La mañana del 2 de julio de 1986, Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana emprendieron rumbo a la Universidad de Chile para participar del gran paro nacional que había convocado la Asamblea de la Civilidad, para protestar contra la dictadura de Augusto Pinochet. Los jóvenes jamás se imaginaron que, a sus 18 y 19 años, serían víctimas de uno de los crímenes más atroces del Ejército. Sus cuerpos, quemados en vida, y su historia, el secreto peor guardado de la dictadura.

Después de casi 36 años, el emblemático ataque incendiario del Ejército que puso en jaque al dictador Pinochet, y que incluso provocó un quiebre en las relaciones entre Estados Unidos y Chile, da un paso más cerca de una justa reparación para las víctimas y sus familiares, pues esta semana, la Corte de Apelaciones sentenció a 10 militares en retiro por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri, y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana. El caso sienta un precedente para la justicia chilena, evidenciando que el manto de impunidad de la dictadura no era inquebrantable.

Y es que el fallo del tribunal presentó un aspecto clave: rechazó la excepción de la cosa juzgada respecto del condenado Pedro Fernández Dittus, teniente encargado de la patrulla militar que detuvo, roció de bencina, prendió fuego a las víctimas y las dejó abandonadas en un camino rural. En 1989, Fernández fue condenado a 300 días de reclusión menor en su grado mínimo por la Justicia Militar, encabezada en ese entonces por el juez Carlos Parera Silva, pena que la Corte Suprema aumentó a 600 días de presidio menor en su grado medio en 1993. El primer fallo fue celebrado por el abogado del teniente, Carlos Cruz-Coke, padre del senador Evópoli Luciano Cruz-Coke.

Después de cumplir una sentencia de un año en Punta Peuco, tras acreditar ante la Comisión Médica del Ejército el padecimiento de una “psicopatía orgánica”, el teniente fue incorporado al grupo de pensionados por invalidez “post guerra”, y fue habilitado para convertirse en sostenedor de una escuela en La Reina. Esto, hasta el año 2015, cuando gracias a una querella ingresada el año 2013 por la Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos (AFEP), en representación de Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, el magistrado Mario Carroza reabrió la investigación.

La cosa juzgada

Tras cuatro años de investigación, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a 11 miembros del Ejército en retiro, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y homicidio calificado, en grado de frustrado, de Carmen Gloria Quintana. Sin embargo, Carroza decretó la absolución de Pedro Fernández Dittus, por aplicación de la excepción de la cosa juzgada. Esto es, que el teniente no podía ser enjuiciado puesto que ya había sido sentenciado por la Justicia Militar, validando así que los 600 días de presidio a los cuales fue condenado, estaban a la altura de quemar en vida a los jóvenes.

Conocido por haber dado inicio a la primera Parada Militar en democracia sin el permiso de rigor del entonces Presidente Patricio Aylwin, el juez Carlos Parera Silva, quien dictó la sentencia inicial, cuenta con un complejo historial. Por ejemplo, horas después del triunfo electoral opositor en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, Parera aplicó el decreto ley de amnistía a más de 70 causas de detenidos desaparecidos, cerrando las investigaciones respectivas, incluso en aquella que él mismo figuraba como acusado.

Así y todo, Carroza dio por cumplida la sentencia de Fernández Dittus, y absolvió de igual forma a René Muñoz Bruce, debido a su presunta falta de participación, en una acción calificada de “lamentable” por los abogados de Verónica de Negri y Carmen Gloria Quintana. Pero la Corte de Apelaciones de Santiago tuvo otra consideración frente a la cosa juzgada. Según explicó a El Desconcierto el abogado de la AFEP, Marcelo Tapia, “este fallo dice que la investigación fue espuria e ilegítima, y que debía ser corregida. También dice que no hubo una intención real de esclarecer los hechos, y por tanto no había ningún intento de llegar a la verdad histórica de los hechos”.

Así, Tapia destacó el rol que han cumplido las organizaciones de familiares y víctimas frente a estos casos de crímenes de lesa humanidad. “Los grandes avances que han habido en materia de Derechos Humanos, y en contra de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar no se producen por acción del Estado, no se producen por acción del Ejecutivo ni el Legislativo ni el Poder Judicial. Se producen porque las víctimas siguieron empujando”, relevó quien ha representado a Verónica de Negri en los últimos años.

La instrucción directa de Pinochet

En 1986, la versión militar en torno al denominado “caso Quemados” distaba completamente de la realidad que se conoce hoy día. Cuando los jóvenes Rojas y Quintana entregaron su declaración a Carabineros, explicaron que los militares los habían detenido, rociado con bencina y encendido fuego, para después abandonarlos a su suerte en Quilicura. Pero la dictadura de Pinochet aseguró, ante los medios y la justicia, que fue Carmen Gloria quien portaba un aparato incendiario, el cual habría activado tras propinarle una patada. Esta, una mentira que Augusto Pinochet se preocupó de propagar.

En palabras de Nelson Caucoto, abogado de Carmen Gloria Quintana, “toda la justicia militar estuvo involucrada para los efectos de no sancionar por los graves hechos cometidos por los militares. ¿Por qué? Porque el propio Comandante en Jefe del Ejército, Pinochet -así lo dejó al descubierto la desclasificación de documentos que hizo la CIA el año 2000- encabezó toda la tarea de encubrir este crimen”. El dictador se habría encargado, personalmente, de defender la tesis que los “jóvenes eran terroristas y se quemaron solos”.

Y la línea de investigación de ese entonces se guió sobre esa base, perpetuando la invención de los militares involucrados, quienes entregaron una versión similar de los hechos. Declararon que los jóvenes se habían quemado solos, a vista y paciencia de los efectivos del Ejército, quienes habrían intentado prestarles auxilio y trasladarlos al Hospital al que nunca llegaron. De igual forma, la prensa oficialista corroboró la versión de los militares, tal como lo hizo el ministro de Defensa de la época, Patricio Carvajal. Fue gracias al testimonio de uno de los conscriptos que, finalmente, se pudo dar el primer paso hacia la verdad. En noviembre de 2014, Fernando Guzmán reveló cómo se orquestó la peor mentira de Augusto Pinochet.

La versión de los conscriptos

Guzmán pertenecía a una de las tres patrullas involucradas en el caso, todas del Regimiento Los Libertadores. 15 días después del crimen, al grupo de 17 conscriptos los reunieron en el Fuerte Arteaga, en Colina, donde oficiales y abogados les impartieron clases sobre lo que tenían que testificar en el caso de ser cuestionados. La instrucción, de acuerdo con el testimonio del exconscripto, fue aprenderse unas declaraciones que ya habían sido confeccionadas por los altos mandos. De igual manera, declaró que fabricaron unas “maquetas” del lugar de los hechos, para que los conscriptos pudieran memorizar esta mentira.

El exuniformado agregó que tiempo después, fueron trasladados hasta un edificio del Ejército, ubicado frente al Palacio de la Moneda, “en donde nos tomaron las declaraciones, que ya nos habíamos aprendido, además se realizó el reconocimiento por parte de la víctima (Carmen Quintana), en donde nos instruyeron que cuando estuviéramos frente a ella, teníamos que intimidarla con la mirada, y si veíamos que alguno de nosotros estaba nervioso, uno de los extremos tenía que fingir un desmayo, entre otras instrucciones que nos dieron los Oficiales Superiores con la finalidad de ocultar lo que realmente había acaecido aquella mañana”.

Fernando Guzmán, que en el día de los hechos fue testigo de todo lo ocurrido desde su labor como radio-operador, aseguró que fue Fernández Dittus quien, junto a Julio Castañer González, les instruyó mentir sobre lo ocurrido. También, detalló que ambos militares dieron las órdenes de rociar a Rodrigo y Carmen con combustible, y Castañer inició el fuego con su encendedor. “A cambio de nuestro silencio”, confesó el conscripto, “la institución nos proveyó de permisos, de dinero, como una manera de continuar con esta mentira y mantenernos callados”.

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A finales del año 1987, Fernando Guzmán intentó manifestar su “disconformidad” con lo ocurrido en el Regimiento Libertadores, pero sus superiores “me dijeron que tenía una depresión y me dieron permiso indefinido con goce de sueldo. Luego de ello, recibí amenazas, por ejemplo me fueron a buscar muchas veces y me llevaban esposado hasta el regimiento más cercano, desde donde me mandaban al Regimiento Libertadores. Una vez llegado hasta la guardia, me mandaban de vuelta a la casa, señalando que eso formaba parte de un procedimiento del plan de enlace. Incluso en una ocasión me mandaron de vuelta de noche, y tuve que caminar hasta Zapadores para llegar a San Felipe”.

Para el abogado Caucoto, el fallo de la Corte de Apelaciones de este lunes es “importante” y “trascendente”, “porque este es un fallo que se pone de pie frente a la mentira. Este fallo dice '¿qué cosa juzgada puede existir? Si todo fue fraudulento'. No puede haber cosa juzgada de un acto fraudulento, de un acto ilegal, de mentiras concertadas, mentiras multiplicadas y dispersas a través de instrucciones”, comentó a El Desconcierto. De acuerdo con el abogado Tapia, “este fallo es histórico pues trata lo relacionado con la responsabilidad de los mandos mayores, que habían pasado absolutamente desapercibidos”, y, además, “el fallo da cuenta de los pactos de silencio”.

Fue revisando la última resolución del expediente el 2014, que Marcelo Tapia se dio cuenta que la verdad había surgido. “El secretario del tribunal estaba muy inquieto, y feliz del hallazgo, en el sentido que uno de los conscriptos dijo, derechamente, que la versión oficial era falsa”, relató el abogado, como un momento histórico para el caso. “En ese minuto, que leo la declaración de este conscripto, nos quedamos mirando con el secretario del tribunal, porque era increíble que estábamos rompiendo el pacto de silencio. Era una chispa, pero poco tiempo después otros conscriptos también se atrevieron a hablar, y quedaron en evidencia. Recuerdo que era impresionante”, destacó.

El quiebre con Estados Unidos

La posteriormente desenmascarada mentira de Pinochet le costó, entre otras cosas, su amistad con el gobierno de Estados Unidos. Desde el Golpe de Estado de 1973, que los norteamericanos mantenían simpatía con Chile, pero todo habría cambiado desde ese fatídico 2 de julio. “Gobernaba en ese tiempo Ronald Reagan en Estados Unidos, y él fue un gran amigo de la dictadura, pero se enfriaron las relaciones de Chile con Estados Unidos después de este crimen, porque ahí Ronald Reagan dijo 'ya, esto es insoportable’”, recordó Caucoto.

“Las relaciones de Estados Unidos con Chile no fueron las mismas que eran antes, porque los norteamericanos no podían comprender la barbaridad, la brutalidad de estos militares chilenos. Como quemar a un ser vivo, dos seres vivos, empapándolos  de bencina y después lanzándoles una bomba”, complementó el abogado. Y es que el 14 de julio de 1986, a dos semanas del atentado, el gabinete de Reagan alertaba sobre el “probable involucramiento del Ejército chileno en el asesinato de (Rodrigo) Rojas”, quien era un ciudadano estadounidense, y había regresado a Chile en marzo de 1986 como corresponsal.

Incluso, y como señal del repudio contra el crimen cometido por el Ejército, el embajador de Estados Unidos en Chile, Harry Barnes, se unió a la procesión del funeral en Santiago, convirtiéndose en uno de los miles que fueron atacados en la ceremonia por carros lanza aguas desplegados por la dictadura de Pinochet, para dispersar el funeral. Fue tras estos eventos, que el delegado de Reagan para América Latina, Elliott Abrams, recomendaba “revisar nuestra política hacia Chile”, por lo que podría desencadenar la indignación ciudadana que había en torno al caso.

Rodrigo Rojas de Negri llegó hasta la Posta Central con el 65% de su cuerpo quemado, y falleció cuatro días después del ataque del Ejército, debido a la gravedad de sus heridas. Antes de fallecer, el joven fotógrafo alcanzó a entregar su versión de los hechos, testificando contra los militares. Carmen Gloria Quintana, con el 62% de su cuerpo quemado y 90% de posibilidades de fallecer, sobrevivió tras someterse a múltiples cirugías y tratamientos. Ahora, la psicóloga reside en Canadá, como agregada científica de la embajada de Chile.

Todavía nadie cumple condena por estos hechos. Aún quedan las casaciones en la Corte Suprema.