El presidente y la presidenta de Chile que resulte de las próximas elecciones está llamado a hacer la transición entre dos regímenes constitucionales, tarea que puede marcar la identidad de su gobierno al punto de hacerlo meramente provisional, condicionar su programa e incluso condicionar la estabilidad del país.

Si la nueva Constitución modifica la forma de gobierno, pasando del actual régimen presidencial a uno semipresidencialista, por ejemplo, o suprime alguna de las Cámaras del Congreso, la labor del próximo mandatario puede ser puramente transitoria y verse obligado a llamar a las urnas en cuanto se apruebe la Carta Magna.

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Aun si el sistema político de Chile o sus instituciones no sufren cambios, la nueva Constitución condicionará el periodo de gobierno del presidente, que comenzará con las normas actuales pero tendrá que implementar las nuevas y hacer la transición hacia el modelo de país que la Carta Fundamental consagre.

La Convención Constitucional que redacta la nueva Carta Magna es de mayoría progresista y la expectativa es que el resultado impulse grandes cambios en los sistemas de pensiones, salud o educación, entre otros, por los que la gente clamó en el estallido social de 2019 que terminó dando paso al proceso constituyente.

La armonización de estas reformas y la estabilidad que consiga el país van a depender mucho del signo político del candidato que resulte electo, en un escenario en el que las encuestas dan como favoritos a dos opciones radicalmente opuestas: el izquierdista Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast.

Los comicios se celebrarán este domingo 21 de noviembre, con otros cinco candidatos más, aunque se espera que no sea hasta el 19 de diciembre, en segunda vuelta, cuando el país conozca al ganador de las presidenciales.

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¿Nuevas elecciones presidenciales el 2022?

Algunas voces, como la del vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, o el candidato presidencial progresista Marco Enriquez-Ominami expresaron su preferencia por que el próximo gobierno sea meramente de transición y llame a las urnas si en 2022 se aprueba la nueva Constitución, para que sea otro Ejecutivo el encargado de implementar las reformas que contemple el texto.

Paralelamente otras personas como el constituyente Daniel Stingo, dijeron a Efe que "el nuevo gobierno no tiene por qué ser un gobierno de transición", sino que "sabe que tiene que llevar él la transición a los preceptos de la nueva Constitución. No hay por qué elegir uno nuevo en 2022".

En este sentido, la doctora en Derecho y académica de la Universidad Diego Portales Leslie Sánchez dijo que "el gobierno que viene va a ser el verdadero gobierno de la transición en Chile".

"Uno de los momentos icónicos en la historia de Chile va a ser este, que realmente va a poner término al legado de la dictadura", explicó.

La transición hacia el nuevo Chile

Este tránsito entre dos regímenes constitucionales es el mayor reto que tendrá el próximo presidente, que comenzará a gobernar con las actuales reglas del juego y entre mediados y finales de 2022 se encontrará con otras.

Sánchez recordó que Chile está saliendo de la ola de protestas de 2019 y que "sería muy peligroso" que el nuevo gobierno no avance en reformas "urgentes", como la del modelo de pensiones, solo por esperar a la nueva Constitución porque "la incomodidad ciudadana puede volver a florecer".

"El nuevo gobierno va a tener que favorecer los cambios, pero va a tener que impulsar los más importantes, no puede excusarse en esperar el nuevo texto y no realizar las transformaciones que se están esperando con tanta urgencia. Es necesario por estabilidad democrática y por las urgencias", comentó.

Este proceso puede ser más o menos exitoso en función del signo político del presidente que resulte electo y de su comunión con las reformas que se reclamaron durante las protestas y las que plasme la Carta Magna.

La estabilidad del país durante el proceso

Para el docente Sebastián Salazar, abogado constitucionalista y doctorando en Derecho y Ciencia Política, "el peor escenario" para la transición es que salga elegido un gobierno de derecha "abiertamente contrario al proceso constituyente".

"Ahí se puede generar una ingobernabilidad, puede generar mucha incertidumbre en términos sociales", dijo.

Al respecto, Sánchez apuntó que "el único candidato que puede poner en jaque la nueva Constitución y sus avances es Kast, pero que "cualquier otro de los candidatos va a hacer un proceso bastante fluido".

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Para dar certezas al momento que vive el país, Salazar apeló a la ruta trazada por el proceso constitucional y a la regla de los dos tercios que marca el quórum por el que se tendrán que aprobar las normas de la nueva Carta Magna, que en teoría evitará disposiciones extremas.

"La discusión constitucional va a tener muchas aristas, pero hay reglas claras y transparentes y el resultado, además, va a ser plebiscitado. Por tanto, de una u otra forma, va a dar la legitimidad suficiente para que las disposiciones que ahora se establezcan puedan ser aplicadas por el gobierno que sea", explicó.