Hoy se vota en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y Diputadas un proyecto tremendamente importante para garantizar la protección y cuidado de nuestro medioambiente: hablamos del Acuerdo de Escazú.

Fruto de seis años de negociaciones lideradas conjuntamente por los Estados de Chile y Costa Rica, Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que protege a las y los defensores del medioambiente. Su objetivo es luchar contra las injusticias y las desigualdades ambientales, para lo cual garantiza cuatro derechos fundamentales para todas las personas.

El primero de estos es el de acceso a la información. El Acuerdo de Escazú garantiza que todas las personas podamos acceder a información ambiental en un lenguaje claro y accesible para saber cuestiones básicas e indispensables para nuestro día a día, como, por ejemplo, cuál es la calidad del agua que estamos tomando o del aire que estamos respirando.

El segundo derecho que garantiza es el de participar de los procesos de toma de decisiones que impacten en nuestro medioambiente. ¿Sabías que actualmente en Chile sólo el 5% de los proyectos que producen impactos en nuestro medioambiente cuentan con un proceso de participación ciudadana obligatoria? Eso no puede ser. Adherir a Escazú significa avanzar también hacia la existencia de una mayor y mejor democracia ambiental en nuestro país.

El tercer derecho que garantiza el Tratado, y probablemente el más básico, es el de que las y los defensores ambientales puedan vivir, reunirse pacíficamente y contar con mecanismos efectivos para su protección en caso de recibir amenazas o ataques por su labor. Lamentablemente, cada vez más las personas que alzan sus voces por la defensa del medioambiente se encuentran expuestas a recibir intimidaciones y amedrentamientos. En este sentido, adherir a Escazú implica proteger a quienes nos defienden, una cuestión tan urgente como necesaria.

Y el último, pero no menos importante, es el derecho de acceder a la justicia. Esto en igualdad de condiciones y oportunidades que nuestra contraparte, teniendo un conocimiento acabado sobre cuáles son nuestros derechos en materia ambiental y cómo ejercerlos.

Por todo ello es indispensable que la comisión apruebe el proyecto de acuerdo que permitirá que Chile forme parte oficialmente del Tratado de Escazú.