En dos oportunidades durante esta semana, integrantes de la Asamblea Nacional de Presos Políticos de la Revuelta se manifestaron para exigir celeridad en la tramitación del proyecto de ley general de indulto, que se encuentra en la comisión de Constitución del Senado. Primero fue en el Ministerio de Justicia llevando una carta dirigida al ministro Hernán Larraín, en la que argumentaban las razones para dar salida a esta ley, en contraposición a lo que han dicho las autoridades de esa cartera. Luego, este jueves un grupo se encadenó en el frontis de la Corte Suprema, anunciando una manifestación para el próximo 29 de julio.

La declaración emitida por la Convención Constitucional al constituirse ha sido reconocida como una señal política potente por los familiares de los jóvenes que cumplen prisión preventiva y arresto domiciliario por hechos posteriores al 18 de octubre. En este documento se fijó como prioridad trabajar sobre el tema, reconociendo la existencia de prisión política en el país, donde se han expuesto matices en el debate, y se reafirmó la voluntad de establecer responsabilidades políticas del Estado en las vulneraciones de derechos humanos.

Si bien esta discusión ya se libró a dos semanas de funcionamiento de la Convención, aún está pendiente definir la manera en que se podría concretar el trabajo que surja entre los convencionales y cómo se va a fusionar con su tramitación paralela en el Congreso. Por ahora, los familiares y sus abogados asesores han iniciado conversaciones con algunos constituyentes para evaluar las alternativas, principalmente de Apruebo Dignidad, la Lista del Pueblo y otros independientes. Sobre este debate en desarrollo, los acentos que se han puesto y las inflexiones en el tema, profundizan abogados de derechos humanos y convencionales que han tenido mayor acercamiento al tema.

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Prisión política y comisión de justicia

De los temas que generaron debate al interior de la Convención para sacar una declaración conjunta que aunara los criterios de los constituyentes -exceptuando los de Chile Vamos que se restaron de emitir cualquier declaración al respecto- fue el concepto que se utilizaría de prisión política.

En términos generales, se maneja un concepto más restringido que concibe la prisión política cuando una persona se encuentra privada de libertad por sus ideas, como lo utiliza Amnistía Internacional, acuñando el término “prisión de conciencia”, sin actos de violencia de por medio. Y, el segundo, es un término ampliado que sostiene el Parlamento Europeo, que concibe distintas formas mediante las cuales se ejerce la prisión política que dependen del contexto político y social y de la infracción de derechos fundamentales, como es la duración de la detención o si las medidas que se establecen se consideran desproporcionadas.

Aunque esta última fue la que se levantó en la Convención en sus dos declaraciones, que luego se fusionaron, el debate estuvo marcado por sectores que no estaban por incluir el concepto por estrategia política. “Tuvimos diferencias con algunos convencionales porque sostenían que no debía decir presos “políticos”, principalmente de Independientes No Neutrales y de la ex Concertación, para que se entendiera lo más amplio posible y tuviese mayor respaldo. Había temor a que no se lograra aprobar en esta instancia”, señala Jaime Fuentes, abogado de la Agrupación de Familiares de Presos de la Revuelta y militante de Convergencia Social.

Aun así, fue indispensable entender que en las causas se han invocado tanto la ley de control de armas, que ha sido considerada inconstitucional, como la ley de seguridad interior del Estado, aplicada de manera desproporcionada, explica la abogada y constituyente por La Araucanía, Manuela Royo. “Algo a considerar es que nos encontramos con infracciones al debido proceso porque la policía cuando investiga se viste de primera línea y existe muy poca fiabilidad por falta de registro”, acota.

Sobre esto último se solicitarán los registros y antecedentes para iniciar el trabajo en la comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, conformada en la Convención y que esta semana acordó que se integraría por 19 convencionales, que deben contar con el patrocinio de ocho personas cada uno de ellos. Las tensiones sobre el tema ya se dejaron ver en su primera sesión con los convencionales de Chile Vamos al plantearse al menos cuatro propuestas para la comisión que abordaron normas de reparación.

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Propuesta de un artículo transitorio

Una de las alternativas que se barajan para trabajar en la Convención es la redacción de un artículo transitorio que permita suspender las medidas cautelares que pesan hoy sobre los jóvenes, una vez que comience a regir la nueva Constitución, posterior al plebiscito de salida de 2022.

En esa línea lo ha planteado en una moción la constituyente María Rivera, abogada de la Defensoría Popular, que ha tenido buena recepción de otros convencionales de Apruebo Dignidad, la Lista del Pueblo e independientes. Jaime Fuentes, por su parte, cree que este sería el mecanismo para tener seguridad ante el fracaso de la ley en el Congreso o se logre la aprobación parcial de los artículos que proponen. “Si es que hay modificaciones, esta enmienda podría permitir darles la libertad, pero habría que ver la profundidad del texto que sea redactado en la nueva Constitución”, indica.

Las aprehensiones, sin embargo, irían por lo extendido del proceso, como lo plantea Yuri Vásquez, abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) que patrocina alguna de estas causas. “Según el catastro que tenemos, hay entre 76 y 80 personas que están en prisión preventiva, y esto sería alargar la tramitación cuando se podrían cerrar los juicios antes. De todas maneras, no habría problemas normativos porque se han incluido, por ejemplo, en la Constitución de 1928, en casos de amnistías e indultos”, dice. Con esta mirada coincide la convencional por el distrito 8, Valentina Miranda, y pone el acento en el Poder Legislativo. "Me parece viable entendiendo las fuerzas al interior de la Convención, pero siendo realista esta alternativa le terminaría por quitarle responsabilidad política al Senado", plantea.

Una señal importante, que aporta el abogado de la CCHDH, sería que la Convención haga un reconocimiento explícito al principio de inocencia, una de las principales vulneraciones que han sufrido los presos, dado que actualmente se hace un análisis e interpretación recogido de los programas internacionales.

Incluir presos políticos mapuche

Ampliar el indulto en casos de mapuches presos también fue un punto que propusieron incluir los representantes de los escaños reservados mapuche, a través de una indicación que finalmente quedó plasmada en la declaración de la Convención. En particular, se pidió incorporar un artículo en la ley que se tramita que extienda, al menos desde 2001, a los presos mapuche a quienes se les haya aplicado leyes de excepción, como la ley sobre conductas terroristas, en las regiones del Bio Bio, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.

La constituyente mapuche, Rosa Catrileo, dice que esta es una respuesta frente al histórico “cuestionamiento al ejercicio del poder del Estado ante el no reconocimiento de nuestros derechos colectivos y, es en ese contexto, en que muchos de nuestros lamngen están presos”. “Es relevante, primero que todo, se reconozca la prisión política para nuestro pueblo y que se asuma que eso surge de demandas sociales que han contribuido al inicio de este mismo proceso”, acota.

Desde la Agrupación de Familiares, Jaime Fuentes, cree que es un debate que va a abrir la puerta para hacer efectiva la aplicación del convenio 169 de la OIT en la Constituyente, sobre el resguardo de los derechos y la no discriminación de los pueblos indígenas.

Un matiz hace el abogado de la CCHDH, Yuri Vásquez: “Políticamente no sé si se podría llegar a un acuerdo. Me parece que dadas las características disímiles y la extensión de los hechos considerados como origen del indulto, que esto podría ser tratado en una ley propia. No nos podemos cerrar a la posibilidad de extenderlo, sin embargo, los fundamentos del proyecto que se está tramitando en el Senado dicen relación con un periodo determinado, con hechos vinculados a esas propuestas y, en general, las leyes de indulto se centran en un antecedente de hechos específicos”, advierte.

Por último, la constituyente Valentina Miranda plantea que los representantes de escaños reservados pueden evidenciar una realidad acabada sobre el tema y poner los énfasis necesarios para que sean incorporados. “Podemos avanzar en esa materia, pero hay que discutirlo porque, incluso, ellos mismos han dicho que no quieren hacer un catastro nacional de presos políticos mapuche porque hay comunidades que van a querer reivindicar casos que no deberían ser reivindicados por otros. Es algo específico de ellos y lo tienen que abordar para luego presentarnos una propuesta”, concluye.

Indicación completa de convencionales mapuche: