Hace un tiempo, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), solicitó a Contraloría (CGR) que encabezara una investigación con foco en la Subsecretaría de Salud tendiente a aclarar eventuales irregularidades en la entrega en arriendo de ventiladores mecánicos a establecimientos de salud privados en el contexto de la pandemia del coronavirus.

La información que revela este martes un reportaje de Interferencia, vuelve a poner en entredicho la gestión de Arturo Zúñiga, actual convencional de la UDI. Respecto de los hallazgos, destaca la entrega que detectó el ente fiscalizador de equipos sin mediar contratos con privados beneficiados que asciende a un total de $432 millones que el Estado dejaría de percibir al no cobrar arriendo por estos equipos.

Específicamente y de acuerdo a un informe de la semana pasada de Contraloría, una serie de decretos, circulares y normativas del Ministerio de Salud en pandemia establecían el cobro de arriendo por parte de la Subsecretaría.

Hernando, considera que el mencionado reporte “revela una serie de irregularidades mientras el responsable era el señor Zúñiga”, luego de lo cual analiza el tema con mayor profundidad.

Paralelamente, la parlamentaria cuestiona que el ex subsecretario integre la Convención. “Cuando debería estar dando explicaciones de todas las irregularidades que se cometieron con los ventiladores (...) van a tener que hacer un juicio de cuentas en el Ministerio respecto de los recursos que hoy no se sabe dónde están, cuyos valores aún no han vuelto al Ministerio”, asegura.

Mientras tanto, Contraloría estableció un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe para que la Subsecretaría actualice el cálculo de ingresos no percibidos por el sistema de salud público y adopte “las medidas necesarias para recaudar las sumas pendientes por concepto de arriendo de los equipos”.

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Santiago Oriente, la zona más dañada

En relación a los servicios de salud más perjudicados por ingresos no cobrados, el Metropolitano Oriente destaca por ser el área en la que se entregaron ventiladores por un monto calculado en $187 millones.

Respecto del detalle, Clínica Las Condes adeuda $41 millones, pese a que en el recinto argumentan que no usaron ninguno de los ventiladores entregados.

La secundan Nueva Clínica Cordillera ($36 millones), Hospital Clínico de la Universidad de Los Andes ($32 millones), Clínica Santa María ($31 millones), Fundación Arturo López Pérez ($24 millones), Clínica Indisa ($12,2 millones) y Clínica San Carlos de Apoquindo ($11 millones).

Pero hay un recinto que lidera el listado que no corresponde al sector oriente, el Hospital Clínico de la Universidad Católica, que adeuda $64 millones y pertenece al Servicio de Salud Metropolitano Central.

Con este último, los centros asistenciales asociados a la Universidad Católica acumulan una morosidad de $76 millones, mientras que la Red Salud Bicentenario adeuda ($47 millones).

La nómina no termina y considera además a Clínica Sanatorio Alemán ($6 millones), Clínica Isamédica ($9 millones), Hospital Parroquial de San Bernardo ($10 millones), Clínica Dávila ($23 millones), Clínica BUPA Santiago ($33 millones), Clínica Vespucio ($24 millones), Mutual de Seguridad ($7 millones) y el Hospital del Profesor ($23 millones).

Ventiladores incompletos e inutilizados

Adicionalmente, el sumario de Contraloría constató la entrega de ventiladores a establecimientos privados desde donde argumentan que jamás los usaron. El detalle apunta además a equipos con piezas faltantes y el despacho directo de este insumo a privados sin que pasaran por el servicio de salud público, como lo establece el propio Ministerio de Salud.

En este sentido, la entidad detectó que 141 ventiladores entregados por Redes Asistenciales directamente a recintos privados, sin que pasaran por el servicio público correspondiente. Y en algunos casos, sin emitir actos administrativos, lo que redunda en una merma de recursos para el sistema público.

La apremiante situación sanitaria, es parte de la argumentación de la autoridad, donde apuntan a la entrega de ventiladores "en el momento en que los contagios iban en alza y cuando los establecimientos comunicaban contar con la capacidad para implementar nuevas camas UCI”.

Entrega de ventiladores sin contrato

En todo caso, informaron a Contraloría que “una vez que dichos equipos fueron entregados, se iniciaron las acciones tendientes a regularizar las transferencias de dichos dispositivos”.

Como sea, el caso es que la subsecretaría liderada por Zúñiga hizo entrega de ventiladores antes y después de la publicación del respectivo oficio, sin firmar contrato con varios de los establecimientos privados beneficiados con la llegada de los ventiladores.

En consecuencia, Contraloría estableció dos modalidades para calcular la merma económica que generó este sistema de arrendamiento de ventiladores comprados por el Estado, sin mediar contratos.

Específicamente, el cálculo arroja $432 millones no cobrados a privados, tomando en cuenta como precio diario de arriendo el valor máximo establecido por la propia Subsecretaría, que llega a $56.704 diarios.

No obstante, las clínicas privadas podrían descontar la mitad de esta deuda, por concepto de ventiladores devueltos o no usados.

Considerando esta variable, Contraloría calcula en $221 millones los ingresos que no recibieron los servicios de salud pública.

En tanto, por concepto de ventiladores no utilizados también hay irregularidades. De acuerdo a lo constatado por la entidad fiscalizadora, la subsecretaría de Zúñiga no recopiló los antecedentes necesarios para evidenciar las necesidades de los equipos en el sector privado, dando curso a su entrega sin que fueran posteriormente utilizados, caso del Sanatorio Alemán, Clínica Indisa y Clínica Las Condes.