Este jueves, 57 constituyentes se unieron en una declaración pública con el fin de hacer una interpelación al Congreso, particularmente al Senado, para pedir celeridad en la tramitación de la Ley de Indulto General, junto a familiares de presas y presos de la revuelta popular.

Los integrantes de la Convención Constitucional hicieron un llamado, mediante un escrito, a aumentar la presión ciudadana y manifestarse a favor de la iniciativa. Así también, emplazaron al Congreso a dar una solución política a la prisión y persecución política de las personas detenidas en el contexto de las manifestaciones que iniciaron en octubre de 2019.

A través de una carta, manifestaron que la Ley de Indulto General, iniciativa “de la más alta urgencia, importancia y significación”, ha sido tramitada “de una manera dilatoria y hasta displicente por una buena parte de las y los congresistas de la Cámara Alta”.

Al respecto, destacaron que el proyecto haya “pasado favorablemente” por las comisiones de Derechos Humanos, Seguridad Pública y de Constitución, donde se emitió el informe correspondiente a esa etapa, después de su ingreso el 9 de diciembre de 2020 al Senado.

Inexplicable “dilación” de la Ley de Indulto

Sin embargo, señalan que “el proyecto de ley debía ser abordado en la Sala por el conjunto de las y los senadores, pero lamentablemente la dilación del trámite del proyecto ha proseguido sin mayores explicaciones, cuestión de la que es responsable tanto la Mesa del Senado, como los distintos Comités de bancadas que integran la Cámara Alta”.

“Estos últimos, en reunión de Comités celebrada el 13 de septiembre, decidieron volver a remitir el proyecto de ley a Comisión de Constitución, esta vez para su votación en particular, cuestión que, como señalamos anteriormente, sólo se realizó el día de ayer”, expresan.

“A 11 meses de su ingreso al Senado, aún está pendiente abrir el plazo para la presentación de indicaciones y tanto los Comités como la Mesa del Senado tienen hasta ahora a este tan importante y significativo proyecto en el número 71 de la Tabla, lo cual podría implicar el transcurso de varios meses más para que sea visto y votado en Sala”, cuestionan en la carta.

Por las circunstancias descritas, concuerdan que “se hace urgente que todas las organizaciones, dirigencias y personas comprometidas con las causas y anhelos expresados en la revuelta popular iniciada en octubre de 2019, levantemos la voz e intensifiquemos la legítima presión popular para obtener la libertad de las y los presos de la revuelta”.

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Según enfatizan, las personas detenidas han sido procesadas “en juicios con numerosas irregularidades y bajos estándares probatorios, utilizando normativas de excepción y criterios punitivos que contrastan fuertemente en relación a un sinnúmero de situaciones y juicios donde ha campeado esa impunidad e injusticias que se encuentran entre las causas centrales del estallido y la revuelta popular, haciéndose un uso abusivo de la prisión preventiva y en delicadas situaciones carcelarias”.

Así, hicieron “una interpelación pública a la Mesa del Senado, integrada por la senadora Ximena Rincón y el senador Jorge Pizarro, como asimismo al conjunto de las bancadas parlamentarias, a tramitar de manera rápida y favorable” el proyecto de Indulto General.

Lo anterior, para “así contribuir a dar una solución política a la prisión y persecución política de las personas detenidas con ocasión de las protestas y manifestaciones populares que han marcado la historia reciente de nuestro país y que, como es de conocimiento de todas y todos, resultaron fundamentales en la apertura del proceso constituyente en que nos encontramos”.

Entre quienes firman la misiva, se encuentran constituyentes de Apruebo Dignidad, Pueblo Constituyente, Lista del Apruebo, Independientes No Neutrales y de los escaños reservados para los Pueblos Originarios, entre otros.