La FENADAJ, que agrupa a más de 2 mil trabajadores de las cuatro corporaciones de atención judicial del país, adhirió plenamente al paro que inician este lunes los funcionarios de la CAJ Biobío, que abarca las últimas seis regiones del sur del país, en protesta por despidos que podrían implicar el 5% del presupuesto que dicha corporación judicial recibe anualmente.

Así lo denunció el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, al precisar que se trata del despido de nueve funcionarias y funcionarios de la CAJ Biobío -la de mayor cobertura nacional de las 4 a nivel nacional- que afectará la representación de juicios, tramitaciones, alegatos y otros de los procesos judiciales de los sectores vulnerables de las regiones de Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén.

“No lo entendemos. Creemos que hay una conducta desesperada del actual director general (CAJ Biobío), avalada por el propio ministro de Justicia, que pretende instalar personas de su confianza en cargos que son absolutamente técnicos”, dijo al precisar que entre los despedidos hay varios funcionarios con más de 20 y 30 años de servicio.

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Desde lo administrativo, el dirigente mostró preocupación por los informes de metas que tienen que ser evacuados esta semana y, desde lo operativo, también lo hizo desde la perspectiva de idoneidades para los cargos a reemplazar: “Hablan de concursos. Pero tememos que sean reemplazados por personal que no tiene ninguna experiencia en este tema”, enfatizó.

Inostroza también explicó la problemática desde lo presupuestario: “Esta decisión podría significar un desembolso económico considerable. Estamos hablando que podrían pagarse hasta $400 millones si hay demanda. Eso se sumaría a los $200 millones pagados por la gestión del señor Contreras el año pasado en indemnizaciones. 600 millones de pesos corresponderían al 5% del presupuesto anual de la corporación del Biobío”.

En ese contexto recordó que, durante la pandemia, una de las problemáticas fue la dificultad que hubo para incorporar un mayor número de oficinas al trabajo presencial debido a que los inmuebles no cumplían con los estándares sanitarios mínimos. Según informó, para mejoras de infraestructura para atención se invirtieron $100 millones en 2021.

“Absolutamente inconcebible”, dijo al mostrarse esperanzado que las nuevas autoridades revoquen los despidos. “Hemos iniciadas conversaciones con el nuevo gobierno que entendemos no va a compartir esto y que tendrá que revertir esta situación tan pronto como asuma”, remató.