Los papeles de Sebastián Piñera siempre han estado a la vista de Chile y el mundo, pues se trata de un empresario que, desde hace décadas, se dedica a la política. Es más, Piñera durante dos periodos fue electo Presidente de la República gracias a haber obtenido la mayoría de los votos en las elecciones del año 2010 y 2017. De hecho, en esta última elección, obtuvo una inapelable victoria (3.796.579 votos) sobre sus contendores del Frente Amplio y la Nueva Mayoría. Hay que recordar que, en su primer periodo como mandatario, sus más férreos opositores, que iban desde la ultra izquierda a la Democracia Cristiana, se cansaron de otorgarle canciones, murales, portadas de revistas, campañas de hashtag en redes sociales y las multitudinarias marchas callejeras siempre iban adornadas con su cabeza sometida a una horca o similar. Aun así, y de manera sorprendente para sus contrincantes, Piñera logró ser electo para un segundo periodo presidencial, situación que dejó a muchos, en la izquierda, escupiendo la frustración de la derrota a punta de maldiciones para ese “facho pobre” que la había otorgado aquel inapelable triunfo.

Para los politólogos y filósofos de la política, este fenómeno radicaba en que Piñera sabía diagnosticar bien el presente cultural de una sociedad desleal, aspiracional y dinámica, misma que el año 2011 había salido a marchar por el fin al lucro en la educación, para luego oponerse a que sus hijos fueran forzados por el gobierno de Bachelet (cómo olvidar los patines de Nicolás Eyzaguirre y la retroexcavadora de Jaime Quintana), a mezclarse con los hijos de la educación pública (recordemos que en este capítulo sobre quién se atrevía a matricular a sus hijos en escuelas públicas hubo contradicciones más patéticas que las recientes sobre el retiro del 10%). Es decir, el denominado “fenómeno Piñera” consistía en saber leer de manera práctica (lejos de los habituales trastornos de realidad que padecen las izquierdas) los anhelos, miedos y pasiones del pueblo presente. Quizás por esto mismo le resultó tan efectiva la campaña de “chilezuela”, en la que salía a defender los logros de Chile durante los últimos 25 años, versus el fracaso del régimen socialista venezolano. Piñera hizo algo que la Concertación nunca logró capitalizar políticamente: el reconocimiento ciudadano del modelo post Pinochet.

Pero una cosa podrán ser los buenos diagnósticos y otra la administración del malestar ciudadano que, en este caso, correspondería a uno extraño, similar a los primeros días de Covid-19, cuando la ciencia caminaba a ciegas frente a este implacable y voraz virus. Y es que cuando muchos creían y escribían (cómo olvidar las columnas del rector Peña) sobre el segundo periodo de Piñera como sinónimo de la consolidación del proyecto cultural de la derecha, aterrizando para legitimar definitivamente el orden económico y social escrito por la Comisión Ortúzar, emerge una desbocada turba de frustración y rabia, protagonizada principalmente por jóvenes estudiantes secundarios (mismos que hicieron tambalear los primeros días del primer gobierno de Bachelet). Por supuesto que esa joven energía no habría sido suficiente para lograr, por sí misma (es decir, desde los saltos al torniquete del Metro), llegar a los acontecimientos que hoy se presentan como aquel hito del estallido social del 18 de octubre (algo que en lo simbólico llevará a que la redacción de la nueva Constitución comience en esta misma fecha). Aunque incomode a muchos, es justo y necesario recordar que, sin los atentados a las estaciones del Metro de Santiago, es probable que el 18 de octubre del 2019 no hubiera pasado a constituirse en una fecha a destacar en el calendario de la historia. Esperemos que, cuando se conozca a los responsables de estos atentados, los redactores de la nueva Constitución no sientan arrepentimiento por haber tributado a esta fecha como hito fundacional de la primera carta magna del siglo XXI (imagine usted lo que sería conceder agradecimientos de prólogo a la CIA o a los servicios de Inteligencia de China).

Entonces Piñera, a un año de haber sido electo por una inapelable mayoría de votos, quedaba en un escenario de cuerda floja, similar al de esos mandatarios que salen arrancando de sus casas en helicóptero. Fue gracias a un pacto político transversal que el Presidente logró capear la ola del estallido social. De hecho, sus cercanos reconocen que fueron horas donde la renuncia estuvo a minutos. Es indudable que el acuerdo por la nueva Constitución permitió que Piñera pudiera seguir gobernando. Por lo mismo es que para muchos derechistas, hoy arrepentidos de haber defendido al Presidente en medio del estallido, la cabeza del mandatario les costó la Constitución del 80 (aun cuando lograron salvar los 2/3) y para los del sector financiero la paga fue aún mayor por salvarlo: el derrumbe de las AFP.

Hoy Piñera –cuya suerte, hay que decirlo, siempre le ha jugado a favor, tanto así que le puso una pandemia global como segundo salvavidas (el primero fue el acuerdo por la nueva Constitución)– aparece nuevamente en el ojo del huracán por sus negocios. Aparece nuevamente, pues ya todos fuimos testigos de anteriores escándalos de uso de información privilegiada (caso LAN), aprovechamiento de su poder como mandatario para sacar ventajas en los negocios (caso Exalmar) y, si vamos más atrás escarbando su participación en negocios fraudulentos, llegaríamos hasta el episodio del Banco de Talca. Es decir, este caso de la venta de la minera Dominga a su compa Délano, en un paraíso fiscal y con una cláusula indecorosa (la protección ambiental del sector donde se instalaría la minera), no es más que un nuevo antecedente para sumar a los híper conocidos papeles de Piñera.

Puede que ahora, en pleno proceso de re-configuración del Estado a manos de la nueva Constitución, las instituciones dejen de proteger la cabeza del mandatario (el instinto de supervivencia es más fuerte). Por lo mismo es que la Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación en su contra tras revelarse los Pandora Papers. Desde hoy Piñera (y el Choclo Délano) se encuentra siendo investigado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por presuntos delitos tributarios, cohecho y soborno en compraventa de minera Dominga. Por otro lado, parlamentarios de todos los sectores (incluida la derecha) están amenazando con una acusación constitucional en su contra.

Nadie sabe cuánto puede durar la investigación de la fiscalía contra Piñera. Es probable que esta pudiera extenderse hasta más allá del día final de su mandato. También es difícil imaginar una mayoría en la Cámara de Diputados para votar a favor la admisibilidad de una acusación constitucional y, más complejo aún, proyectar que luego sea declarado culpable en el Senado, instancia donde se requiere el apoyo de los dos tercios de los senadores en ejercicio.

Lo cierto es que la destitución de Piñera ahora, cuando falta un mes y medio para elegir a un nuevo Presidente y casi cinco meses para el término de su mandato, quedaría como un acto simbólico o, en el mejor de los casos, en una prisión preventiva para el empresario. Otra cosa hubiera sido destituirlo antes, en esos días de fuego y pasiones que inundaron las calles del país, pues quizás, para bien (evitar las muertes, torturas y agresiones a manifestantes que generó la defensa de su mandato a manos de carabineros) o mal (con su renuncia no hubiera existido acuerdo por la nueva Constitución), la salida de Piñera en octubre de 2019 hubiera cambiado el destino de Chile y hoy no existiría esa foto del Presidente posando en la Plaza Baquedano, de piernas cruzadas y con una risa burlona, a la misma hora que el país padecía uno de los estados de excepción más duraderos de la historia.