Pese a la oposición de más de 560 organizaciones sociales y políticas, representativas de amplios y diversos sectores de nuestro país, el “Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico”, o “TPP-11”, ha conseguido avanzar y con mucha fuerza en el Senado de Chile (una de las instituciones con mayor desprestigio y desconfianza de la ciudadanía). De hecho, los sectores más conservadores del país han logrado forzar su votación para este miércoles 28 de septiembre.

Si el TPP-11 es aprobado en el Senado, se transformará en uno de los golpes más duros a la coalición que llegó al gobierno mediante el voto democrático de más de 4,5 millones de chilenos y chilenas, pues estaríamos cediendo ante uno de los tratados económicos más dañinos para la soberanía y desarrollo de Chile.

Organizaciones ecologistas, sindicales, campesinas y de otros espacios de nuestra sociedad están solicitando que no se prosiga la tramitación de este tratado, pues el TPP-11 lesiona seriamente la soberanía nacional en favor de las empresas transnacionales que tendrían capacidad de demandar al Estado de Chile por cualquier modificación de condiciones que pudieran afectar su expectativa de ganancia declarada, hipotecando seriamente la posibilidad de un cambio en la matriz productiva como la que se ha propuesto nuestro gobierno, que aspira a alejarnos del modelo primario exportador y extractivita impuesto por la dictadura y profundizado por las antiguas administraciones concertacionistas.

Es más, durante el gobierno de Sebastián Piñera todas las y los diputados de Apruebo Dignidad votaron en contra de este mismo tratado. Por lo tanto, no se entiende que hoy muchas de ellas y ellos -estando en nuevos espacios de representación- tengan un cambio de parecer tan radical respecto del mismo tratado.

Ahora bien, lo que suceda finalmente con el TPP-11 será de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República, ya que es el único que tiene las atribuciones legales para detener el proceso de ratificación. Él puede retirar, hoy mismo, el proyecto del Senado para que este no sea votado.

Que el Presidente lo haga sería un gesto importante, considerando que aún estamos en medio de un proceso constituyente que aspira, por mandato popular, a cambiar significativamente las reglas del juego que durante décadas han favorecido exclusivamente a los intereses de las empresas nacionales y extranjeras, en desmedro de la clase trabajadora, del bien común y del adecuado equilibrio con la naturaleza al que aspiran la mayoría de las y los chilenos que votamos por este gobierno.

Vale la pena recordar que, según los propios estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile, el tratado no promueve la industrialización del país ni reduce significativamente exportaciones. Tampoco está demostrado que aumente significativamente el PIB de nuestra economía y, por lo tanto, solo obstaculiza el desarrollo de Chile al limitar o al menos dificultar y encarecer significativamente cualquier avance hacia garantizar por parte del Estado nuevos derechos sociales y proteger, por ejemplo, la naturaleza, hoy no contemplados en nuestra legislación.

Como si lo anterior fuera poco, su aprobación sería un giro definitivo en el Programa de Gobierno, ya que se superpondrían los intereses y posiciones de la segunda coalición que entró a formar parte del gobierno después de su elección, con un claro sello pro globalización neoliberal que fue el que caracterizó a los gobiernos que protagonizaron los años que nos llevaron al octubre chileno.

Adicionalmente, la aprobación del tratado transformará a las empresas nacionales en empresas de segunda categoría, pues tendrán menos garantías que las inversiones extranjeras ante posibles cambios legales que busquen emparejar la cancha entre trabajadores y empresarios o para proteger la naturaleza, ya que las empresas nacionales tendrán que adaptarse a los nuevos escenarios, mientras las inversiones extranjeras podrán demandar al Estado por las pérdidas sobre las expectativas de ganancia que las nuevas políticas y leyes puedan generar.

Evidentemente que su aprobación será un triunfo bastante importante para los influyentes lobbystas de empresas transnacionales, quienes, como siempre, cuentan con importantes aliados entra las y los políticos que han facilitado la gestión de intereses privados sobre nuestros recursos estratégicos durante los últimos 30 años. ¿O acaso no llama la atención que quienes han promovido esta acelerada aprobación sea el consenso neoliberal del así llamado socialismo democrático junto a la derecha, ungidos por el empresariado como los máximos defensores del status quo, que se expresará con mayor nitidez en la discusión sobre lo que ellos mismos han llamado “los bordes” de la discusión constitucional de cara a la continuidad del proceso?

En este escenario, hoy más que nunca se hace imprescindible el protagonismo de las comunidades y los territorios de Chile para detener la discusión del TPP-11, por una parte, y para asegurar que el proceso destituyente y constituyente que se inició en octubre de 2019 siga adelante, pero con más democracia y no con menos, como algunos sectores pretenden, de manera de avanzar en un nuevo modelo de desarrollo, que entregue soluciones a las problemáticas económicas, sociales y principalmente redistributivas de una sociedad que se ha revelado como una de las más desiguales, injustas y depredadoras de la actualidad.

Aprobar el TPP-11, sin duda, nos mueve exactamente en la dirección contraria. No olvidar que nuestra coalición realizó importantes promesas electorales para constituirnos en gobierno y avanzar hacia un Chile más justo sobre la base de un programa transformador. No nos permitamos defraudar a quienes creyeron en la esperanza de un Chile mejor.