Nadie parece poner en duda de que la economía chilena es muy abierta y que dependemos del comercio internacional. Recientemente, un banco (en base a una cita al Banco Mundial) destacó que el comercio internacional de Chile en 2019 representó el 56,8% del PIB del país. A su vez, y en defensa de este comercio, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), del Ministerio de Relaciones Exteriores) destaca en su portal los 30 Tratados de Libre Comercio (TLC) que tenemos con 65 economías, y que representan, creo, un “récord mundial” de 88% del PIB mundial y al 65% de la población del globo. La SUBREI destaca, una vez más, que somos el primer exportador de ciruelas frescas, manzanas y ciruelas deshidratadas, erizos, mejillones en conserva, filetes de salmón y trucha, celulosa de coníferas y productos de la minería, y se celebra la firma del reciente acuerdo comercial con Paraguay.

Ninguno de estos temas fue discutido en detalle durante la reciente campaña electoral y nuestro comercio internacional “pasó piola”. Es el momento de hacerlo. Debemos examinar con detención las condiciones en las cuales la nueva administración se hará cargo de los temas comerciales. Debemos promover la discusión amplia y abierta del “frenesí comercial” que estamos viviendo y que parece haber estado fuera de control en los últimos años. No estoy argumentando “desconectarnos” del sistema internacional. El estado de avance de la globalización -incluyendo limitaciones que pudiera poner la pandemia del Covid- no lo permitirían. Esto ya no es posible, pero sí debemos evaluar y decidir cómo deberíamos ajustar nuestras políticas a las condiciones futuras, en particular, las del comercio agroalimentario. El sistema regulatorio, los servicios de inspección y de aduanas, así como los equipos de expertos que trabajan los temas comerciales y que son los responsables de evaluar anualmente el desempeño de los TLC, están trabajando al límite. No necesitamos nuevos acuerdos comerciales. Por el contrario: debemos examinar en detalle los tratados actuales, los recursos de que disponemos para hacer un uso efectivo de ellos y en beneficio de la mayoría de los chilenos. Debemos recordar que los beneficios del “libre comercio” no se reparten a todos por igual. Debemos ponerle un freno al “frenesí” y reflexionar.

Al respecto, debemos recordar que el comercio agroalimentario está muy lejos de ser libre o, al menos, abierto. Es cierto que, en las últimas décadas, se han eliminado o al menos reducido las barreras arancelarias, pero se han incrementado las barreras para-arancelarias y las sanitarias. Ciertamente es legítimo proteger el patrimonio sanitario del territorio nacional, pero Chile ha sufrido en innumerables ocasiones los efectos de estas barreras que han sido utilizadas exclusivamente con fines políticos o comerciales. En algunas ocasiones “no hemos estado a la altura” o “no hemos dado el ancho”. Más importante aún: muchas de las restricciones que de cuando en cuando debemos enfrentar son legales, al haber sido autorizadas en rondas de negociaciones pasadas. Sólo a modo de ejemplo, podemos recordar los Marketing Orders (“Ordenes de Comercialización”) existentes en la agricultura de los Estados Unidos, la Política Agrícola de la Unión Europea, y los Marketing Boards existentes en otros países.

Debemos examinar la sostenibilidad, aparente debilidad y la viabilidad del sistema exportador agrícola-alimentario actual y su impacto sobre nuestros recursos naturales. Creo recordar que, hace unos 30 años atrás, los servicios de inspección sanitaria del mundo trabajaban los temas de acceso comercial de productos agropecuarios y forestales a partir del concepto de “riesgo cero”, pero la globalización de la producción y comercio agroalimentario han empujado el límite y hoy son de uso común los análisis de evaluación de riesgo y las correspondientes medidas de mitigación que permiten el ingreso de estos productos. Pero, como mencioné arriba, muy frecuentemente estos estudios son utilizados como barreras al comercio. En nuestro caso, a pesar del gran trabajo desarrollado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), hemos dejado de ser la “Isla Sanitaria” rodeada de barreras naturales impenetrables. Lamentablemente, los eventos de mosca de la fruta se hacen frecuentes y ahora debemos hacer frente también a nuevas plagas que afectan las exportaciones frutícolas, y que cuestan miles de millones de pesos mantenerlas a raya. Además, y sólo a título ilustrativo, plagas como la lobesia botrana y drosófila susukii han limitado aún más nuestra capacidad de producción y exportación a los nichos de mayor valor, como el de frutas orgánicas. Y sigue, todos vimos no hace mucho en TV la detección reciente realizada por el SAG de erthesina fullo (chinche apestosa de manchas amarillas) en un cargamento de autos procedentes de Asia.

Tampoco hemos avanzado de una manera significativa en la agregación de valor a nuestras exportaciones agroalimentarias. Más bien, los números parecen indicar que hemos retrocedido. Durante el periodo de 2001-2003 a 2018-2020, la contribución de las exportaciones de preparaciones de frutas y hortalizas, al total de las exportaciones de esos productos, se redujo del 15% a 10,5%. Y, cuando en algunos casos se producen incrementos, estas exportaciones son por lo general a granel y no para la venta directa a los consumidores. Un ejemplo que he utilizado en el pasado y que sigue vigente son las exportaciones de miel, en las que -al mismo tiempo- se puede agregar valor y lograr la participación de la agricultura familiar campesina. Una parte significativa de estas exportaciones a los Estados Unidos son a granel, por lo general, en tambores de 200 litros. Según el último informe del mercado de la miel del USDA-AMS, los precios de importación de la miel a granel en el pasado mes de noviembre fluctuaron, dependiendo del origen y variedad, entre $ 1,60 dólares y $ 4,50 dólares el kilo. Esa misma miel, una vez fraccionada y presentada en envases de vidrio, llega a los consumidores en tiendas de alimento a precios de hasta $ 12 a $ 16 dólares, en envases de 250 gramos.

Y, para concluir, el calentamiento global, la crisis climática y la crisis hídrica que enfrentamos, ponen también en el tapete el modelo de exportaciones agroalimentaria altamente dependientes de recursos naturales relativamente escasos y que cada vez más estamos llevando cerca del límite.