El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, ordenó este jueves el procesamiento contra seis funcionarios en retiro de la Policía de Investigaciones (PDI) por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormento.

Los delitos fueron cometidos contra Lise del Carmen Valdebenito Larenas en el cuartel de la policía civil en la ciudad de Valparaíso en junio de 1988, durante los últimos período de la dictadura.

La resolución fue emitida contra los funcionarios Alfredo Ismael Guerrero Santana, Alejandro Jorge Cox Betancourt, Víctor del Valle Lizama y Francisco Javier Pizarro Mana, en calidad de autores; y a Miguel Ángel Muñoz Barra y Bartolomé Marcelo Sanhueza Mortara, como cómplices.

"Vincularon engañosamente a diversas personas"

El ministro en visita acreditó durante su investigación que "en mayo de 1988, se había establecido en esta Región de Valparaíso, un grupo de agentes del Estado compuesto por funcionarios de un organismo denominado Central Nacional de Informaciones o ‘CNI’, además de personal de la Policía de Investigaciones y de la Armada, quienes a propósito de supuestos actos terroristas, vincularon engañosamente a diversas personas para hacerlas pasar como autores materiales o intelectuales de dichos actos".

Los funcionarios de la CNI "proporcionaban estos antecedentes injustificados al prefecto y comisario de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, quien a su turno pedía órdenes de aprehensión u órdenes amplias de investigar al Fiscal Naval de la época, quien inmediatamente y sin mayor requerimiento accedió a dichas solicitudes".

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"De esta forma, dicho grupo de agentes del Estado procedió a allanar numerosos domicilios y detener a un conjunto de personas, entre ellas, a Lise del Carmen Valdebenito Larenas, en ese entonces de 24 años de edad, cuya detención se concretó el día 1 de junio de 1988, en horas de la noche, en su domicilio (...) de Valparaíso y pese a que la detenida se encontraba con fiebre y fuertes dolores debido a una pielonefritis, igualmente fue conducida directamente al Cuartel de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, emplazado en calle Uruguay N° 174", agrega la resolución.

Detención y torturas

En el cuartel policial la víctima estuvo detenida sin justificación "siendo vendada, interrogada por este grupo de agentes del Estado, principalmente para que informara la ubicación de una de sus hermanas, y torturada, entre otras técnicas, con golpes en la cabeza, empujones, sacudidas violentas, amenazas verbales, siendo además obligada a observar que su padre detenido –de cuya privación de libertad no se dejó constancia en modo alguno– era golpeado en el mismo lugar".

Tras esto hechos, la mujer fue obligada a firmar una declaración informal en que confesaba su participación en supuestos delitos, mientras un médico recomendaba que fuera traslada a un centro de salud.

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"Así en horas de la mañana fue derivada al Hospital Naval de Playa Ancha, quedando internada en dicho recinto, lugar donde en días posteriores se constituyó el fiscal junto al actuario, quien tomó declaración judicial a la detenida, haciéndola ratificar su supuesta confesión extrajudicial e interrogándola respecto a ciertas personas", detalla la resolución junto con detallar que estos funcionarios de la Fiscalía Naval tenían conocimiento del grupo operativo que la detuvo previamente.

Finalmente, "la víctima fue derivada a la Cárcel de Quillota, lugar donde estuvo en prisión preventiva por casi dos años”.