La bancada de diputados de Apruebo Dignidad, representada por la parlamentaria Gael Yeomans (CS), presentó un ofició a la Superintendencia de Pensiones para fiscalizar el uso de datos personales por parte de la AFP Cuprum afirmando que esta hizo uso de los mails de los usuarios para hacer “propaganda política” a través del envío de propuestas programáticas en materia de pensiones de manera “tendenciosa e ilegal, con una sospechosa intención de intervenir la campaña presidencial”.

La infracción en la que incurriría dicha administradora de fondos de pensiones radica en que las bases de datos de afiliados de cada AFP pueden utilizarse sólo para los fines para los que fueron recolectados. En este sentido, los afiliados han entregado sus datos personales, en particular el correo electrónico, para poder recibir información de parte de su administradora relativa a la administración de sus fondos y no para recibir una sistematización hecha por la propia empresa, explicaron los parlamentarios.

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“Es tal el descaro de la AFP Cuprum para defender su negocio que se atreven a infringir la ley y el deber de información enviando correos electrónicos a sus afiliados con sus interpretaciones de las distintas propuestas en materia de seguridad social, llegando incluso a mentir respecto a la propuesta de Gabriel Boric. Utilizar los datos personales de los afiliados para hacer propaganda política debe ser sancionado por la superintendencia y eso es lo que estamos solicitando”, afirmó la diputada Yeomans.

Por su parte, la diputada del Partido Comunista Karol Cariola agregó: “Me parece inaceptable que AFP Cuprum haciendo uso privilegiado de los datos que tienen de sus afiliados, de los trabajadores y trabajadoras estén haciendo propaganda electoral de una manera antojadiza, haciendo una interpretación de los programas políticos de los candidatos, no es el deber de las AFPs”.

El diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson enfatizó: “Es realmente inaceptable que AFP Cuprum haya utilizado la base de datos de clientes, de afiliados para generar una intencionalidad política a partir de la elección presidencial del próximo 21 de noviembre. Esto es algo que viola de manera absolutamente flagrante lo dispuesto en la legislación en particular el uso de los datos de los afiliados, por lo tanto, es urgente que la superintendencia de pensiones se pronuncie”.