A exactos dos años del inicio del estallido social en nuestro país, y en medio de diversos actos conmemorativos de la emblemática fecha que marca la historia reciente de Chile, las violaciones a los derechos humanos constituyen un tema que se instaló en a agenda pública en el contexto de hechos protagonizados por personal de Carabineros en medio de las multitudinarias manifestaciones con las que hemos convivido desde octubre de 2019.

Considerando la envergadura del tema, la lentitud de las indagatorias en casos que complican al Ejecutivo, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, conversó con ADN.

De acuerdo a sus declaraciones, la organización que lidera busca responsabilidades administrativas al interior de Carabineros. En este sentido, planteó que existe “responsabilidad por omisión, por no hacer lo suficiente para detener lo que estaba ocurriendo y dar órdenes contrarias”.

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Para Piquer, hay una certeza que une a todos quienes abogan por la protección a los derechos humanos. “Estamos más cerca de la impunidad que de la justicia. Hoy en día estamos en una capacidad tardía de la Fiscalía para reaccionar, porque se vio muy sobrepasada para responder. Y también en asegurar los recursos, tanto en Fiscalía como en policía, para hacer la investigaciones. Ha habido una cadena de dificultades para hacer las investigaciones. Por eso hemos estado trabajando con la Fiscalía, para que se haga la justicia en Chile y no en instancias internacionales”, aseguró.

Respecto de la labor de Amnistía internacional, detalló parte del trabajo que están haciendo. “Hemos trabajado directamente con Fiscalía, para ejercer presión, para contribuir con las investigaciones, que las víctimas no tengan que esperar 20 años para encontrar justicia, como el caso de Álex Lemun“, dijo.

En su opinión, el escenario judicial actual de los casos de violaciones a los derechos humanos “ha estado en los autores materiales, no en los mandos. (…) La justicia ha operado de manera distinta para personas imputadas por delitos cometidos durante el estallido social. Se usan criterios diferentes”. Lo anterior, agregó Piquer, a propósito de las prisiones preventivas contra los detenidos y ante las condenas contra efectivos de Carabineros.

Posteriormente y asumiendo la proximidad de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está agendada para el 21 de noviembre, en Amnistía Internacional no visualizan voluntad real de reformar las policías, pese a que el tema se ha debatido insistentemente desde el inicio del estallido social. “Se necesita una nueva policía que necesita una lógica diferente”, cuestionó Piquer en contraposición a la actitud evidenciada por el gobierno. “Su discurso ha sido de apoyo irrestricto (a Carabineros)”, cuestionó.