Las rectoras y rectores de las 18 universidades del Estado, agrupados en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), emitieron una declaración en la que rechazaron un oficio enviado por los diputados de Renovación Nacional Cristóbal Urriticoechea y Harry Jürgensen.

En la solicitud de los parlamentarios pidieron a la Universidad de Chile y a la Universidad de Santiago de Chile la entrega de los datos de "cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo", así como la identidad de las y los docentes que imparten estos cursos. Esto último fue considerado por las casas de estudio como "una petición abusiva y con un fin persecutorio".

Entre las universidades firmantes se encuentran las dos mencionadas, además de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Talca, Universidad de la Frontera, Universidad de Atacama, entre otras.

"Las rectoras y rectores de las 18 universidades del Estado manifestamos nuestro rechazo a la solicitud presentada vía oficio por los diputados Cristóbal Urriticoechea y Harry Jürgensen", comienza el escrito.

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"En nuestra calidad de universidades públicas y de acuerdo con la legislación que nos rige, guiamos nuestro quehacer por los principios de equidad de género, respeto, tolerancia e inclusión, entre otros, los que debemos respetar, fomentar y garantizar, y que son vinculantes para todos los integrantes de nuestras comunidades. En este sentido, el desarrollo de programas que tengan como propósito avanzar en la inclusión y equidad de género nos permite construir una sociedad más democrática, justa, reflexiva y tolerante, que avance en la superación de las desigualdades que históricamente han afectado a las mujeres y las minorías en Chile y en el mundo", argumentaron.

En la misma línea, sostuvieron que "rechazamos la utilización de facultades públicas con miras a censurar, limitar o vulnerar tanto la libertad de cátedra, como la autonomía de nuestras instituciones, principios esenciales para el adecuado funcionamiento de los sistemas de educación superior en toda sociedad democrática, y debidamente reconocidos y resguardados en nuestra legislación".

Las universidades terminan la declaración reafirmando el compromiso de "propiciar espacios de reflexión" y de "formar profesionales que aporten al conjunto de la sociedad y que velen por la justicia social y el bien común".

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Cabe destacar que, según informó La Tercera, los parlamentarios en el mismo oficio solicitaron a otros órganos estatales los recursos fiscales utilizados en "terapias de reemplazo hormonal", "intervenciones quirúrgicas como masectomías, metoidioplastías (cirugía de reasignación de sexo), histerectomías (extracción de útero), ooforectomías (extirpación de ovarios) y orquidectomías (extracción de testículo)".

Académicas y académicos de la Usach y de la U. de Chile repudian el oficio

La Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH), como institución aludida publicaron un comunicado en donde denunciaron este requerimiento "por su carácter persecutorio y discriminatorio toda vez que solicite individualizar actividades, organismos educativos relacionados con la enseñanza de la igualdad y equidad entre los géneros. En primer lugar, la solicitud de los Diputados está en violación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), suscrita por el Estado de Chile".

"El requerimiento de los Diputados incurre en un lamentable error conceptual al referirse al 'género' como 'ideología', cuando se trata de un concepto concebido para categorizar la conformación de identidades de las personas. Incurre en un error similar al de la Iglesia Católica cuando condena a Galileo Galilei por su modelo astronómico heliocéntrico", argumentaron.

Por su parte, las y los académicos de la Usach señalaron su compromiso, en cuanto intelectuales, docentes e investigadores, con «una agenda civilizatoria que promueva la perspectiva de género, la educación no sexista, la inclusión y la promoción justa de todas las personas, sin importar su identidad, etnia, raza, edad, género o nacionalidad».

«Nos declaramos en estado de alerta ante este tipo de actos políticos electorales», continúa la declaración, asegurando que iniciativas de este tipo «buscan mancillar una tradición pública de servicio y formación de profesionales de excelencia que buscan la integración social y la justicia social como imperativos éticos de ejercicio público de cualquier profesión en el área de las ciencias, las humanidades, la ingeniería, las ciencias sociales y económicas, y la pedagogía».