En Chile el estallido social de 2019 es la irrupción del inconformismo progresista en la arena política nacional, materializada como condición de un poder constituyente y que dicta la muerte política al neoliberalismo. El inconformismo progresista emerge en una democracia heredada de un gobierno brutal y autoritario; sus años vividos en democracia les son años de mal vivir. Desde allí que comparten con Boric la propuesta de estatizar la economía, superar el extractivismo, instaurar la plurinacionalidad, profundizar derechos laborales y acabar con el sistema de las aseguradoras privadas de fondos de pensiones: el neoliberalismo nació en Chile y debe morir en Chile.

Después de la crisis financiera global de 2010, a nivel mundial se observa un aumento de protestas sociales, tendencia que, según los analistas se ha mantenido en todas las regiones del mundo. Se consigna que entre 2006 y 2020 en 101 países del mundo se han producido alrededor de unos 3.000 levantamientos sociales. En los últimos 15 años hubo más de 50 manifestaciones en las que participaron más de un millón de personas.

La conclusión a la que llegaron los autores de World Protests: a study of key protest issues in the 21st Century (“Protestas mundiales: un estudio de los asuntos clave de las protestas del siglo XXI”) es que los ciudadanos del mundo están cada día más movilizados. El inconformismo progresista, por razones de carácter estructural, toma las calles; sus demandas son justicia económica, derechos civiles y reformas de la democracia liberal. Un antecedente relevante de esta situación es que en 2019 las protestas sociales se extienden de las sociedades árabes de Oriente, a Occidente; a las ricas democracias occidentales.

La elección de Gabriel Boric como Presidente de Chile es el resultado de algo que ha venido pasando a nivel global. El caso chileno ilusiona por ser una experiencia de renuevo de la clase política por una generación que se ha hecho en la calle y en los territorios del Chile profundo.

Al advenimiento de la crisis financiera global, de 2010, en diversas latitudes del planeta se discutía la necesidad de pensar que había un modelo que entender. El fracaso de décadas de implementación de un sistema político, económico y social de corte neoliberal y de protestas sociales globales imponen la tarea de entender que hay un modelo que crear.

Entre los datos sobresalientes de un sistema político, económico y social de corte neoliberal que asola el planeta, Chile era ejemplo por su cobertura de la educación, por el nivel de vida de su clase media y por los pronósticos de las aseguradoras privadas de fondos de pensiones. Pero detrás del 100% de cobertura en educación hay un país con una infraestructura educativa deficiente, profesores mal pagados y un sistema educacional altamente segregado. Detrás del bienestar social está el 70% de los hogares chilenos -el primer lugar de América Latina- endeudados para mantener su nivel de consumo; y detrás del sistema de las aseguradoras privadas de fondos de pensiones está el 80% de jubilados que reciben una pensión inferior al salario mínimo chileno (2021: US$ 327).

El miedo de la clase política chilena a comprometerse con reformas estructurales caracteriza su incapacidad de procesar el descontento social. Ante este vacío de representatividad, el inconformismo progresista irrumpe en la política con sus propias propuestas, ahondando así la ruptura entre la sociedad civil y partidos políticos.

En octubre de 2019, “los excluidos” e inconformismo progresista ajenos al sistema llenaron los espacios públicos de todas las ciudades de Chile obligando al gobierno y al Congreso a expedir reformas, y a la redacción de una nueva Constitución Política nacional. Todo esto en el marco de una represión que dejó muertos y heridos (la policía intencionalmente disparaba perdigones a los ojos de los manifestantes) y flagrantes violaciones a los derechos humanos.

La revuelta social que llenó de energía a las calles y territorios ha tenido su semilla en los pueblos indígenas, en el llamado “conflicto mapuche” que lucha por la defensa del territorio, identidad y contra el neoliberalismo depredador; en los estudiantes de secundaria de Chile de 2006 y en los estudiantes universitarios de 2011, que salieron a la calle a exigir una educación pública gratuita y de calidad.

El estallido social de 2019 marca la ruptura de la alianza entre la sociedad civil y la clase política. Es el colofón de un proceso intrincado y difícil de comprender para los dirigentes políticos de los partidos de izquierda, el entonces diputado Gabriel Boric incluido.

En las manifestaciones del estallido social, como expresión simbólica de insatisfacción ante la clase política, tan sólo permiten el uso de dos banderas, la del pueblo mapuche y la de Chile. Para el caso, la bandera mapuche, el Wenu Foye (El Canelo de Arriba), representa el Chile profundo, insumiso e indio, simboliza identidad y lucha de un pueblo indígena contra el Estado chileno y su sistema neoliberal. Además de aquello, Wenu Foye representa la negación del Chile de una sola bandera, de una nación excluyente. La presencia del símbolo de los indómitos Mapuche, es un llamado a la insumisión de los saberes situados en contextos comunitarios-populares.

Tras dos meses de movilización social el capital simbólico de la clase política quedó en cuestión. Boric y otros connotados dirigentes de izquierda hacen presencia en las demostraciones. En medio de abucheos y en escenas de humillación son forzados a salir del perímetro de las manifestaciones. "¡Vendido!, ¡ándate de acá!, ¡traicionero!", son algunos de los gritos de los manifestantes. Es la expresión de que la izquierda estuvo equivocada.

En su rabia, ese Chile profundo e insumiso se identifica con la cultura no impuesta. Las revueltas a lo largo del país mostraron la recuperación de la memoria del movimiento insumiso. Sociológicamente representa la irrupción del sujeto político-popular necesario e irremplazable.

En noviembre de 2021, para la primera vuelta de las elecciones presidenciales (con casi un 53% de abstención de participación electoral), el abanderado del ultraderechista Partido Republicano tuvo un desempeño exitoso. Para la segunda vuelta, en ese contexto, para el caso de Chile neoliberal, de normal participación electoral, la ultraderecha preparaba la celebración de su victoria. Un resultado imprevisto era improbable, ya que sumaban los votos de los otros dos candidatos de derecha que participaban en el proceso electoral. El factor que podía alterar las estimaciones del resultado electoral era el índice de participación electoral.

Es así que en la primera vuelta votaron un 47% de los electores, subiendo en la segunda el porcentaje hasta el 55,5%. De acuerdo con la opinión de los analistas políticos, el incremento de la participación electoral se debe a que los que no votaron a Gabriel Boric en la primera vuelta, pero sí por la una nueva Constitución en 2020, decidieron apoyarlo en la segunda vuelta. El Chile profundo de la revuelta social se movilizó para apoyar a Boric, porque se quiere que las reformas estructurales se concreten.

La expectativa del inconformismo progresista es una gestión de gobierno que contempla construir instituciones plurinacionales, reivindicar la dignidad humana de los ciudadanos y un plan de acción contra la colonización neoliberal de la vida.

Desde una perspectiva global, el inconformismo progresista que transita por las grandes alamedas de Chile ilustra el acontecer histórico; donde lo que ha sido y lo que puede ser se actualiza en este instante. En tanto novedad, o diferencia interesante de resaltar, está la demanda por retomar un rumbo regional soberano y la aspiración de librarse del complejo de inferioridad del colonizado. Ese colonizado que sólo quiere alejarse de su lugar de origen. La irrupción del Chile profundo, insumiso e indio en los contextos comunitarios-populares, nos dejar ver que tenemos otras fuentes de saberes, de ética y estética en las que mirarnos. Desde allí, donde las condiciones son irreversibles, podremos enumerar posibilidades, nunca certezas.