Querella en “Operación Topógrafo” se suma a problemas de Matus para llegar a la Suprema
La Comisión de Constitución del Senado decidió suspender la sesión de este lunes, que se encontraba destinada a escuchar al abogado Jean Pierre Matus, el candidato que presentó el Presidente de la República, Sebastián Piñera, para que se convierta en el nuevo magistrado de la Corte Suprema.
La instancia debía realizarse entre las 10.00 horas y las 12.30 horas, sin embargo, la información de una querella que apunta a Matus provocó que los parlamentarios decidieran postergar la sesión, para evaluar los nuevos antecedentes. En el escrito, se pide que se cite a declarar al jurista y al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, ambos en calidad de imputados.
Fue el exsargento Juan Pablo Díaz quien presentó una acción penal en contra de quienes resulten responsables por los delitos de interceptación y captación maliciosa de las telecomunicaciones, además de obstrucción a la investigación. Todo esto, en el marco de la llamada "Operación Topógrafo", referida a espionaje por parte del Ejército a denunciantes de corrupción al interior de la institución castrense.
En la querella, se detalla que Jean Pierre Matus, mientras asesoraba al Ejército entre 2019 y 2020, representó al exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Schafik Nazal.
Nazal se encuentra imputado por la Fiscalía a raíz de una querella por el espionaje al periodista que destapó el Milicogate, Mauricio Weibel, en el marco de la "Operación W", la que se investiga conjuntamente a "Topógrafo". Cabe recordar, además, que luego se descubrió que el Ejército había espiado también a otros periodistas de investigación, como Pascale Bonnefoy y Javier Rebolledo.
En el escrito, se da cuenta de que Matus presentó un escrito el 10 marzo de 2020 en el que se asegura que tres de los espiados en el marco de la Operación Topógrafo sirvieron juntos en el Regimiento Logístico Bellavista, incluyendo al conocido excapitán Rafael Harvey.
Díaz argumentó que esta afirmación habría sido parte de la justificación para efectuar las intercepciones comunicacionales, sin embargo, el exmilitar aseguró que "jamás estuve destinado, ni presté labores, en ese fortín, desconociendo si en efecto coincidieron allí los dos anteriores".
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De igual forma, sostiene que Nazal habría hecho referencia al escrito de Matus en una declaración en junio pasado "indicando o reiterando como punto de su defensa el hecho falso que yo habría laborado en el Regimiento Bellavista".
Nazal, según la parte querellante en su declaración, los acusa de "aprovechar el que los tres (...) nos conocimos o coincidimos en el Regimiento 'Bellavista', para así intercambiar o entregar información sensible o secreta".
Argumentaron que los antecedentes se presentaron para que a la larga se justifiquen "las acciones intrusivas o de espionaje, lo que es falso en sus dos elementos basales (no laboré allí y no he intercambiado con ellos ni con nadie documentos del Ejército); por lo demás, tales documentos secretos o sensibles jamás pasaron por mi mano".
Así, para los querellantes, "la entrega o aporte de antecedentes falsos, obstaculiza de manera relevante, incluso fundamental, el esclarecimiento de los hechos denunciados y favorece a sus partícipes".
Las complicaciones de Matus
Este nuevo hecho se suma a una serie de problemas a los que se ha visto enfrentado Jean Pierre Matus desde que su nombre apareció en la quina que elaboró la Corte Suprema para reemplazar al exministro Carlos Künsemüller.
De inmediato desde organizaciones de derechos humanos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparacidos (AFDD) y Londres 38, emitieron comunicados para fustigar la posibilidad de que Matus integre el máximo tribunal. Situación que se intensificó cuando el mandatario envió su nombre al Senado para su acuerdo, el pasado 23 de agosto.
En específico, son dos los principales reparos que se hicieron al jurista. En primer lugar, su decisión en algunos fallos sobre crímenes de lesa humanidad, mientras era abogado integrante de la Suprema entre 2015 y 2019. Se le reprocha haber posibilitado la aplicación de la figura de la media prescripción -rebaja de pena- a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Además, se critica con énfasis sus asesorías al comandante en jefe del Ejército desde fines de 2018 hasta 2020, en medio de la investigación por el millonario fraude del Milicogate. Entre lo que se incluyó, como ya se mencionó, la defensa del exdirector de la DINE, Schafik Nazal.
