A la hora de evaluar el impacto ambiental de proyectos, el Consejo Regional puede emitir observaciones en cuanto al proyecto y el ordenamiento territorial. El gobernador, como presidente del Consejo, tiene esa facultad. Pero la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, que puede aprobar o rechazar las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de los proyectos, queda por ahora en manos del delegado presidencial.

“Esto yo creo que es un tremendo error. Quien representa el territorio y las necesidades locales es el gobernador regional, no el delegado. Nos hemos reunido con el equipo de senadores y de diputados que está viendo los temas de desarrollo regional, y muchos gobernadores coincidimos en que la figura del delegado presidencial debería ir desapareciendo para hacer una descentralización real”, alerta Ricardo Díaz, gobernador electo de la región de Antofagasta.

“Al quedar esta presidencia en manos del delegado, se crea una limitación importante, demostrando que estamos ante un proceso bastante gradual y paulatino de regionalización, donde todavía no se confía en los gobiernos regionales para que puedan tomar ese tipo de decisiones. Esto va a generar tensiones porque hay jurisprudencia cambiante respecto de si un alcalde puede impugnar judicialmente la aprobación de un proyecto, y podrían surgir escenarios similares con los gobernadores”, explica Valentina Durán, abogada y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

Gobernadores y ordenamiento territorial

Una atribución de los gobernadores, que podría tener relevancia en materia ambiental, es desarrollar los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), que buscan una planificación del territorio más allá de la planificación urbana, asignando los posibles usos de suelo y destinos para cada zona. Los gobiernos regionales podrán a través de este instrumento, dar indicaciones, por ejemplo, acerca de la ubicación de proyectos como las instalaciones de manejo y gestión de residuos.

“Al dirigir la elaboración del PROT, que es participativa y debe contar con la opinión de las comunidades, organizaciones territoriales, universidades etc. hay una potencialidad política muy grande para generar acuerdos respecto de las prioridades regionales, no solo en términos abstractos, sino prácticos, diciendo cuáles son las zonas donde se van a priorizar ciertas actividades sobre otras”, acota Sonia Reyes, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS UC.

“Los PROT, que avanzar a ser vinculantes, también representan una oportunidad de hacer un esfuerzo de adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos, en relación con los desastres. En esto, los gobiernos regionales tienen una oportunidad y una obligación relevante”, agrega Valentina Durán.

Gobernadores e inversiones

Las y los nuevos gobernadores van a tener la función de delegar recursos de los programas de inversión del gobierno regional, así como los que correspondan según la transferencia de competencias que haga el Presidente de la República. “Las posibilidades de hacer gestión a través de la inversión pública, van a ser progresivas”, explica la abogada.

Para Sonia Reyes, sería relevante que se le traspasen competencias a esta nueva figura para que, junto con el ordenamiento territorial, pueda priorizar inversiones de urbanización, infraestructura, centrales eléctricas o vertederos. “Hoy, este desarrollo está sujeto a la voluntad privada. Es la empresa quien decide instalarse, y presenta entonces un proyecto. Sería fundamental que el gobernador tuviera competencias más decisivas en esta materia”, explica.

Otras competencias

“El gobernador debería tener la potestad de participar en la designación de los directorios de las empresas estatales que tienen su asiento en distintas regiones. Los directorios de empresas estatales podrían tener en sus directorios a alguien que el gobernador pudiera refrendar, y que venga del territorio, porque las decisiones de estas empresas públicas afectan a las comunidades”, destaca Ricardo Díaz.

El gobernador lideró el movimiento “Este polvo te mata”, que acusó en parte responsabilidad de empresas estatales como la Empresa Portuaria de Antofagasta (EPA), por la contaminación ambiental y el daño a la salud que produce el acopio de residuos mineros en el puerto.

Otra competencia que podría fortalecerse es la de conservación del patrimonio natural. “Hoy esas competencias están en el Ministerio de Medio Ambiente pero no como ejecutor. La capacidad de instalar un área de protección e invertir en infraestructura y guardaparques, radica en Conaf. Debería haber una atribución de los gobernadores regionales para garantizar una coherencia con la visión regional de conservación ambiental y con los otros objetivos de desarrollo de las regiones”, opina Sonia Reyes.

Gobernadores en alianza

“Hay que generar alianzas entre gobernadores y ya estamos conectados entre varios, para poder hacer observaciones sobre, por ejemplo, la participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental. Pero estas alianzas también deben ser capaces de representar la diversidad de los territorios en materia ambiental. Me interesa mucho una agrupación de gobernadores del norte”, acota Ricardo Díaz.

Para Valentina Durán, hay desafíos comunes que están en manos de municipios, como la gestión de residuos domiciliarios, donde una coordinación podría beneficiarles, para que los problemas locales se traduzcan en una acción más global. Esto también se presenta como oportunidad para los problemas territoriales. “Las divisiones políticas y administrativas a veces no dan cuenta de las realidades comunes en las macro zonas o en las cuencas, y ahí hay una oportunidad en la coordinación”, concluye.

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