Fiscal judicial recomienda reabrir causa contra los Ponce Lerou por privatización de SQM
La causa por el proceso de privatización de Soquimich (SQM) podría reabrirse como consecuencia de la recomendación que hizo el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Norambuena.
De acuerdo a lo que informa Radio BioBío este martes, a través de un documento, Norambuena sugirió reabrir la investigación contra los hermanos Luis Eugenio y Julio Ponce Lerou.
La privatización de SQM se realizó en el marco de la implementación del programa de “capitalismo popular” de la dictadura, la cual tenía como compromiso “hacer de los trabajadores propietarios y no proletarios”.
Transcurridos los años, específicamente en el año 2016 alrededor de 1.400 extrabajadores de la minera se querellaron contra los hermanos Lerou por los delitos de estafa y apropiación indebida de acciones de la Pampa Calichera que les entregaron en 1985 a cambio de beneficios laborales. Y en el detalle, los querellantes denuncian que los hechos fueron cometidos por agentes del Estado de Chile en plena dictadura.
[Te puede interesar] Caso SQM: Pablo Longueira ofrece presentar a Ricardo Lagos para que testifique a su favor
Posteriormente, de acuerdo con los querellantes, se violaron de manera generalizada y sistemática los derechos humanos de los trabajadores de compañía y de todos los chilenos, mediante maniobras en la apropiación indebida de bienes fiscales, por lo que los ilícitos deben ser calificados como delitos de lesa humanidad.
Cabe recordar que el 34 Juzgado del Crimen de Santiago, declaró extinguida la responsabilidad penal de los denunciados Luis Eugenio y Julio César Ponce Lerou “por prescripción de la acción penal".
Paralelamente, la causa llegó a la Quinta Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde su fiscal judicial, Jorge Norambuena, consideró relevante reabrir la investigación.
Entre los argumentos entregados, se alude a que está justificada la existencia de los ilícitos de estafa y apropiación indebida, lo que se suma a la aparición de presunciones fundadas para estimar que los inculpados han estado involucrados en los delitos en calidad de autores.
El caso
Los hechos se circunscriben al año 1983, cuando Corfo oficializó una resolución a través de la que se facultó la venta de hasta 30% de las empresas del Estado, incluyendo a SQM.
Ese año, la compañía pasó a convertirse en sociedad anónima ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), inscribiéndose en el registro de valores de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Julio Ponce Lerou era presidente de SQM y paralelamente, gerente general de Corfo cuando se materializaron estas modificaciones.
Otra arista
SQM también ha estado en el ojo del huracán por el escándalo de financiamiento ilegal de la política que se acerca a su etapa procesal final, el juicio oral.
De acuerdo a lo desarrollado en la investigación, que estalló en 2015 como una derivada del caso Penta, la minera no metálica pagó a diversos políticos de la época, tanto de la derecha como de izquierda, a través de un mecanismo de entrega de boletas ideológicamente falsas.
Por este caso, la Fiscalía presentó 14.609 documentos, 651 testigos y 52 peritos como pruebas, y entre quienes esperan el juicio oral se encuentra el ex candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira.
En tanto, otro de los imputados es el histórico gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, lleva casi siete años de la medida cautelar de arresto domiciliario.
En el juicio oral a ellos se suman Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, Marisol Cavieres, Carmen Valdivieso, Marcelo Rozas y Roberto León.
