Este miércoles un artículo de BioBío confirma que existen dos nuevos querellados en la investigación por corrupción contra de la ex subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell, además de cinco miembros de la Comisión Evaluadora que adjudicó a Motorola una licitación de 300 cámaras corporales para uso de Carabineros.

Entre los nuevos testimonios aparecen mencionados el teniente coronel de la policía uniformada, Juan Carlos Banda Marín, y el ingeniero de la SPD, Nelson Donoso Yantén, a quienes se acusa de haber favorecido a la empresa en el concurso público que implicó $378 millones.ƒ

Los nombres que surgieron en una ampliación de querella de la firma Pegasus, excluida de la licitación, se suman a antecedentes que revelan declaraciones de los involucrados en la indagatoria a cargo del fiscal Francisco Ledezma.

Respecto de los seis primeros querellados, se les imputan delitos de falsificaciones, prevaricación y fraude al Fisco, mientras a que los dos nuevos investigados se les apunta como responsables de tráfico de influencias y negociación incompatible.

[Te puede interesar] Acusan que altos mandos de Carabineros 'pinchaban' celulares de esposas por infidelidad

Los hechos

La investigación comenzó luego de la primera acción judicial presentada por Pegasus, donde denuncia cómo se operó para favorecer a Motorola sobre el resto de los participantes.

Entre los detalles que han aparecido, el querellante reclamó ante tribunales que las cámaras vendidas, que fueron las que consideraba la empresa que se adjudicó la licitación, tenían sólo pregrabado, pese a que las bases del concurso establecían que los dispositivos debían disponer de postgrabado. Lo anterior ya fue confirmado por el Tribunal de Contratación Pública en un fallo de comienzos de este año.

De acuerdo a nueva información de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac) de la PDI, una de las personas claves en el proceso que terminó con la licitación adjudicada a Motorola es Juan Carlos Banda Marín, jefe del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI) de Carabineros que lideraba el proyecto de las cámaras con la empresa.

De hecho, la indagatoria revela que Banda incluso llegó a perder el control en una reunión con dos de sus subalternos, el capitán Manuel Arenas y el suboficial Miguel Vergara Gómez.

Lo anterior, según el libelo, porque ambos funcionarios de la Central de Control de Imágenes de Carabineros (CENCICAR) advirtieron formalmente de las deficiencias de las cámaras adquiridas por la subsecretaría responsabilidad de Martorell, generando la molestia de Banda.

Al menos así consta en la declaración que prestaron ante la fiscalía los funcionarios uniformados, donde Arenas entregó su testimonio.

“No digan nada sobre problemas de la plataforma, todo está bien"

De acuerdo a su relato, en una oportunidad Banda pidió que no se perseverara en los cuestionamientos a los dispositivos. “No digan nada sobre problemas de la plataforma, todo está bien y funcionado. Ya basta de estar informando por documento las observaciones", aseguró en una reunión intentando obviar las denuncias oficializadas por Arenas y Vergara.

"Al finalizar la reunión, el comandante Banda cerró la puerta y nos dijo al teniente Gajardo, suboficial Vergara y a mí: 'ya estoy aburrido de ustedes capitán. Ya basta. Ustedes cuestionan todo el proyecto, no informen más. Yo estoy a cargo del proyecto y nadie más, yo tomo las decisiones y cuando digo algo, se dice ‘a su orden”, aseguró Arenas en medio de la indagatoria.

Paralelamente, el capitán aludió a eventuales presiones recibidas por Banda y a la importancia del proyecto para la administración de Sebastián Piñera. Tanto así que Arenas dijo que el cuestionado funcionario de Carabineros así se lo advirtió.

"Tienen que saber que este proyecto sí o sí debe salir. No entienden que no puedo representar ni cuestionar al gobierno, o me quitan los recursos. Por lo tanto, está todo bien y no representen nada más", asegura que les dijo.

Lo anterior fue ratificado ante la Fiscalía por Vergara, donde entregó los mismos detalles de lo sucedido.

La necesidad de Arenas de relevar el problema evidenciado a causa de la licitación, redundó en que Banda le comunicara luego que sería sacado de sus funciones, lo que terminó con su trasladado a una comisaría de Puente Alto.

"Llamé al comandante Banda (...) y él me confirmó que el traslado había sido gestionado por él", confirmó el afectado.

La confidencialidad de la información genera otro imponderable

Entre otros imponderables arrojados por la adjudicación de la cuestionada licitación, hubo que restringir a los empleados de Motorola para que no tuvieran acceso íntegro al sistema como administradores, dado que la información que maneja la plataforma es de carácter secreto.

Así y todo, un empleado de la empresa fue sorprendido mirando videos operativos de Carabineros, generando la apertura de un sumario interno en el que se evidenciaron nuevos problemas que ocasionaron complicaciones al interior de la policía uniformada vinculados al manejo de la información de los dispositivos adquiridos a Motorola.

En consecuencia, “resulta evidente la intervención del querellado Banda en la evaluación en el proceso de entrega y recepción conforme de las cámaras adquiridas, buscando ocultar las falencias existentes durante el proceso posterior a la adjudicación”, asegura la querella.

El cuestionado rol de Nelson Donoso en la licitación

Pero hay más. Y los nuevos hechos apuntan a un funcionario de la Subsecretaría de Prevención del Delito identificado como Nelson Donoso Yantén.

Al ingeniero lo acusan de no haber revertido la adjudicación, pese a manejar los antecedentes para hacerlo.

De hecho, reconoció que la Resolución 731, mediante la que Martorell respondió al recurso de Pegasus cuenta con una firma ingresada de manera irregular. Cuando le mostraron el documento, Donoso admitió reconocer "su contenido como la respuesta técnica que me solicitó la Fiscalía de la subsecretaría, sin embargo, no reconozco mi firma de responsabilidad, la que se encuentra contenida en este decreto. Si bien se consigna mi nombre, puedo observar que alguien firma por poder sobre mi firma de responsabilidad".

Con los nuevos antecedentes que aparecen en la indagatoria, Pegasus solicitó que se cite a declarar a Martorell, Banda y Donoso.

Consultada por el medio citado, la exsubsecretaria desestimó referirse a la acción legal, aunque sí cuestionó a Pegasus.

La defensa de Martorell

“Yo entiendo que aquí hay una práctica permanente de la empresa perdedora de querellarse en contra de servicios públicos cuando no se adjudica. Por lo tanto, no me sorprende que siga haciéndolo”, declaró.

Y posteriormente, agregó que “es muy importante destacar lo que dijo el Tribunal de Compras Públicas en cuanto a que no hay perjuicio para el Estado; que las cámaras funcionan y están funcionando; y que la empresa Pegasus no tenía ninguna posibilidad de adjudicarse la licitación, porque no cumplía con las bases ni con los requerimientos técnicos”.

Paralelamente, la abogada de Pegasus, Montserrat Rodríguez, cuestionó el “cierra de filas” en beneficio de Motorola.

En este sentido, dijo que considerando los antecedentes recopilados hasta ahora, la compañía amplió “la querella existente, con el fin de que sean investigadas nuevas aristas por parte de la Fiscalía”.

“Se hace necesario esclarecer las acciones destinadas a favorecer la adjudicación a un único oferente, al punto de ni siquiera cobrarle multas por los incumplimientos contractuales, pese a los reclamos por parte de los oferentes de las ilegalidades existentes”, aseguró al tiempo que confirmó que espera que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) “se haga parte en la presente investigación”, lo que de momento no ha ocurrido.

“Deberá investigarse con mayor acuciosidad el rol de las autoridades"

Adicionalmente, cuestionó lo que a su juicio asume como un "cierre de filas existente por parte de algunos funcionarios, destinados a ocultar la ilegalidad y mantener la contratación a un oferente que no cumplía con los requisitos legales para ser adjudicado”.

“Deberá investigarse con mayor acuciosidad el rol de las autoridades del gobierno anterior para mantener a firme la ilegal adjudicación, efectuando, por medio de la querellada Martorell, amenazas veladas a través de la prensa”, concluyó.

En el caso de Banda, sigue trabajando en el área de gestión y proyectos de Carabineros, vinculado principalmente a temas hospitalarios y de infraestructura, dado que ya no es jefe del IDI.

Consultado al respecto, aseguró que no participó de ninguna parte del proceso. “Todo lo vio la Subsecretaría de Prevención del Delito. Carabineros jamás tuvimos participación en ello”, dijo.