo que las disrupciones arbitrarias de los sistemas de tecnología de la información y la comunicación (TIC), como la censura y represión digital efectuada por el gobierno iraní, son una violación grave a los derechos humanos y una amenaza directa al funcionamiento de la democracia.

Los derechos digitales hacen referencia al derecho de las personas a acceder y ejercer libremente sus derechos humanos en el ciberespacio: los derechos digitales son derechos humanos y es deber de los estados protegerlos y resguardarlos.