Una vez el dramaturgo Juan Radrigán, cuando se le preguntó cómo definiría a Sebastián Piñera (entonces Presidente de Chile en su primer gobierno), lo pensó unos segundos y dijo: “Si Dios se encontrara con Piñera le diría: ‘Te lo he dado todo: te he hecho rico, te hice Presidente de Chile, te di todos los privilegios, ¿qué más quieres?, ¿acaso quitarme el puesto?’”. Tal vez aquella es la mejor definición que se ha hecho de él. Piñera, como buen católico que dice ser, sabe que no puede quitarle el puesto a Dios, pero hay seguramente un profundo desencaje sicológico en su construcción pública que lo hace parecer acometer el despropósito de querer intentarlo. Desde el sicoanálisis, algunos detectan este tipo de conductas asociadas a un narcisismo agudo, donde se es incapaz de ver al otro y a lo otro, ni tampoco de dimensionar las consecuencias de una suerte de inmunidad e impunidad que suponen determinadas personalidades al sentirse poderosas. El reciente hallazgo de la participación del Presidente en el negocio de la mina Dominga en las Islas Vírgenes Británicas (vaya nombre para este paraíso fiscal), recién publicado por CIPER (https://www.ciperchile.cl/2021/10/03/pandora-papers-familias-pinera-y-delano-sellaron-millonaria-compraventa-de-minera-dominga-en-islas-virgenes-britanicas/), a menos de dos meses de que los seremis de su gobierno aprobaran el proyecto en la Región de Coquimbo, constituye un escándalo político de proporciones que recuerda las palabras de este lúcido dramaturgo ya fallecido.

Se sabía que la familia Piñera Morel había sido parte de la propiedad del proyecto minero Dominga, junto a su amigo Carlos Alberto Délano, controlador de Penta y quien estuvo unos meses en la cárcel involucrado en el financiamiento ilegal de la política y de políticos. Por ello, entre otras cosas, publicamos una columna en El Desconcierto, en la que se sostenía que por este motivo “Dominga es un proyecto minero en el que Sebastián Piñera no debió involucrarse ni con el pétalo de una rosa, pues ha tenido intereses en él” (https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/08/16/dominga-el-nuevo-hidroaysen.html). Pero nunca nos imaginamos que su involucramiento llegaría a lo que nos acaban de revelar los periodistas Francisca Skoknic y Alberto Arellano en CIPER, replicado en los más importantes periódicos del mundo en el marco de las investigaciones de los “Papeles de Pandora”, llevadas a cabo por varios medios internacionales (entre ellos CIPER en Chile): nuestro Presidente, al vender su cuota del negocio, recibió parte importante de los 152 millones de dólares que Délano pagó para quedarse con toda la propiedad, justo en el momento en que asumía como Presidente de la República. Y que por esta pasada obtuvo una ganancia del 1.000% en sólo 18 meses. Lo que hace más grave esta operación especulativa es que se ha revelado que el pago de la tercera cuota de la pasada tenía la condición de que “no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto”. Esto significaba que el gobierno no decretara el lugar como reserva natural, requisito que Piñera como gobernante cumplió, en contra de la masiva petición del mundo ambientalista. La aprobación del polémico proyecto minero, emplazado en un santuario natural único en el mundo, por parte de la “Comisión de Evaluación Ambiental” de Coquimbo (representantes del gobierno en la región), ahora se sabe, terminó de asegurar el cumplimiento de esta última prerrogativa suscrita en las Islas Vírgenes Británicas.

El escándalo, nacional e internacional, por lo ahora revelado constituye una muestra de que el presidente Piñera renunció a su condición de estadista, al persistir en privilegiar sus intereses personales por sobre los intereses del país, que es por lo que fue democráticamente elegido. Es cierto que está a pocos meses de terminar su mandato y, habida cuenta de la enorme crisis política en la que está sumido el país (huelga referirse a ello, que ha llevado incluso a una Convención Constitucional que trabaja en elaborar una nueva Carta Fundamental), algunos creerán prudente dejar pasar una vez más esta grave renuncia, teniendo elecciones presidenciales y parlamentarias ad portas. Sin embargo, lo verdaderamente criterioso pareciera ser poner atajo a una conducta que ya es contumaz.

La renuncia de la principal autoridad política del país a privilegiar el interés público por sobre su reiterado interés particular no debiera quedarse en una mera crítica a esa tendencia de intentar conseguirlo todo para sí (como indicaba con agudeza el dramaturgo Juan Radrigán), sino que debe en algún momento –ahora– tomar otro derrotero, que implique asumir costos reales ante ese vicio de a quien se depositó la confianza para dirigir el destino de una sociedad. Al margen de si hubo o no explícita ilegalidad en la mentada operación comercial, a todas luces resulta una acción que no sólo lo desprestigia a él, sino que a toda la actividad pública, ya tan mermada. El Parlamento tiene la responsabilidad de hacerlo. Sin blindajes ni componendas. Sólo eso ayudará a recobrar la fe en lo más imprescindible de una democracia: la política y la decencia.