Por segunda vez el gobierno actual de Colombia fue sometido a una sesión del Tribunal Internacional de Opinión (TRINO), coordinado por destacados defensores de los derechos humanos de ese país que han logrado convocar a una serie de juristas, intelectuales, académicos, líderes de movimientos sociales, etc., de distintos países del mundo y principalmente de América Latina para analizar los abusos y las violaciones a las que suelen recurrir los gobiernos que atentan contra la democracia y que son sumisos frente al poder de las oligarquías que ejercen acciones de sometimiento a las poblaciones humanas más vulnerables.
El miércoles pasado distintas organizaciones sociales, movimientos territoriales, líderes sociales e indígenas presentaron testimonios que colocan en evidencia que los hechos pasados en Alto Remanso, Puerto Leguísamo, en el Putumayo, zona amazónica, son una masacre más del Estado de Colombia. Esto lo vuelve a colocar en una situación gravísima dado a sus acciones sistemáticas que pueden ser leídas bajo denominaciones terribles como la de terrorismo del Estado y genocidio.

Las acusaciones prestadas por el fiscal Carlos Meneses fueron consistentes y lo presentado por la Defensa del Estado no lograba aclarar las difusas declaraciones hechas por las autoridades del gobierno y las autoridades militares responsables de esta nueva masacre. A diferencia de otras masacres acontecidas en nuestros países por los gobiernos y sus instituciones armadas, el pueblo colombiano ha sido lúcido al organizar la realización de los TRINO, colaborando a la justicia y verdad que no se silencia frente a la impunidad en la cual suelen caer estos hechos ilícitos protegidos por los distintos poderes del Estado.
La masacre del Estado fue en contra de poblaciones campesinas e indígenas, encubiertas en un relato que pretendía justificar la captura fallida de un supuesto terrorista atacando cobardemente a una comunidad organizada para recolectar fondos que se destinarían a obras públicas que el qobierno no ha atendido dado a que en esta zona geográfica son privilegiados los capitales de los inversionistas que depredan la Amazonía sin respetar su categoría de reserva para la biósfera y a los terratenientes sospechosos de narco terrorismo. La evidencia de este crimen del actual gobierno es tan evidente que los medios de comunicación convencionales no pudieron ocultar los hechos dado que la organización ciudadana logró romper los cercos comunicacionales.
Los testimonios de valientes ciudadanos comprometidos por el valor de la vida reiteraban el interés mercantil que hay en esta zona geográfica, lo cual provoca un especial interés de las corporaciones internacionales acostumbradas a extraer riquezas naturales, con las cuales el Estado colabora y protege con las instituciones armadas. Este tipo de operaciones propias de la economía que abusa del extractivismo empobrecen y dañan a la poblaciones humanas, a las cuales se les va forzando al desplazamiento.
Lo terrible de esta violencia armada es que nos deja al descubierto el abandono y el abuso en contra de los ciudadanos, incluso al contrario, los ataca. El fortalecimiento de las organizaciones territoriales y ciudadanas sigue siendo la principal herramienta de defensa para la pretensión de ejercer el derecho a una vida digna.
Se hace necesario manifestar la solidaridad con las víctimas y con las fuerzas territoriales organizadas que siguen con valentía defendiendo la dignidad humana. Exponer a la opinión pública la gravedad de estos hechos de violencia criminal. Exigir el pronto esclarecimiento de los hechos con las sanciones a las autoridades responsables de la masacre y la justa reparación moral y material de las víctimas.
La radicalización de la democracia es la vía que sólo pueden realizar los ciudadanos que desde sus territorios se organizan en la consecución de los derechos, labor que los Estados sometidos al interés del capital oligarca abandonan.