El militante demócrata cristiano y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, ha sido acusado en los últimos meses de propiciar un ambiente de violencia de género en el municipio, donde acusan que no estaría protegiendo a las denunciantes de violencia sexual. Todo esto, en el marco del proceso eleccionario interno de la Democracia Cristiana, en donde el alcalde se impuso a la lista encabezada por la diputada Joanna Pérez, convirtiéndose en el nuevo presidente de la falange, pero no sin contratiempos, ya que la lista perdedora adelantó que impugnará la votación por los estrechos resultados.

Ya antes de las primeras elecciones internas, el Tribunal Supremo de la DC recibió una denuncia de violencia de género dirigida en contra de Delpin y dos militantes más, Marcelo Ortíz y Luis Acevedo, por encubrir una eventual situación de acoso sexual dentro de la municipalidad. Según dio cuenta la denunciante, Angélica Puentes, a El Desconcierto en enero, dos semanas después de entregar la acción aun no había sido puesta en tabla por la presidenta Carmen Frei, por lo cual la víctima debió presentar un requerimiento de admisibilidad. De acuerdo con las publicaciones del TS, no sólo no se ha entregado una resolución por el caso, sino que Acevedo, uno de los militantes denunciados, fue proclamado Consejero Nacional del partido después de ingresada la denuncia.

De acuerdo con el relato de Puentes, también militante demócrata cristiana, desde que llegó a trabajar a la Dirección de Salud de la Municipalidad de La Granja el 2014, fue víctima de acoso por parte de Patricio Villanueva, alto cargo de Salud, quien según la denuncia la habría “llamaba por teléfono los fines de semana, o me enviaba mensajes para decirme que me encontraba atractiva, y preguntarme si le daría un beso”, y también le “ordenaba a quedarme hasta más tarde”, lo que se convirtió “en invitaciones directas a salir con él para ‘asegurar’ mi trabajo”.

Amenazas y encubrimiento

La víctima denunció los hechos ante el administrador de la Municipalidad, Marcelo Ortíz, quien la habría cuestionado “en un tono amenazante y en voz alta”, instándola a acudir donde el alcalde Delpin, quien se habría limitado, asegura, “a buscar argumentos y situaciones para destituirme”. Dos semanas después de hablar con el alcalde, a la oficina de Angélica Puentes llegó el director Jurídico del municipio, Luis Acevedo, quien según la denuncia la habría amenazado para que renunciara, o forzar su destitución, lo que se materializó pocos días después.

Mediante un sumario administrativo por presuntos “atrasos reiterados”, la víctima fue destituida e inhabilitada para ejercer funciones en la Administración del Estado. Hasta la fecha, Angélica Puentes lamenta que su caso no haya sido revisado por la DC, sin embargo, destaca que tras la publicación de su relato, dos mujeres se atrevieran a alzar la voz por situaciones similares, con testimonios que, a su juicio, “dan cuenta claramente que en el municipio dirigido por Felipe Delpin se encubren acosadores y violadores”.

[Te puede interesar] La denuncia de violencia de género en La Granja que involucra a Felipe Delpín

A finales de septiembre de 2019, Ivonne Verdugo denunció, ante Carabineros de Chile, haber sido víctima de una violación por parte de un colega que hasta la fecha era su “mejor amigo”. La nutricionista, que en ese entonces trabajaba en el CESFAM La Granja junto con su agresor, informó a los directores del recinto sobre la denuncia, quienes “violaron la confidencialidad de lo relatado” y la habrían expuesto frente a sus compañeros, acusa en una acción ingresada ante el Tribunal de la DC el 2 de febrero de 2022.

De acuerdo con el documento al que accedió El Desconcierto, tras pedir una licencia médica por la vulneración que sufrió, tres meses después se inició un sumario administrativo para esclarecer los hechos, y el trabajador denunciado fue trasladado al CESFAM Padre Esteban Gumucio, de la misma comuna, donde trabajó en “cargos de confianza”, según Verdugo, hasta el cierre del proceso sumarial en noviembre de 2020.

Dicho proceso culminó sin resultados, pese a que en septiembre Luis Acevedo, designado fiscal instructor del caso, había dado la investigación por finalizada, asegurando que en octubre haría pública la resolución, hecho que nunca ocurrió. Un mes antes del cierre de la investigación, Ivonne Verdugo se había reunido con Acevedo, para hacerle saber de otras dos víctimas de acoso y abuso sexual por parte del denunciado.

Destituído por presiones feministas

Antes que terminara la investigación interna, Patricio Villanueva, que en ese momento era director del Servicio de Salud, informó que el caso había sido sobreseído al alcalde Delpin, quien “queda conforme con esta respuesta y no procura investigar más”, en palabras de Verdugo. De igual forma, la víctima señala en sus descargos que Villanueva, al declarar en el sumario, “entrega su apoyo al denunciado y me cuestiona a mí por supuestas deficiencias en mi área profesional”.

Por su parte, la investigación del Ministerio Público continuó su camino, y en diciembre de 2020 el trabajador quedó con medidas cautelares como imputado. Pese a la investigación en curso, se mantuvo en sus labores hasta enero de 2021, cuando gracias a la viralización de una funa realizada por organizaciones feministas en el lugar de trabajo del imputado, arguye Ivonne, su agresor fue destituido. Dos meses antes, en noviembre de 2020, la mujer ya se había reunido con el alcalde Felipe Delpin y su equipo legal, donde había expuesto la situación.

“Finalmente, la resolución de destitución se logra, no porque existió un debido proceso, sino más bien por todas las acciones realizadas para generar la visibilidad de mi caso y por consiguiente ejercer la presión necesaria para tomar una decisión, todo esto en el contexto de la postulación a reelección del cargo de alcalde por parte de Felipe Delpin en mayo 2021”, expresó la mujer en la denuncia ingresada ante el TS.

[Te puede interesar] Ley Antonia: Senado aprueba normas contra la revictimización en casos de delitos sexuales

A estas acusaciones por acoso laboral y abuso sexual dentro de los recintos municipales, se suma el relato de una exfuncionaria que, en el marco de sus labores como trabajadora social, fue testigo de una denuncia respecto a un hecho de violencia sexual por parte de un funcionario hacia una paciente adolescente del área de salud mental que, hasta la fecha, habría sido ignorada por los altos cargos de La Granja. La trabajadora, que pidió resguardo de su nombre, relató a El Desconcierto que, tras meses intentando que la investigación llegara a curso, y solicitudes para reunirse con el alcalde Delpin y obtener una respuesta sobre el hecho, que no fueron aceptadas por él, en diciembre de 2021 su contrato no fue renovado.

Fue la madre de la joven vulnerada quien, el 21 de septiembre 2021, increpó a la encargada del CECOSF San Gregorio de La Granja, Fresia Ríos, para exponer los hechos. Ríos, sin ingresar una denuncia, la instó a escribir un reclamo en el talonario de Solicitudes Ciudadanas. Posterior a esto, pidió una reunión con la ahora ex trabajadora social y una docente para abordar el caso, donde, en sus palabras, les pidió “medios de prueba que pudieran ser utilizados en defensa de funcionario”. Frente a esto, la trabajadora y la docente plantearon la necesidad de seguir las orientaciones del Ministerio de Salud diseñadas para este tipo de denuncias, a lo que Ríos habría respondido que “sólo seguirá instrucciones desde el director de salud y/o CESFAM puesto que la adulta ya habría provocado un escándalo en la Dirección de Salud y desconocía el protocolo a seguir”. En esa fecha, el director de Salud era Patricio Villanueva.

Según la denuncia ingresada por la trabajadora social al Tribunal Supremo de la DC el 10 de marzo de 2022, “la situación ocurrida con funcionario se silenció frente a equipo multidisciplinario, invisibilizando violencia de género y sexual”. En el marco del proceso, la funcionaria continuó insistiendo en seguir el protocolo Minsal, y realizó una visita domiciliaria a la víctima, situación en la cual ella observó “ciertos indicadores que podrían considerarse más que una sospecha” en la joven. Tras informarle a Fresia Ríos sobre la visita, “el tema no se vuelve a hablar”, y “se mantiene todo oculto”, señaló la trabajadora a El Desconcierto. El 13 de diciembre, se enteró que no se dio continuidad a su contrato, argumentando un “mal manejo de caso”, en relación a la denuncia en la que intentó perseverar.

A la trabajadora le informaron que la decisión provenía del Departamento de Salud de la municipalidad, producto de una supuesta queja por parte de la madre de la adolescente. Sin embargo, señala que hasta la fecha no se ha configurado ningún reclamo formal, ni a través de Solicitud Ciudadana ni mediante otro mecanismo. Además, la trabajadora asegura que hasta diciembre tuvo contacto en dos ocasiones con la mujer, en virtud de seguimiento de caso, “en donde se mostraba receptiva y dispuesta al diálogo”.

Al día siguiente de saber sobre su contrato, y considerando que no se le dio la opción de apelar, la trabajadora escribió una carta formal exponiendo el caso de violencia que sufrió la paciente, junto con “otras situaciones irregulares” relacionadas a hechos de violencia de género denunciados dentro del CECOSF, pero que no habían sido revisadas por las autoridades municipales. La carta fue enviada a Villanueva, a Ortíz, y al alcalde Delpin, sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido respuesta, salvo de la Dirección de Salud, desde donde le cuestionaron haber apuntado a las autoridades.

De acuerdo con la trabajadora, el director del CESFAM, en representación de Salud, le argumentó que “si hubiera comenzado por mencionar todo el trabajo comunitario que desarrolló en el CECOSF en lugar de cuestionar a su jefatura y presentar cartas, quizás Patricio Villanueva hubiera replanteado la posibilidad de dar continuidad a su contrato, pero a ninguna jefatura le agrada que cuestionen ni su labor ni de las personas que designan en cargos de confianza”.

Delpin: “Se han aplicado las sanciones que corresponden”

Hasta la fecha, la trabajadora asegura que no ha obtenido respuesta a su carta formal desde la Alcaldía, pese a haber solicitado, en dos ocasiones, audiencias formales con el alcalde. Consultado por El Desconcierto, Felipe Delpin dijo, enfatizando primero que en las dependencias municipales “se desempeñan laboralmente alrededor de 1500 personas en más de 30 diferentes recintos”, que en los casos mencionados “se han tomado todas las medidas administrativas, y se han aplicado las sanciones que corresponden en los casos que lo ameritan”.

“El accionar del Municipio ha sido más rápido en aplicar sanciones -cuando fue necesario- que los propios tribunales de justicia, puesto que en ellos estas causas continúan investigándose”, aseguró por otro lado.

De igual forma, lamentó que “situaciones como estas, que claramente dañan tanto a las víctimas de violencia de género como a su entorno, sean manipuladas con fines egoístas y ajenos al respeto por todas aquellas que de verdad sufren este flagelo. No puede ser que estos casos sean presentados en un tribunal político donde lo que se busca no es reparar el daño sufrido por las víctimas sino que destruir una imagen durante un proceso electoral interno”.

“Es importante destacar que la Municipalidad de La Granja es pionera en la realización de políticas de buen trato y respeto de género, al contar con un protocolo contra el Acoso Laboral y Sexual elaborado en conjunto con los propios funcionarios y funcionarias, donde se asegura la confidencialidad, el debido proceso, junto a la contención y apoyo sicológico y jurídico”, indicó.

“Siento un profundo respeto y admiración por las mujeres producto de mis propias vivencias, y jamás toleraré ni el abuso ni la discriminación hacia cualquiera de ellas, independientemente del credo, raza o condición social”, cerró el alcalde de La Granja.