Una nueva filtración con el nombre de Pandora Papers ha vuelto a desatar una tormenta entre la opinión publica al revelar más de 27.000 compañías offshore u opacas y a casi 30.000 de sus beneficiarios. Esta investigación vuelve a poner de manifiesto cómo las multinacionales y los multimillonarios utilizan la ingeniería y guaridas fiscales para evadir y eludir sus obligaciones tributarias. Porque la evasión y la elusión fiscal no son casos aislados o coyunturales: entrañan un fenómeno estructural del capitalismo líquido de nuestro tiempo, íntimamente ligado a la ofensiva neoliberal que desde hace décadas azota nuestras economías. No son manzanas podridas: son ladrones que arrasan con los manzanos comunes, pero se niegan a contribuir a su cultivo colectivo.

Los Pandora Papers señalan a un buen número de esos ladrones, millonarios y famosos. Entre ellos, más de 330 políticos y cargos públicos, donde destacan tres jefes de Estado latinoamericanos en activo que tienen en común ser parte de la ola reaccionaria que azota la región, además de ser empresarios acaudalados: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. En Brasil, los Papeles de Pandora apuntan a dos de los hombres más poderosos del mundo económico y político del bolsonarismo: el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Además, hasta 11 ex mandatarios de Colombia, Perú, Honduras, Paraguay o Panamá están presentes en la lista. Todo por el dinero, podría ser el lema de esta minoría peligrosa que esconde en guaridas fiscales su fortuna y que se ha convertido en sinónimo de desigualdad, recortes y pérdida de derechos sociales para la mayoría.

En esta lista de estafadores, un nombre resalta sobre el resto: el del presidente Sebastián Piñera, la cuarta fortuna de Chile –estimada por Forbes en unos 2.900 millones de dólares– y construida al calor de su cercanía o vinculación con el poder político. Una biografía trufada por escándalos, económicos y/o fiscales que le han puesto en alguna ocasión al borde de la prisión, aunque hasta el momento haya salido indemne. Los Pandora Papers vuelven a poner en evidencia cómo Piñera utilizó su influencia y cargo público para beneficio propio en el llamado proyecto Dominga, que ya investiga la Fiscalía. Veremos si al final Piñera se convierte en el primer Presidente chileno que desde el retorno a la democracia en 1990 no termina su mandato. Las calles llevan mucho tiempo demandando que Piñera sea desalojado del Palacio de La Moneda por sus crímenes contra los derechos humanos al liderar la represión ejercida contra su pueblo a raíz de la movilización del 18 de octubre de 2019. Y ahora también por ladrón, por poner las instituciones al servicio de sus intereses personales.

Ante las nuevas evidencias reveladas por los Pandora Papers que señalan los negocios turbios del Presidente y el inicio de la investigación de la Fiscalía contra él, Piñera ha reaccionado intentando desviar el foco de la opinión publica militarizando las regiones de la Araucanía y Biobío como cortina de humo para tapar sus negocios y escándalos. Aunque sea a costa de reavivar el conflicto mapuche, utilizando una vez más al Ejército y la represión, que sólo pueden exacerbar una escalada de tensión y violencia en el país. De igual manera, pero con unos días de diferencia, otro de los presidentes en funciones señalados por los Pandora Papers, el banquero Guillermo Lasso, ha declarado el pasado 18 de octubre el “Estado de Excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días”. Ambos presidentes esconden sus vergüenzas sacando al Ejército a la calle.

Que Piñera no termine su mandato es una cuestión de higiene democrática. Pero si algo revela los Pandora Papers es la necesidad de actuar decididamente contra ese agujero negro en el que se ha convertido la evasión y elusión fiscal que se alimenta de democracia y equidad. De tal forma, que la lucha contra los evasores, los facilitadores y las guaridas fiscales debería ser hoy un elemento central en el combate contra la desigualdad y por la democracia. Chile vive un extraordinario momento político y una gran oportunidad para que el proceso constituyente pueda blindar derechos, pero también para constitucionalizar una política fiscal equitativa, redistributiva y progresiva que permita sufragar estos derechos.

Desde diferentes países, instituciones y plataformas ciudadanas, se han puesto en práctica medidas concretas para luchar contra la evasión y las guaridas fiscales, que pueden ser un ejemplo que inspire el proceso constituyente chileno para que se convierta en un ejemplo internacional de lucha por la equidad, desterrando la lógica neoliberal de la crisis fiscal de los estados. Medidas que contemplen que ningún representante público pueda tener cuentas en el extranjero o empresas offshore; ninguna empresa contratada por las instituciones y con dinero público que tenga filiales o cuentas en paraísos fiscales;   aplicar una normativa contable que obligue a las multinacionales a presentar información económica relevante estructurada por su base de negocio y de actividad real por país, para tributar en cada territorio en base a la presencia de personal, capital físico y beneficios efectivos extraídos en el mismo, evitando el abuso en los precios de transferencia. Sanciones efectivas, como la perdida de la licencia para operar, contra los bancos y bufetes que actúen como facilitadores necesarios para la evasión fiscal. Elaborar una lista veraz de países que actúan como guaridas fiscales… Estas serían sólo unas cuantas medidas de las muchas que se podrían aplicar y constitucionalizar, porque realmente el debate no es tanto una u otra medida concreta sino colocar la lucha por el reparto de la riqueza en el centro del debate y de la acción política. Sólo así podremos conseguir que esta vez la crisis no la paguen las clases populares. Esta vez, que paguen los ricos.