Este miércoles el Ejecutivo presentó un proyecto que busca modificar el Código Penal tipificando la explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, una noticia que fue celebrada por entidades involucradas en el tema.

Es el caso de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien entregó sus apreciaciones a ADN, asegurando que la iniciativa marca una postura del Estado. “Este proyecto es relevante porque marca una posición del Estado de Chile, que dice 'esto no es prostitución', acá no hay niños que decidan y resuelvan dedicarse comercialmente a esto. Acá lo que hay son adultos que, abusando de la vulnerabilidad de esta población, lo que hacen es explotarlos”, dijo.

Posteriormente, Muñoz agregó que "uno tiene que entender que el primer deber del Estado es la prevención, eso es fundamental. Pero cuando no somos capaces de prevenir, tenemos que ser capaces de investigar y sancionar severamente estos comportamientos, si no, la señal de impunidad favorece a que estos delitos sigan ocurriendo”.

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Para la defensora de la Niñez, que esta iniciativa se puede aprovechar para detectar los imponderables de los fiscales que enfrentan estas indagatorias. “De la revisión que he podido hacer, este es un proyecto que va en línea con aquello que se demanda en términos de la persecución de un delito de esta naturaleza”, complementó.

“Lo que yo he planteado es que se pueda aprovechar esta instancia para revisar cuáles son las dificultades que los fiscales enfrentan en la indagación de estos delitos, y de esa manera poder hacer adecuaciones al Código Procesal Penal”, dijo luego.

Adicionalmente, Muñoz comentó que “este es un paso muy importante que es necesario aplaudir y felicitar, porque necesitábamos sacar el concepto ‘prostitución infantil’ y hablar de lo que esto es, que es explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes”.

Inoculación anti COVID-19

En otro ámbito, abordó el tema alusivo a los problemas que enfrentan niños, niñas y adolescentes respecto a la vacunación contra el COVID-19 y la determinación de algunos padres de prohibir su inoculación. “Es un tema que podría provocar un análisis y un debate respecto a la efectividad de las vacunas", dijo Muñoz.

“Son vacunas que no llevan mucho tiempo, a diferencia de otras como (las contra) el sarampión. Aún así, no es descartable que se pueda recurrir jurisdiccionalmente a la decisión de un tribunal respecto a estos casos”, advirtió.