La diputada frenteamplista Lorena Fries salió a responder las acusaciones sobre el presunto ocultamiento de casi 6 mil testimonios de conscriptos del Ejército que denunciaron abusos durante la dictadura y detallaban crímenes cometidos contra civiles que debieron detener, custodiar y fusilar.

Según un reportaje de La Red, entre julio de 2017 y agosto de 2018, unos 12 mil exconscriptos entregaron estos antecedentes. Sin embargo, de acuerdo al mismo medio, mientras Fries era subsecretaria de DD.HH. en esa época, hubo 5.988 relatos que no fueron entregados ni a abogados del programa de Derechos Humanos ni a los tribunales que investigan causas de crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Dichos documentos -según el reportaje- se encontraban apilados en una bodega de la repartición.

Finalmente, y una vez conocida la denuncia, la actual subsecretaria, Haydee Oberreuter, entregó estos documentos a la justicia el pasado 27 de mayo. El ministro en visita en causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, valoró el hecho y aseguró que dichos testimonios "habrían aportado, en algunos casos, antecedentes acerca de la comisión de delitos respecto de los cuales pueden haber causas abiertas".

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La respuesta de Lorena Fries

Desde el equipo de Lorena Fries enviaron a El Desconcierto una declaración pública donde entrega sus descargos ante estas acusaciones.

En ella, detalla que durante su gestión se elaboró un informe que estableció "la necesidad de iniciar el estudio en profundidad y caso a caso, de la totalidad de los antecedentes recibidos".

La diputada subraya que dicho informe "nunca fue un documento secreto ni oculto" y fue entregado a distintas asociaciones de conscriptos. El texto también llegó a manos de las autoridades que asumieron durante la administración de Sebastián Piñera, "confiando erróneamente en que se avanzaría en la revisión de los casos restantes".

En ese contexto, Fries busca "aclarar que lo que se me ha imputado es falso". Puedes revisar su declaración pública de manera íntegra a continuación:

El día 24 de mayo de este año, el periodista Luis Narváez, publicó en el sitio web de La Red un reportaje que tituló “El archivo oculto de la Subsecretaria de Derechos Humanos”, donde se me realizan graves acusaciones. Al respecto quiero señalar lo siguiente:

1. Las demandas económicas y de reconocimiento como víctimas de violaciones a derechos humanos de las asociaciones de ex conscriptos de Chile son de larga data y sólo a inicios de la década de 2000, comenzaron a ser consideradas. Su realidad es muy compleja y ha sido rehuida incluso por asociaciones de derechos humanos por tratarse en un conjunto de ellos, de casos de victimarios que actuaron en su calidad de agentes del Estado, llegando a ser acusados por no expresar una clara voluntad de entregar información que permitiese esclarecer los casos de violaciones a los derechos humanos de muchas víctimas cuyos familiares aún esperan verdad y justicia. 

2. Tras la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, durante el mes de julio de 2017 el Ministerio del Interior solicitó a esta repartición hacerse cargo de los requerimientos de las agrupaciones de exconscriptos sobre el periodo de cumplimiento del servicio militar obligatorio durante la dictadura militar. A partir de ello, y de manera inmediata, creamos una Mesa intersectorial para conocer en detalle sus demandas, instancia en la que participaron representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio del Interior. Se realizaron un total de 6 reuniones entre julio y diciembre.

3. En la 4ta sesión de la mesa, en octubre de 2017, se acordó iniciar un trabajo preliminar consistente en recabar las experiencias de los ex conscriptos a través de sus testimonios escritos sobre abusos, violencias y violación a sus derechos humanos. Hasta el 20 de diciembre de 2017 se recibieron un total de 5.989 nuevas carpetas, las que fueron analizadas por dos funcionarios del gabinete con dedicación exclusiva, quienes en un plazo de un mes y medio elaboraron un Informe en base a la revisión de 200 casos, dentro de los que, algunos aportan relatos generales, sin fechas, detalles y/o nombres sobre su participación en las graves violaciones a los derechos humanos. Debido a la proximidad del cambio de autoridades de Gobierno, se incluyó dentro de las conclusiones, la necesidad de iniciar el estudio en profundidad y caso a caso, de la totalidad de los antecedentes recibidos por la Subsecretaría hasta esa fecha.  

4. Quisiera detenerme y puntualizar que la labor de tratamiento de la información en el ámbito de trabajo en derechos humanos considera diferentes fases, siendo fundamental la preservación de esta para su utilidad como testimonio en base al principio de protección y salvaguarda de los archivos. En ese marco, un proceso de análisis profundo y acabado implicaba la recepción, organización, gestión y registro de dicho material. Debido a que contábamos con sólo dos meses y al ser un trabajo exploratorio, pudimos analizar una pequeña muestra de carpetas. La totalidad de la información recibida fue debidamente resguardada en la bóveda de la Subsecretaría de Derechos Humanos, lo que posibilitó que dichos antecedentes, al presente estén en muy buen estado de conservación. 

5. A su vez, quisiera destacar que el Informe citado, nunca fue un documento secreto ni oculto. De hecho, fue entregado el 8 de marzo de 2018 a todas las asociaciones de conscriptos que participaron del proceso, quienes en el mes de mayo del mismo año acompañaron el Informe como antecedente a su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, como consta en el acta de la sesión.

6. Del mismo modo, durante el proceso de traspaso entregamos el Informe a las nuevas autoridades de la época, confiando erróneamente en que se avanzaría en la revisión de los casos restantes, considerando el principio de continuidad de la función pública y la proximidad y conocimiento del Gobierno entrante con el trabajo de las agrupaciones y sus gestiones ante diversas autoridades. A mayor abundamiento, el nuevo Ministro de Justicia y de Derechos Humanos, en su calidad de Senador, ya en el año 2012 solicitaba a su gobierno “dar atención inmediata a la agrupación de ex soldados conscriptos”, manifestando además, “la importancia de abrir las puertas para buscar alternativas de solución para sus demandas”, enfatizando que “el Presidente se comprometió a aquello durante su campaña”. Dos años después afirmó públicamente que “hemos hecho nuestra esta causa y como hasta la fecha no tenemos un proyecto de ley que resuelva esta deuda que se tiene con los ex conscriptos, hemos retomado las conversaciones”.

7. Con estas breves palabras busco aclarar que lo que se me ha imputado es falso. He trabajado por la defensa y promoción de los derechos humanos durante 40 años, mi trayectoria lo avala. Inicié la primera investigación sobre la violencia sexual como tortura durante la dictadura; entregué al programa de derechos humanos las fichas sobre Colonia Dignidad; promoví, sin éxito el levantamiento del secreto de los 50 años de la comisión Valech y al no lograrlo entregué al Juez Sergio Muñoz el conjunto de antecedentes; envié al Ministro Carroza, a través de la Ministra de Justicia, los archivos encontrados en las bodegas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con las fichas de los Consejos de Guerra, entre otras acciones que permitiesen contribuir a romper los pactos de silencio que hasta el día de hoy existen y que obstaculizan la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares. 

Lorena Fries

Diputada, integrante de la Comisión de Derechos Humanos