Un libreto conocido. Grupos de presión exigiendo una acción decidida del gobierno y la sistemática negación hacia el movimiento mapuche como un actor político, o sea, como un interlocutor válido. Esta dicotomía, para el sociólogo Nicolás Rojas, es parte de la dinámica que ha perdurado en el último tiempo y que no duda en calificar como “populismo punitivo”.

La declaración de estado de excepción en cuatro provincias del sur del país -Bíobío, Arauco, Malleco y Cautín- sería la prolongación majadera de una serie de sucesos donde la militarización del territorio, sería una escenificación más dentro de una serie de performances a la que ya nos hemos acostumbrado, como lo fue operación Huracán y el cuestionado Comando Jungla. O, dicho de otro modo, como sostiene Rojas, la consagración de la violencia como espectáculo.

-¿Qué señales crees que está dando el Gobierno la instalar el estado de excepción en la Araucanía?

Es parte del populismo punitivo que en medio de campañas electorales es muy rentable en los sectores más conservadores. Así mismo, el presidente cuelga de una cuerda floja en estas últimas semanas, arriesgando una destitución, y hoy necesita fortalecer el vínculo con su poderosa clientela política y empresarial de la Araucanía. Necesita que lo blinden, la élite local de la zona, y el gran capital forestal que mueve los hilos de nuestra política. Necesitan refidelizar una élite conservadora que hoy se les escapa, prefiriendo a Kast que al candidato oficialista. Para el cálculo político ya no hay escrúpulos de continuar violando los derechos humanos, contraviniendo todas los informes y recomendaciones de organismos internacionales. Este es un gobierno que hace política/espectáculo, les importa más el efectismo comunicacional que contribuir a la construcción de la paz, que no será más que consecuencia de la justicia, del diálogo real y de un resguardo responsable y selectivo del orden público.

-¿Crees que los crecientes incidentes en la macrozona, justifican el aumento de la represión por parte del Gobierno?

Estamos frente a una escalada de la violencia, pero eso ya es prácticamente una constante en las últimas décadas de aumento de la represión y de diálogos artificiosos, entre amigos y sin sostenibilidad. Llevamos más de dos décadas con una élite que presiona a los gobiernos para que repriman y nieguen al movimiento mapuche como actor político, como interlocutor, resguardando así sus intereses económicos en la zona, y la película ya es conocida: aplauden cada vez que los gobiernos aumentan el contingente policial en la zona, pero como esto no hace más que enardecer los ánimos y la violencia en la zona, luego le reprochan a los gobiernos que no ponen suficiente mano dura. Y así la escalada de violencia no se detiene, sigue con un libreto ya conocido. La operación Huracán, el Comando Jungla y la militarización, serían algo así como capítulos reiterativos de una serie predecible y majadera. El efecto radicalizador de la represión en Wallmapu tiene más de 20 años de evidencia, y a nivel internacional también está demostrado: cuando la inclusión y la canalización política del conflicto no es efectiva, cuando no hay incentivos reales para desplegar institucional y pacíficamente las demandas, cuando no se premia de verdad la moderación política, la represión, sobre todo cuando es indiscriminada, no hace más que fortalecer la posiciones radicales e insurreccionales. El clientelismo y la cooptación de dirigentes no sirve, no le da sustentabilidad a la paz. Solo divide e incluso genera más conflicto.

¿Cuáles visualizan que podrían ser los efectos esperables frente a esta decisión del Gobierno? 

En teoría no debiese ser tan distinto al contexto en la pandemia, pero este gobierno monta espectáculos. Entonces veo tres riesgos o efectos esperables. El primero es el aumento de los abusos y violaciones a los derechos humanos en el territorio, donde finalmente quienes más la sufren son niños, mujeres y adultos mayores. La segunda. Es la radicalización y la difusión de los repertorios más radicales entre las organizaciones mapuche. En el marco de lo que ellos entienden como autodefensa. Y lo tercero, es la movilización solidaria con la causa mapuche a lo largo del territorio nacional. Algo como lo ocurrido con el asesinato de Catrillanca el 2018, lo que fue la antesala o una suerte de ensayo general del estallido del año siguiente. El escenario político en el país está tan abierto, con un nuevo aniversario del Estallido ad portas, que es una irresponsabilidad azuzar la protesta en un contexto de tantas oportunidades políticas para el activismo, tan propicio para la movilización y la protesta. El estado de excepción y la militarización es una irresponsabilidad mayúscula, es encender una mecha en un mar con petróleo derramado. Reparación real y diálogo con los verdaderos involucrados en el conflicto territorial es la alternativa que el Estado se niega a adoptar, y continúan majaderamente por gestionar policialmente un conflicto que es político. Esta clase política que hoy nos gobierna tiene demasiados intereses creados en el territorio y redes clientelares que los inhabilita para abordar responsablemente el conflicto. Hoy se requiere una mediación internacional y una nueva clase política, que esperemos en un nuevo Chile emerja.

-Intervenciones de este tipo a lo largo de la historia han ocurrido ya, ¿Qué elementos de reflexión podríamos rescatar de sucesos parecidos en el pasado?

Lo primero que se viene a la mente es la historia de las tres invasiones militares a Wallmapu: la del ejército español, luego la del ejército chileno de Cornelio Saavedra y luego la del ejército de Pinochet, con su contrareforma agraria y la implantación de las industrias forestales. Todas sangrientas, pero el Pueblo Mapuche ha sobrevivido en sus instituciones y cultura, es decir como sujeto político. No han servido para anular su proyecto colectivo, no han servido para despolitizarlos por decirlo así. En la teoría el estado de excepción no es una invasión como tal, y debiera no ser muy distinto a lo ocurrido en durante la pandemia, con la presencia militar en la zona. Uno podría decir que no será nada tan fuera de libreto. Sin embargo, la protesta mapuche creció incluso más desde la pandemia, no solo cuantitativamente, sino también en su capacidad disruptiva. En el ideario mapuche la violencia colectiva se basa en la autodefensa, entonces un contexto como este no hace más que despertar mayor resistencia. Tristemente estamos frente a un gobierno que hace política-espectáculo, y el supuesto apoyo que los militares brindarán en la zona, puede ser más altisonante que durante el peak de la crisis pandémica.

[caption id="attachment_694143" align="alignnone" width="1024"] Agencia Uno[/caption]

-Esta medida adoptada por el gobierno dice relación con la presencia de grupos armados y un discurso sobre la proliferación de casos vinculados al tráfico de drogas y robo de madera. ¿Cómo ves la instalación de esta retórica desde el punto de vista del delito?

Desde el 2014, luego del asesinato de José Quintriqueo, y plena arremetida represiva liderada por el ex subsecretario Aleuy, comenzaron a verse con mayor regularidad las armas de fuego y los enfrentamientos en carretera. Es un hecho la presencia de grupos armados, y luego de la arremetida del Comando Jungla, con Antorcha y Huracán aún frescos, se ha ido consolidando su presencia en el territorio. Por un lado, las grandes organizaciones políticas mapuche han ido pasando de las piedras y boleadoras a las escopetas, reconociendo que para defender sus hábitat y resistir en sus recuperaciones territoriales no les sirve estar desarmados. Por otro lado, el robo de madera se instaló como una alternativa para quienes no quieren asumir el costo de la represión y recuperan, por decirlo así, ambulatoriamente los recursos del territorio, y de paso sabotear a las forestales. No tienen armas y no están dispuestos a instalarse en predios a resistir, más bien van y vienen. Es una práctica muy transversal en el territorio, les parece justo y válido. Y respecto a la droga, estaría ingresando en territorio mapuche, como lo ha hecho en todo el país, con chilenos y mapuche involucrados. No hay indicios de grandes plantaciones ni de organizaciones mapuche históricas involucradas, más bien parecen iniciativas que algunas organizaciones y comunidades específicas que  lo  desarrollan autónomamente en sus predios. No hay una vinculación organizativa con el movimiento mapuche, la vinculación es más bien territorial. Es como si a la gente de La Dehesa, porque hay narcos en Lo Barnechea los comenzaran a acusar de narcos, generalizadamente. Pero esta narrativa que vincula al movimiento mapuche con el narco es muy rentable comunicacionalmente y se ha ido instalando sobre todo desde el gobierno y sus audiencias de extrema derecha en redes sociales. Para invalidar las demandas de los excluidos, y justificar las hegemonías, siempre existirán dispositivos y estigmas ad-hoc. Narco terroristas ha sido una construcción muy rentable para validar la represión. Mañana será otra, salvo que vivamos en un nuevo Chile.