Como ex representante del Presidente Allende en el Comité Ejecutivo de Codelco, y ex gerente general de Codelco, institución que estuvo a cargo de administrar las empresas de la Gran Minería Nacionalizadas (Chuquicamata, El Salvador, El Teniente y Minera Andina), escribo esta carta, en momentos que pasarán a la historia de nuestro país.

En el Mensaje del Presidente Allende, de diciembre de 1970, que acompañó la Propuesta de Nacionalización del Cobre, Allende afirmó: “Al presentar al Congreso Nacional esta Reforma Constitucional, estamos afirmando que no estamos dispuestos a tolerar más esta situación y de ahora en adelante en nuestra propia Carta Fundamental, quedará establecida nuestra decisión de que las riquezas chilenas sean de los chilenos y para  los chilenos, que basados en ella construirán una nueva vida y una nueva sociedad…”. Allende agrega: “La importancia que para la existencia libre, independiente y soberana del país tiene esta nacionalización, exige que ella sea solemnizada con la adopción de una decisión al más alto nivel jurídico concebible, aquel nivel en que es el propio soberano, el pueblo, actuando como Poder Constituyente, quien expresa su voluntad. Así, queremos enfatizar, poner de relieve, en los planos nacional e internacional, que tenemos clara conciencia de lo que la nacionalización significa y, si el nacimiento de la Independencia política está marcada por una Carta Fundamental, creemos indispensable que el nacimiento de Chile a la Independencia económica sea también registrado en la Constitución”.

Allende le asignó un rol fundamental a la Resolución de Naciones Unidas 1.803, Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales (1962): “El derecho de los pueblos y de las naciones, a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado (…). La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la cooperación internacional y a la preservación de la paz”.

El 11 de julio de 1971 se aprobó la Reforma Constitucional que nacionalizó el cobre y fue aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional, que afirma categóricamente: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Allende ese mismo día, en su discurso al país, desde Rancagua afirmó: “Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política. Por eso, nada más significativo el que haya escogido para hablarle a la Patria, como Presidente de ella, en Rancagua, la Plaza de los Héroes. Aquí se sienten el ayer y el pasado, el heroísmo de los que lucharon y sacrificaron sus vidas para darnos sentido y contenido de pueblo. Aquí está presente la imagen de O'Higgins y aquí podemos decirle al padre de la patria que somos sus legítimos herederos, y que fue el pueblo el que ganó esta batalla de la independencia y la dignidad nacional”.

El Presidente Allende y el Congreso en Pleno, en 1971, estaban convencidos de que cada uno y el conjunto de los cuatro calificativos (“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”) hacían imposible desnacionalizar el cobre.

La desnacionalización anticonstitucional sólo fue posible en dictadura. José Piñera, ministro de Minería de Pinochet, a inicios de los años 80, afirmó que el cobre iba a quedar obsoleto y que Chile debía explotar el cobre al máximo y en el menor tiempo posible. Como el Estado era subsidiario, para incentivar a las grandes mineras mundiales José Piñera creó la Concesión Plena, que entrega en propiedad privada los nuevos yacimientos y, en caso de nacionalización, debería pagarse el valor actualizado de los rendimientos futuros. Con estos dos incentivos, podría asegurarse que las empresas extranjeras aumentarían al máximo la producción en el menor tiempo posible.

Los cuestionamientos fueron generalizados por las fuerzas democráticas. Por entonces, el destacado político democratacristiano Radomiro Tomic recorrió el país señalando: “De aquí en adelante no será el Estado chileno sino intereses foráneos, en larga medida competidores de Chile en todas las fases del proceso minero e industrial del cobre, quienes tendrán el poder decisorio efectivo sobre producción y comercialización del cobre chileno en el mercado mundial. Codelco quedará arrinconada. ¿Cómo negar que quien controla el cobre controla a Chile?”. Agregaba: “Acaban de desnacionalizar las mayores y mejores reservas de cobre del mundo, basada en el presupuesto absolutamente e irremediablemente erróneo de que el cobre quedaría obsoleto”. Adicionalmente señaló: “Hace poco, The Washington Post, principal diario de la capital norteamericana, resumió así la opinión de una de las grandes transnacionales interesadas en el cobre chileno: 'No necesitamos esta habilidad. La Ley Minera no puede asegurarla. It is to good to be true' [¡Esto es demasiado bueno para ser verdad!]. Resumen magistral, agregó Tomic: “Ni […] podrían perdurar leyes tan contrarias al interés nacional y al movimiento de la historia. No puede garantizar la primera de todas las exigencias: estabilidad. ¡No durarán en Chile! Más temprano que tarde el cobre volverá a ser chileno”.

Las grandes inversiones extranjeras no llegaron en dictadura. Lo hicieron en los primeros años de la Concertación. Desde Chile se aumentó fuertemente la producción, especialmente de las empresas extranjera. De 1,6 millones en TM de cobre fino en 1990 aumentó a 2,5 millones en 1995 y a cerca de 5 millones en 2003. El incremento de la producción en Chile fue superior al incremento de las importaciones mundiales de todos los países del mundo. Se cumplió lo señalado por José Piñera: la producción aumentó al máximo y en el menor tiempo posible. El resultado ha creado un gran daño a Chile.

El precio promedio anual en el periodo 1996-2003 cayó en torno a 82 centavos de dólar la libra. En ese periodo a ese precio se vendieron 33 millones de TM de cobre fino. Esa cantidad, estimada a un precio promedio de las últimas décadas, más que duplica lo que han tributado las mineras extranjeras de 1994-2019, que asciende a 47 mil millones de dólares (en 25 años).

En vez de los grandes beneficios, de la desnacionalización y de las inversiones extranjeras en el cobre, el resultado ha sido perjudicial para Chile en términos directamente económicos. A lo anterior, se debe agregar las externalidades negativas a la naturaleza, a los trabajadores y a los pueblos mineros.

La sobreproducción y los daños a Chile y la desnacionalización están íntimamente relacionados con el contrapunto que Allende señaló en su Mensaje al Congreso en diciembre de 1970: “A nosotros nos interesa cuidar nuestra reserva y sacar el máximo provecho de ella, a medida que la necesitemos. A ellos les interesa llevarse fuera la mayor cantidad de cobre, al precio más bajo y en el menor tiempo posible”. En los últimos años, la producción de cobre en Chile es de 5,7 millones TM de cobre fino, de las cuales 4 millones son producidas por las grandes mineras privadas, principalmente extranjeras. Sabiamente, decía Allende: “A Chile le convienen precios altos para sus materias primas. A los monopolios les conviene precios bajos para abaratar los costos de sus fábricas elaboradoras (…). A Chile le conviene una mayor elaboración en el país, para integrar la economía nacional, lograr mayor ocupación, más procesos industriales, más salarios, más tributación, más compras en el país (…). A los monopolios les interesa no industrializar en Chile para que el gran valor que agrega al precio del metal su elaboración, que significa inmensa actividad industrial y comercial y altos salarios, quede en la metrópoli”.

La desnacionalización ha significado una involución desde producción de refinados de cobre (99,9% de cobre) a concentrados de cobre, que sólo tienen 30% de cobre. Con la nacionalización del cobre se proponía la máxima industrialización del cobre en Chile, y una industria nacional abastecedora de miles de insumos para la minería nacional y para otros países mineros. La nacionalización del cobre impulsada por el Presidente Allende fue muy exitosa y ha sido reconocida incluso por historiadores de derecha. Ahora, la renacionalización cuenta con mejores condiciones. La mayoría de las empresas tiene en sus máximos cargos operativos a profesionales chilenos, así como también hay un gran incremento de profesionales y técnicos de las diferentes especialidades necesarias.

A nivel de la economía mundial se ha iniciado un cambio trascendental: el reemplazo del petróleo, como base energética del funcionamiento de la economía mundial, por el cobre y por el litio. En revistas especializadas se habla de la Nueva Era del Cobre. Los precios del cobre (a 4,23 centavos en 2021) expresan esta situación, que se prolongará por varios años. Es muy probable que se modifique el ciclo de los precios del cobre y, si se produce, será a partir de precios elevados.

Las exportaciones de cobre y de subproductos, en 2022, puedan ser similares al total del Presupuesto del Estado de Chile para todos los Ministerios. Las ganancias totales de las mineras privadas podrían superar los 35 mil millones de dólares, según la metodología del Banco Mundial que hemos señalado en nuestros trabajos recientes. Sin embargo, la tributación es muy baja porque está relacionada, no con las ventas, sino que con las ganancias, las que las empresas disminuyen a través de muchos mecanismos para pagar menos impuestos. Según el Consejo Minero, en estos últimos años, hasta 2020, la tributación era un 6% de las ventas y el Estado chileno recibía alrededor de $ 220 por cada libra de cobre exportada.

La mayoría de los chilenos está a favor de la Renacionalización del Cobre. En 2013, la Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) señaló que los temas más valorados fueron: proteger a los consumidores (86%); reducir las diferencias de ingresos (85%); y nacionalizar el Cobre (83%). Este 83% estuvo muy relacionado con el movimiento estudiantil de 2011 y 2012.

En febrero de 2022, después de una agresiva campaña del Consejo Minero, de Sonami, de la derecha y de los medios de comunicación en contra de la nacionalización, igual la nacionalización del cobre es apoyada por la mayoría de la población. En una encuesta publicada en ‘Crónica Constitucional’ de El Mercurio (la segunda semana de febrero 2022), frente a la pregunta ¿Cree usted que las empresas mineras serían mejor administradas por el Estado, que por las mismas empresas?, para sorpresa del propio El Mercurio, el 52% señaló que el Estado administraría mejor las empresas mineras.

La Convención Constitucional, los convencionales socialistas y del Frente Amplio están frente a una crucial y trascendente definición histórica: eliminar la ‘Concesión Plena’, nacionalizar las empresas de la Gran Minería Privada, restaurando la Nacionalización del Cobre del Presidente Allende, actualmente en mejores condiciones históricas (dada la Nueva Era del Cobre), apoyar la desnacionalización anticonstitucional iniciada en dictadura y completada en las últimas décadas.