Un juez argentino resolvió este viernes, citar a declarar al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), y le prohibió salir del país, por su presunta responsabilidad en tareas de espionaje ilegal a las familias de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan de la Armada, que desapareció en noviembre de 2017 y que hallaron hundido un año después.

"Se le imputa (que) desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley", señala la resolución del Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Dolores, a cargo de Martín Bava, publicada en varios medios locales.

El magistrado convocó al exmandatario, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos presentando su libro "Primer Tiempo", a declarar el próximo 7 de octubre y dispuso la prohibición de que salga del país.

Influir en la situación política

El espionaje investigado apuntaba, según el documento, a obtener "información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".

"Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan", agrega.

Esas acciones, continúa la resolución, "buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares", pero también apuntaban a "conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes".

"Estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri", agrega el documento.

Génesis de la investigación

En septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya con el peronista Alberto Fernández como presidente, denunció que el anterior gobierno hizo espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del submarino.

En concreto, presentó ante la Justicia una denuncia que afecta a diversos exfuncionarios, entre ellos Macri; quien fuera su jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani.

A estos dos últimos, los procesaron por encontrarlos "penalmente responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores", por supuestamente obtener información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas.

Al ARA San Juan, que pertenecía a la Armada y desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, lo hallaron un año y dos días después de perderse su rastro mediante un operativo de la empresa estadounidense Ocean Infinity, aunque sus restos, desmembrados en varias partes, y los cadáveres de sus tripulantes, nunca aparecieron.

Casi tres años después del hallazgo del submarino prosigue la investigación judicial para conocer qué le ocurrió, así como detectar si hubo irregularidades en su desaparición y búsqueda.

En 2019, una comisión investigadora del Parlamento culminó con un informe que determinó que hubo "responsabilidades compartidas" en la cadena de mando de la Armada, y en marzo de 2021 un Consejo de Guerra de esa fuerza militar sancionó a varios oficiales.