Los desafíos democráticos iniciados en 1990 trajeron consigo el desarrollo de políticas públicas de reparación integral para víctimas y sobrevivientes de la dictadura. Una de ellas fue la implementación del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS, que hasta nuestros días ha resultado una experiencia única en América Latina y que aún con sus considerables insuficiencias y precariedades constituye una iniciativa de reparación integral de largo plazo en salud física y mental de carácter excepcional. Este desafiante proceso se llevó a cabo en un contexto posdictatorial con un escenario evidentemente adverso en que no existían condiciones de plena democracia. El Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS se enmarca en los Principios de Reparación Integral de Naciones Unidas como son restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Su propósito es contribuir a la reparación de las víctimas, tratar las complicaciones en salud física y mental detectadas en las personas y familias, disminuir la prevalencia de las consecuencias en salud derivadas de la violencia represiva, implementar un modelo de atención integral en salud y contribuir a generar una cultura de respeto a los derechos humanos. Por cierto, objetivos que han resultado demasiado ambiciosos.

Una de las barreras para llevar a cabo la reparación en salud de víctimas y sobrevivientes ha sido la naturalización de la violencia institucional y estructural como una práctica histórica tanto del pasado como del presente. Eso explica la respuesta estatal ante el estallido social y las masivas manifestaciones sociales. El sentido de oportunidad de la reparación para víctimas y sobrevivientes es fundamental como un reconocimiento de lo sufrido y también como la posibilidad de un mejor pronóstico de manejo de las secuelas físicas y psicológicas y esto ha sido un permanente desafío en estos 30 años pues implica cambiar estructuras y marcos de acción institucionales. Una mención especial merece el análisis de los impactos diferenciales de las violaciones a los derechos humanos por razones de género durante la dictadura aunque sabemos de sobra que muchas de estas prácticas se mantienen hasta el presente ya que las mujeres se encontraban y se encuentran proporcionalmente en mucha mayor medida expuestas de manera selectiva a la tortura sexual en diversas formas, lo que da cuenta de la estructura de relaciones de poder entre hombres y mujeres y que lamentablemente se mantiene hasta el presente y da muestra de ello las vulneraciones que señala el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respecto al estallido social.

El concepto de reparación como estándar de Naciones Unidas se concibe como un proceso de reparación integral entendiendo la profundidad de los traumas psicosociales y sus graves y transversales secuelas. Por obvio que parezca, es mejor que no existan vulneraciones a los derechos humanos a tener una excelente política pública de reparación y esto implica que el Estado debe no sólo respetar sino garantizar derechos, más aún teniendo en cuenta la ya abundante evidencia del daño transgeneracional. Por cierto, esto colabora con el compromiso democrático de llevar adelante Garantías de No Repetición, las cuales apuntan a la prevención de nuevas vulneraciones lo que no se ha conseguido. Es fundamental mencionar que el Programa PRAIS se sustenta en algunas paradojas como el mandato de reparar lo irreparable, pues es evidente que hay situaciones en que la reparación y la restitución es absolutamente imposible, como también el hecho de que para la reparación en salud pública coexisten lógicas que colisionan entre sí como la asistencial y la del enfoque de derechos humanos. Otra situación que ha tensionado históricamente al Programa es el hecho que el Estado que repara es el Estado que vulneró, por lo que es necesario tener en cuenta que es una relación que nace desde la profunda desconfianza. Más preocupante resulta cuando no sólo las confianzas no se restituyen sino se vuelve a vulnerar derechos humanos de manera masiva a la ciudadanía durante el estallido social del 18 de octubre de 2019. Esto evidencia de manera inequívoca el pobre o nulo compromiso estatal con las garantías de no repetición y de lo cual dan cuenta no sólo las organizaciones de derechos humanos sino también el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su Informe Anual 2019 referido al estallido social, así como informes de organizaciones internacionales de derechos humanos.

El Estado aún está en deuda con la reparación de las víctimas y sobrevivientes de la dictadura, lo que hace inevitable preguntarse qué ocurrirá con las nuevas víctimas y sobrevivientes del estallido social cuando ya existe un importante acopio de conocimiento y experiencia respecto a los traumas, a la reparación, al daño y su transmisión transgeneracional así como de la vivencia crónica de un trauma acumulativo como consecuencia de violencia política. El Ministerio de Salud, en noviembre de 2019, anunció la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular, una iniciativa muy focalizada, pero de la que ya en abril de 2021 la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular denunció precarización y negligencia en las atenciones de la reciente y única medida de reparación en salud por las vulneraciones ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019. El estallido social y sus consecuencias, tanto presentes como futuras, probablemente profundizará las dimensiones del trauma sociopolítico para víctimas, sobrevivientes y población en general. Además, es necesario tener en cuenta el contexto de pandemia por Covid-19 y los efectos que tendrá en la población la actual situación de emergencia sanitaria. Probablemente profundice aún más la precariedad en salud y, en el caso de las víctimas y sobrevivientes de la dictadura como del estallido social, pueda asociarse a más postergaciones y a la vivencia de un trauma acumulativo. El mandato de generar una cultura de respeto a los derechos humanos no sólo tiene que ver con enseñar teoría sino con la práctica y las acciones de reparación en salud directas hacia las personas sobrevivientes y el reconocimiento de lo sufrido por ellas.