El primer ministro británico, Boris Johnson, recurrirá esta semana a dos asuntos muy polarizantes, el Protocolo de Irlanda del Norte y la llegada de inmigrantes en patera, para pasar página de la rebelión de sus propios diputados que casi le cuesta el cargo.

En política una semana equivale a un año de vida. No han pasado ni siete días desde que, el lunes, un 41% de sus compañeros conservadores en el Parlamento votaron por sacar a Johnson de Downing Street, lo que dejó al primer ministro malherido.

Tras su victoria pírrica, el Ejecutivo trata de recuperar la iniciativa al poner el foco en dos cuestiones -Irlanda del Norte y la inmigración- que dividen al país, pero cohesionan a sus votantes conservadores.

Además, obligan a los diputados rebeldes que votaron frente a Johnson a posicionarse y cerrar filas con el gobierno.

Una ley con potencial devastador

El Ejecutivo llevará este lunes a la Cámara de los Comunes (baja) la legislación que permitiría anular de manera unilateral partes del Protocolo para Irlanda del Norte acordado con la Unión Europea como parte del Brexit.

Junto al proyecto de ley se publicará la opinión jurídica de sus asesores que, a juicio de Downing Street, confirma la legalidad de su acción.

El ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, reiteró hoy en una entrevista en el canal Sky News, que la ruptura unilateral de partes del protocolo no supondría una violación del derecho internacional.

"La legislación aporta claridad. Queremos arreglar los problemas causados por el protocolo. Hemos visto una falta de flexibilidad en la Unión Europea, lo que propone Bruselas nos haría retroceder", señaló Lewis.

Para el ministro el proyecto de ley que será debatido durante semanas en el Parlamento, trata de salvaguardar el Acuerdo de Viernes Santo, que en 1998 llevó la paz a Irlanda del Norte.

El protocolo establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario para bienes, por lo que las mercancías que cruzan entre la isla de Gran Bretaña y ese territorio han de pasar controles aduaneros para así asegurar que la frontera entre las dos Irlandas continúa siendo invisible.

"Siempre priorizaremos el Acuerdo de Viernes Santo sobre cualquier otra cosa. Los abogados del gobierno han sido muy claros con que estamos trabajando dentro de la ley", dijo Lewis.

La visión no puede ser más opuesta desde la óptica de los nacionalistas irlandeses.

La presidenta del Sinn Féin -que fue el partido más votado en las últimas elecciones en Irlanda del Norte-, Mary Lou McDonald, consideró hoy que precisamente es el acuerdo de paz lo que se ve socavado por los planes de Londres.

"Irlanda no será el daño colateral en los juegos de poder del partido conservador", dijo McDonald, también en Sky News.

Para la dirigente del ex brazo político del grupo terrorista IRA, la economía norirlandesa "está fuerte y está creciendo", por lo que, aunque la aplicación del protocolo puede mejorarse, el plan de Johnson solo serviría para romper la ley internacional y fragilizar la paz.

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Deportaciones en la mira

Y si la legislación sobre Irlanda del Norte se enfrentará con seguridad al escrutinio de los jueces, también lo hará otra de las medidas estrella de Johnson: la deportación a Ruanda de los demandantes de asilo que entren en el país por vías ilegales, principalmente en barca a través del Canal de la Mancha.

Este lunes una corte de apelación revisará el recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Londres de dar luz verde al primer vuelo a Ruanda con demandantes de asilo, previsto para el martes.

Si se confirma el fallo, 31 solicitantes de refugio saldrán con destino a Ruanda, algo que ha sido criticado incluso por el heredero de la Corona, el príncipe Carlos, según fuentes cercanas a él citadas por la prensa inglesa.

El principal sindicato de funcionarios, el PCS, que ha tomado medidas legales, confía en que la justicia paralice mañana la expulsión.

"Deberíamos dar la bienvenida a esa gente a este país, el hecho de que lleguen en barcas muestra lo desesperados que están (...) Creemos que en julio, en línea con lo que dijo ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), se demostrará la ilegalidad de este plan", dijo el secretario general del sindicato, Mark Serwotka.

El gobierno, que sabe de la popularidad de la medida entre sus bases, confía en que el vuelo despegue el martes y el acuerdo con Ruanda para acoger a esos demandantes de asilo salga adelante.

Según Lewis, Downing Street va a "asegurarse de que las redes criminales no puedan hacer lo que quieran.

"Esta medida conseguirá que la esclavitud moderna y los traficantes de personas no se salgan con la suya", agregó el ministro.