El 3 de febrero pasado, en su portal web, la Convención Constitucional dio a conocer que su Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico discutió y votó -entre otras- una iniciativa que “reconoce el Derecho a la Soberanía Alimentaria”, aprobándose varios incisos, incluyendo -según la información entregada- el inciso 1° que destaca que “todas las personas tienen el derecho a la alimentación adecuada, suficiente y nutritiva, y a la soberanía alimentaria de sus pueblos”. Y, en el caso del inciso 3°, se informa que “el Estado reconoce el derecho a la Soberanía Alimentaria de los pueblos originarios y el valor de la relación ancestral entre los recursos ambientales y la cosmovisión de las comunidades indígenas”. Pocos días después, Estaban Valenzuela -en ese entonces futuro ministro del ramo- entra al ruedo e indica que la soberanía alimentaria será uno de los focos de su gestión, destacando más adelante, que “queremos dar pasos reales en transición a soberanía alimentaria” (Revista del Campo, 7 de febrero).

Más adelante, ANPROS (Asociación Nacional de Productores de Semillas) toma nota de lo ocurrido en la Convención y comenta: “De prosperar estas normas, las más perjudicadas, además de la agricultura en general, serán las personas, la ciudadanía, pues sus consecuencias serán alimentos más escasos, menos diversos, de menor calidad nutricional”. Y, a continuación, detalla cinco razones por las que la iniciativa es un riesgo “para la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación: (1). Una agricultura sin agricultores; (2) Cierre de fronteras al libre intercambio de alimentos; (3) Fin al mejoramiento de semillas; (4) Apagón tecnológico en el Siglo XXI; y (5) El exilio territorial de la agricultura moderna”. Y concluye haciendo un llamado a “fortalecer el derecho a la alimentación … [destacando que] … Chile necesita una agricultura capaz de sortear los desafíos del siglo 21 y seguir aportando al desarrollo del país” (ANPROS, “El derecho a la alimentación en riesgo: cinco razones”, 16 de febrero, 2022).

A su vez, en una columna publicada los primeros días de marzo, Francisco Caamaño y Nicolás Arraño, responden que es “engañoso sostener que la soberanía alimentaria pretende acabar con el mercado agroexportador … y que se pretenda eliminar el comercio internacional de alimentos [… y sostienen …] que la soberanía alimentaria permitiría al país resistir con mayor solidez ante vaivenes del comercio internacional que pudiera afectar nuestro acceso a alimentos” (El Desconcierto, 2 de marzo, 2022).

Ha pasado mucha agua bajo el puente desde la “Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial” (Cumbre Mundial Sobre la Alimentación, FAO, 1996) y de las aclaraciones y declaraciones de diversas instituciones que siguieron a la de FAO. Incluyo acá a la Ley Marco - Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, que fuera aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, en noviembre del 2012, en Panamá. Creo que ya se complicó de manera innecesaria esta argumentación sobre seguridad y soberanía alimentaria. Sugiero evitar mayor confusión y no “oscurecer” lo realmente relevante. Al respecto, sería útil tener mayor información de parte de la administración Boric y ver si se puede dialogar en este respecto. Ministro Valenzuela, ¿con cuál definición de “soberanía alimentaria” nos quedaremos?

Así las cosas, tengo la impresión de que hemos logrado poco en cuanto al “aterrizaje” de estas propuestas en Chile. Nuestros parlamentarios han sido integrantes del Parlamento Latinoamericano, pero no recuerdo que se haya avanzado materialmente en el articulado de la Ley Marco acordada en el año 2012. Entiendo que estos no constituyen obligaciones para Chile. Sin embargo, los constituyentes han puesto nuevamente sobre el tapete estos temas. Lamentablemente -tal como han sido planteados los artículos de la Norma de la Comisión del Medio Ambiente- algunos objetivos son virtualmente imposibles de lograr en el marco de la economía totalmente abierta que tenemos, la “globalización” alcanzada por la producción agroalimentaria, y las obligaciones internacionales que hemos contraído en acuerdos comerciales ya ratificados. No intento evadir esta discusión, pero por ahora creo que deberíamos centrarnos en lo más urgente y relevante.

De manera muy resumida, entiendo que los principales elementos comunes (¿objetivos?) que destacan en las definiciones de “soberanía alimentaria” serían: (1) Garantizar la seguridad alimentaria de las naciones, incluyendo la disponibilidad, estabilidad y acceso a alimentos sanos, saludables y nutritivo; (2) Asegurar la participación efectiva de las economías campesinas, de la pesca artesanal y de los pueblos originarios en la producción y el intercambio de alimentos, en particular alimentos básico y/o tradicionales; (3) Garantizar y resguardar los derechos, y el acceso de l@s productor@s de alimentos a los medios de producción (en especial, tierra, agua, semillas y herramientas) y a los recursos naturales; (4) Defender la sustentabilidad de la producción agroalimentaria y la protección del medio ambiente; y (5) Adecuar y/o reformar la institucionalidad del Estado para asegurar el cumplimiento de los “objetivos” anteriores.

El cumplimento de estos objetivos requiere necesariamente de acciones coordinadas de carácter nacional e internacional debido, en particular, a la avanzada globalización alcanzada por la producción agrícola y de alimentos y su creciente orientación a los mercados de exportación, así como la ya reducida autonomía que tenemos para asegurar el autoabastecimiento alimentario. Para empezar, a nivel nacional deberemos trabajar para promover y asegurar la efectiva participación de las regiones, de sus Pymes rurales, de la Agricultura Familiar Campesina y de la pesca artesanal, en la producción de alimentos y en las cadenas cortas y largas de comercialización. Pero esta no es una tarea en la que podemos ser exitosos si la intentamos aislados. Necesariamente debe ser abordada en el marco de un proyecto de integración regional, para asegurar el acceso a alimentos sanos y nutritivos, que no producimos (o producimos ineficientemente) y así alcanzar también los objetivos medioambientales.

Pero en Chile deberemos empezar con importantes reformas en la institucionalidad de fomento y de apoyo a la producción y comercialización agroalimentaria. Esta institucionalidad sufre de una gran debilidad política y de la dispersión -en varios servicios y/o programas- de las actividades relevantes a estos temas. Así, la producción y comercialización agroalimentaria volcada al mercado doméstico -por lo general medianos y pequeños productores- se cae por las rendijas de esta inadecuada institucionalidad. Sin un Ministerio de Agricultura fuerte y que cobije bajo un mismo techo TODAS las actividades sectoriales, será difícil tener la musculatura política necesaria para liderar el empoderamiento de las Pymes rurales, de la Agricultura Familiar Campesina, de sus productor@s y de la pesca artesanal y -al mismo tiempo- asegurar su efectiva participación en la producción de alimentos y en las cadenas de comercialización. Para los exportadores, ya sugerí la creación de una Ventana Única de Exportadores Pymes Agroalimentarios Regionales. Creo que debemos considerar la creación de una unidad similar para atender en un sólo lugar las necesidades de tod@s l@s productor@s de alimentos básicos y/o tradicionales. Por lo demás, esto no es nuevo, pues el Parlamento Latinoamericano también propuso en el 2012, la necesidad de contar con una institucionalidad que permita concretar estas propuestas.

Ya lo destacamos arriba: el objetivo de alcanzar la seguridad / soberanía alimentaria no se logrará en la “autarquía”. Lo lamento si alguien pensó que íbamos en esa dirección con la propuesta realizada en la Convención Constitucional. Chile ya importa cantidades significativas de alimentos. Durante el período 2018-2020, Chile importó un promedio de aproximadamente $ 7.316 millones de dólares en productos agrícolas y alimentos (principalmente carnes de vacunos, cereales, alimento para consumo animal, frutas, y despojos o subproductos de la industria cárnica) (Códigos HS01-HS24, ONU-ITC). De ese monto, casi el 59% se originó al interior del grupo de países de la ALADI. Esto a su vez, representa alrededor del 27% de las compras totales de Chile en la ALADI.

Dado este panorama, podemos pensar -una vez más- seriamente en el proyecto de integración regional destacado en el programa del entonces candidato Gabriel Boric. Enfocándonos en este sector, tenemos la gran oportunidad de consolidar el comercio de alimentos al interior de ALADI (nosotros también exportamos a estos países), cooperar para eliminar las restricciones que aún existen, y así avanzar en la creación de un mercado común agroalimentario latinoamericano para, finalmente, dar el salto a la integración regional y, de paso, avanzar en materia de seguridad/soberanía alimentaria.