Daniela Dresdner, delegada del Biobío: Con Piñera “se querellaban por cualquier cosa”
Daniela Dresdner, socióloga, 37 años, tiene en sus manos uno de los “fierros calientes” de la administración Boric: la delegación presidencial del Biobío, que tiene bajo su órbita la provincia de Arauco, una de las “zonas rojas” del conflicto mapuche.
La funcionaria se desplegó en Santiago con una intensa agenda, con reuniones con distintos ministerios (Transportes, Telecomunicaciones, Obras Públicas, Hacienda y Desarrollo Social) para afinar detalles del programa “Buen Vivir” que el Gobierno busca implementar en la provincia y el combate al crimen organizado que impera en la zona.
En entrevista con El Desconcierto, la delegada asegura que “hubo un abandono del Estado en la provincia” y la meta inmediata es recuperar los territorios. “Yo diría que este conflicto es del país completo y para solucionarlo vamos a necesitar al Estado completo”, recalca.
-Se habla que la provincia de Arauco como una zona de rezago y el objetivo es convertirla en una zona de desarrollo. ¿Ese el foco que para enfrentar el conflicto en la provincia?
Sí, la provincia de Arauco ya estaba considerada como una zona de rezago. Lo que hemos hecho es reanudar ese proceso, porque se terminaba ahora, y no queremos llamarle zona de rezago, queremos cambiarlo por zona de desarrollo, porque debemos cambiar el foco bajo el que funcionan este tipo de iniciativas. La idea de esta iniciativa (zona de rezago) debe ser desarrollar a las distintas comunas y salir de ese proceso y hacer un seguimiento y mirar esto de manera distinta.
-¿Hay un abandono del Estado hacia la provincia de Arauco?
Ese es el diagnóstico que hacemos. Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta del gran atraso que había en proyectos, en infraestructura y en inversión. Existe un gran retraso en inversión en la zona y, además, el Estado se retiró de su presencia real del territorio y también de algunos sectores de la provincia del Biobío y eso generó una sensación de abandono que es concreta y real. Además, no cuentas con los servicios, no tienes la presencia y no puedes llegar al Estado y a las distintas instituciones de ninguna manera si vives en esa zona. Eso es lo que constatamos inmediatamente para revertir. Entonces, la zona de desarrollo quiere decir que es mayor presencia, que todos los servicios estén funcionando. Reconectar y hacer los caminos. Poder entregar conexiones de agua, de comunicaciones, electricidad, vivienda, salud y educación, aspectos que están efectivamente muy atrasados en esa zona y que producen una situación de riesgo.
- La lógica del gobierno sería: más presencia del Estado igual a más seguridad y más inversión...
Sí. Lo que hemos hecho como estrategia para el conflicto que tenemos ahí tiene dos grandes líneas: una, tiene que ver con el “Plan Buen Vivir”, que busca aumentar la inversión de manera rápida. No se puede llegar con soluciones en el corto plazo. Esto consiste en poner todo el poder del Estado y el gobierno en poder desbloquear los problemas que existan y poder avanzar con las soluciones concretas. Para esto está el Comité Interministerial, un seguimiento a través de Desarrollo Social de todos los proyectos y, además, con la restitución de tierras, porque existe un conflicto intercultural y debemos hacernos cargo de eso. También debemos añadir la situación de los parlamentos. Es necesario generar un nuevo acuerdo entre el Estado y los pueblos originarios y eso es urgente.
Pero la otra línea que debemos abordar es la del crimen organizado. No hay manera de hacer “vista gorda”, porque en este sector se han instalado instituciones de crimen organizado que son derechamente delictuales y que están aprovechando esta ausencia del Estado para instalar sus “redes” y que ya han tomado esta zona. Esto hay que combatirlo directamente y es lo que estamos haciendo. Para ello reforzamos las capacidades de las policías, pero también se debe mejorar la labor de inteligencia, contar con modificaciones legales para perseguir de manera efectiva el crimen organizado y desbaratar las redes. No sacamos nada con atacar al individuo si no estamos desbaratando las redes y para eso necesitamos herramientas que actualmente no tenemos.
- ¿Qué herramientas en concreto?
Legislativas, de persecución al crimen organizado. Existen algunas herramientas asociadas a la Ley 20.000, pero no existe una figura que sea general para perseguir a estas organizaciones. Actualmente existen, pero están muy desactualizadas en la ley y para eso se requiere una nueva. También requerimos herramientas para labores de inteligencia. Tenemos que avanzar en tener una mejor inteligencia que nos permita enfocar concretamente dónde están los “nudos críticos” y poder desacomodarlos con el fin de atrapar estas redes.
-¿Hubo un “dejar hacer” en la administración anterior?
Yo diría que esto es algo que se viene prolongando por bastante tiempo y evidentemente con la pandemia y el estallido social se incrementó. Durante el gobierno anterior hubo un abandono concreto al punto de ni siquiera estar en el lugar: los servicios no funcionaban, las antenas rotas no se reparaban. Ahí existe un abandono que es real y es lo que hemos estado combatiendo desde que llegamos. La presencia del Estado es sinónimo de que los seremis, los directores de servicios y yo misma estemos allá lo más frecuentemente y dialogar con los gobiernos municipales y las comunidades para revertir esta situación.
-¿Y las facultades que tiene usted son suficientes para abordar esta situación?
Este conflicto es del país completo y para solucionarlo vamos a necesitar al Estado completo. Deben estar los municipios, los gobiernos regionales, delegaciones, así como todos los ministerios y el gobierno central para poder resolverlo. Este es un problema extremadamente complejo y -recalco esto- porque de alguna forma se trata de “simplificar” el problema incluso caricaturizando a personas de “terroristas” y calificando acciones de “montajes” y no es eso. Es un conflicto realmente complejo donde hay delitos potentes y redes criminales, a la vez que también se producen delitos comunes como en todas las ciudades.
Además, hay un conflicto intercultural profundo que se arrastra hace décadas en el cual no se ha resuelto el tema de fondo. El tema de fondo es que hay que hacer un nuevo acuerdo con los pueblos originarios y el Estado, en el que existan las mismas condiciones, que sea horizontal y en el que realmente los pueblos puedan confiar. Hay que entrar a entregar las tierras, que de alguna manera fueron quitadas, entregar los derechos, que de alguna forma ellos vieron vulnerados durante todo este proceso y hay que avanzar en Comisiones de Verdad, hay que avanzar en Constitución, reparación y en todo lo que se necesita para lograr este nuevo acuerdo.
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La delegada presidencial, Daniela Dresdner, en una actividad en la región[/caption]
La estrategia de las querellas
-Un camino que ha tomado el gobierno es el de la querellas. Se anunció recientemente la ampliación de la querella contra Héctor Llaitul, el líder de la CAM. ¿Qué sucede con ese tema en la provincia de Arauco?
Hay que ser muy claros respecto a este tema. Cuando se cometen hechos violentos o delictuales y que afectan a la ciudadanía, se vulnera no solo la ley, sino que también los derechos de las personas que residen en la zona y esto es algo que de todas manera debemos perseguir. Ese es de alguna forma el camino que estamos siguiendo, debemos garantizarle un entorno seguro para que las personas que están en ese lugar habiten y al mismo tiempo logremos resolver los conflictos interculturales que se arrastran de décadas y que no se han resuelto. Por ello el Estado debe hacerse cargo de esto, de la historia que hemos vivido con los pueblos originarios y ser parte de lo que estamos haciendo.
-Pero la ciudadanía tiene la idea de que cuando se anuncian querellas es una acción más comunicacional que efectiva...
La lógica de esta gestión no ha sido la misma que la de la predecesora. En el gobierno anterior se querellaban por cualquier cosa y a la larga (estas querellas) terminan acumuladas y no avanzan, algunas no tienen pruebas ni bases. La lógica de este gobierno ha sido elegir las querellas en las causas que vamos a poder seguir. Si nos fijamos en el número de querellas van a ser menores respecto a la administración anterior, porque estamos haciendo un esfuerzo para que realmente llegue la Justicia a esos territorios. Esto es algo que va de la mano con el “Plan Buen Vivir” que es un apoyo al combate contra el crimen organizado, que son herramientas que necesitamos.
Comercio ambulante en Concepción
-Con respecto al comercio ambulante en Concepción, ¿cuál ha sido la receta en esta estrategia?
La seguridad abarca toda la región y no solo la zona de conflicto. Lo vemos en todas las ciudades, ha aumentado mucho la violencia y la gente percibe la inseguridad de manera cercana y aquí hay un plan para el del comercio ambulante ilegal que ha sido extremadamente eficiente para combatir los delitos concretos que se cometían en el centro de Concepción y en la recuperación de la ciudad. Cuando al fin pudimos salir tras la pandemia, de alguna forma quienes ocuparon los espacios fueron otros. Lo que a nosotros nos compete es recuperarlos y devolvérselos a la ciudadanía.
El plan del comercio ambulante justamente lo que ha logrado es eso: pudimos despejar el centro de Concepción y la gente ha vuelto a transitar por ese sector, los comerciantes formales han abierto sus negocios y han podido prolongar sus horarios de atención, lo que ha generado seguridad real, porque han bajado los delitos. Ha sido muy beneficioso y eficiente en hacer esto que impulsamos. La receta es coordinación entre todas las distintas instancias y los servicios. Esto queremos reproducirlo en otras comunas de la región.
