Al igual que el conjunto de las especies vivientes, el virus Sars-Cov-2 también se encuentra regido por contextos globales y nacionales de gobierno. Se trata, pues, de factores políticos que condicionan la propagación de este microorganismo patógeno. Estos, entre otros, se relacionan con la gestión gubernamental de la crisis medioambiental y climática, manejo de la crisis migratoria, administración de la crisis económica, tratamiento de la emergencia alimentaria, distribución inequitativa de vacunas o el colapso de los sistemas nacionales de salud. Factores, todos, concomitantes a las altas tasas de letalidad suscitadas en pandemia.

En su última actividad pública del año 2021, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advertía que la variante Ómicron del coronavirus está provocando cifras de contagios diarios que no se habían visto en dos años, próximas al millón de casos globales al día. Por ello, alerta que un "tsunami" de nuevos casos por la variante podrían hacer colapsar los sistemas sanitarios. Finalmente, solicita extremar las medidas sociales para frenar los contagios y encaminar al mundo hacia una mejor seguridad sanitaria.

Siendo una herramienta propia del saber gubernamental moderno, las estadísticas son un recurso inmediato al que acuden los países ante la pandemia del coronavirus. Estos datos indican que hasta diciembre del 2021 se contabilizan alrededor de 5,3 millones de personas fallecidas a nivel mundial a consecuencia de la Covid-19. En Asia, continente en el que se originó el brote, la cifra de muertes ascendía a alrededor de un millón de personas. En África se reportan 230.000 mil defunciones. En Europa las cifras son más altas, registrándose un millón y medio de muertes por el coronavirus. Sin embargo, ya no es el continente con mayor número de fallecidos por Covid-19. Las cifras contabilizan que América supera ya los 2,3 millones de decesos por esta misma causa.

Dada la fragilidad y vulnerabilidad expuesta por los países ante este tipo de emergencias, el 1 diciembre 2021 la OMS resolvió elaborar un acuerdo mundial sobre “prevención, preparación y respuesta frente a pandemias”. Al dar este anuncio, el director de la OMS sostuvo que la pandemia de Covid-19 ha sacado a la luz los numerosos fallos del sistema mundial de protección de las personas frente a las pandemias: las personas más vulnerables se quedan sin vacunas; los trabajadores de la salud no tienen el equipo necesario para realizar su labor de salvar vidas; y los enfoques de “yo primero” obstaculizan la solidaridad mundial necesaria para hacer frente a una amenaza mundial.

Si, por un lado, las pandemias denotan una gran capacidad de afectación sobre las comunidades en que se aloja, por el otro, es posible apreciar que los marcos sociales que lo hospedan también afectan al virus. La distribución de vacunas evidencia el régimen de afectación al que se encuentra sujeto el coronavirus. A través de las políticas implementadas para la distribución de vacunas se exhibe, otra vez, la condición de desigualdad existente entre los distintos países del planeta.

En mayo del 2021, dentro de las conclusiones a las que arribó la Asamblea Mundial de la Salud, se denunciaba “la desigualdad escandalosa” en la distribución de vacunas. Las dosis administradas podrían haber cubierto a todos los profesionales sanitarios y personas de avanzada edad en todo el mundo. Denunciándose que “un pequeño grupo de países son los encargados de fabricar y comprar la mayoría de vacunas del mundo y controlan el destino del resto del planeta”.

El tratamiento gubernamental de la crisis medioambiental y climática empeora la escalada e intensidad de la pandemia. A finales de 2020, desde ACNUR (la organización de la ONU para las y los refugiados) se alertaba que “tanto el cambio climático como la pandemia de Covid traspasan fronteras y amenazan millones de vidas”. Por desgracia, para ACNUR, las personas refugiadas y desplazadas se encuentran entre las más vulnerables del mundo tanto a la enfermedad como a los efectos del cambio climático.

El virus ingresa en la agenda pública, también, como un problema de gestión de la pobreza y del hambre. En diciembre de 2021 la UNICEF solicitó 9.400 millones de dólares para los niños afectados por la crisis económica, el cambio climático y el Covid-19. Según constata la UNICEF, “la pandemia está provocando el retraso en la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños de todo el mundo”.

En cuanto a nuestra región, en un informe elaborado a mediados del 2021 por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “Una recuperación desigual: Tomando el pulso de América Latina y el Caribe después de la pandemia”, se apunta que durante la pandemia la inseguridad alimentaria casi se duplicó. “Los países con mayor desigualdad y pobreza experimentaron un impacto mayor en términos de inseguridad alimentaria”. Según este informe, las dudas sobre la vacunación siguen siendo motivo de preocupación. Esto es particularmente cierto para los países del Caribe, los hogares rurales del continente y las poblaciones con niveles bajos de educación.

Para el caso chileno, según la Encuesta Social Covid-19, desarrollada por el PNUD, el INE y el Ministerio del Desarrollo Social, “la combinación entre desempleo y aumento de los precios se tradujo en problemas alimentarios para la población más vulnerable”. En julio de 2020, casi uno de cada tres de los hogares consultados (33,7%) afirmó que no les alcanzaba el dinero para cubrir sus gastos alimentarios. Estos índices no aquejaron a toda la población por igual, “las mujeres y los quintiles más bajos del país han sido los más afectados durante la pandemia en términos alimentarios”.

Agravando el proceso de alta mortalidad precipitado por la pandemia, en la crisis del sistema de salud chileno también se verifica el condicionamiento político del coronavirus.  En el reportaje “Morir en la fila o endeudarse para vivir: 1 de cada 10 chilenos está en una lista de espera de salud”, la Unidad de Investigación de BioBioChile informa que las listas de espera de la salud pública llegaron a su récord histórico: 2,1 millones de personas desatendidas. “Para ellos, sólo hay tres opciones: aguardar pacientemente, gastarse el dinero que no tienen o sencillamente morir en la fila”. Un 11,5% (2,1 millones) es parte de alguna lista de espera a lo largo del país. En simple, 1 de cada 10 chilenos está en la fila.

Entrevistado el presidente del Colegio Médico de Concepción, aclara que la pandemia retrasó muchos procesos quirúrgicos porque los pabellones se cerraron, pero también asume que es un problema que se traspasa en cada gobierno. Por su lado, el Ministerio de Salud respondió que sólo las cirugías electivas fueron postergadas en urgencia epidemiológica. Las oncológicas y de urgencias siguieron su curso. Según el MINSAL, antes de la pandemia se realizaban 480 mil operaciones anuales. El año pasado fueron 280 mil. Según el reportaje “en 2018, 26 mil personas murieron mientras figuraban en las listas de espera. Según La Tercera, el primer semestre de 2020 fallecieron 15 mil”.

El agente viral Sars-Cov-2 no puede ser aislado como único factor gatillante del proceso de mortandad masiva de los sectores más vulnerables del país y del planeta. Su propagación se ve estimulada por condicionamientos tales como: la crisis medioambiental y climática, crisis migratoria, crisis económica y aumento del hambre, distribución inequitativa de vacunas, colapso de los sistemas nacionales de salud. Junto al programa de vacunación en desarrollo, en lo dicho y lo hecho por las autoridades de gobierno para enfrentar los problemas críticos recién mencionados, se encuentran respuestas a interrogantes acerca del grado de responsabilidad del gobierno en el proceso de alta letalidad experimentado en Chile en el marco de la actual pandemia.