Hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, cuando van 49 años desde que por primera vez el mundo internacional reconoció que no es posible alcanzar el desarrollo humano en un medioambiente degradado. Desde ahí hasta la fecha, la ciencia sólo ha reafirmado que las dinámicas y formas dominantes con la que nos relacionamos con la naturaleza, nos ponen en riesgo. La magnitud de nuestra destrucción ha llegado a modificar las condiciones globales que nos desafían a cambiar el rumbo para detener la crisis climática y ecológica.

Frente a la dimensión del problema se hace necesario identificar el espacio de actuación que nos cabe como individuos y como colectivo. En Chile, parece imposible abstraerse de la fuerza política que tiene hoy la dimensión colectiva del cuidado ambiental. En efecto, la votación para escribir la Constitución del futuro privilegió la confianza hacia los territorios, hacia los movimientos socioambientales y a políticos con discursos más cercanos a la demanda ecológica.

Ocurre que más allá de la teorización sobre la ecología política, de los informes científicos y la organización de la demanda ambiental, el sentido común y popular es el que se impone; la dignidad requiere de un aire limpio, agua, tierra cultivable y el respeto al otro ser vivo, hacia el espacio natural que posibilita la vida. En términos políticos y colectivos, quienes gobiernan un país son claves en la posición que adoptamos frente al desafío global de enfrentar el cambio climático porque son quienes proyectan la imagen de ese territorio hacia afuera, en lo que identificamos como política exterior, y en aquello referido a la administración del territorio, que configura al final del día aquella porción de naturaleza que el Estado se adjudica “soberanamente” gestionar, para el bienestar común. Es por eso que en la Cuenta Pública del martes pasado que el presidente Sebastián Piñera entregó, ante un reducido Congreso Pleno -y la última de su gobierno- esperamos que sea la última donde se muestre un gobierno impávido frente a un modelo de gestión del agua fracasado. En parte del discurso el Jefe de Estado afirmó que como ciudadano considera que en Chile deben estar garantizados derechos fundamentales como el derecho “a la vida, incluido al que está por nacer, a salud y educación de calidad, a un barrio y vivienda digna, al trabajo, la previsión social y a la propiedad, y el derecho esencial de acceder al agua”.

Es curioso que, siendo Presidente, pudiendo hacer algo real por asegurar “el derecho esencial de acceder al agua”, prefiere pensarse como ciudadano. En efecto, en estos cuatro años conociendo la gravedad de la escasez hídrica que atravesamos, haciendo uso de sus facultades y atribuciones, pudo haber destinado presupuesto con urgencia para conocer la situación del agua en Chile. No saber cuánta agua se está utilizando por las principales industrias exportadoras, mineras y forestales, es inaceptable en términos de gestión, más si consideramos que según datos de la DGA, cerca del 56% de los derechos de aprovechamiento no se encuentra en el catastro público de aguas.

Quizás sin aumentar presupuesto, podría haber avanzado en la agenda legislativa de seguridad hídrica, estableciendo urgencia a la reforma al código de aguas, que consagraría por primera vez el derecho humano al agua, o tal vez habría ordenado a los senadores de su coalición para no vetar la discusión constitucional de priorizar el consumo humano en la Constitución, en enero de 2020.

Lo cierto es que no hubo ninguna intención por ser proactivo respecto de esta demanda. Ni siquiera ha sido de manera responsiva respecto de las medidas que ha tenido que establecer el Poder Judicial para que entregue 100 litros de agua por persona a comunidades de la provincia de Petorca y Nogales, en la Región de Valparaíso. Y en plena pandemia, pese a lo fundamental que es como medida sanitaria, el gobierno hace oídos sordos al clamor de las comunidades que exigen se cumpla el fallo judicial para tener un acceso justo y digno al agua.

Chile tiene muy claro el difícil escenario climático que enfrentamos; somos esencialmente un país vulnerable, y nuestro principal impacto es sobre la disponibilidad hídrica. Es frustrante ver cómo una demanda social, recogida y expresada tan claramente en la votación constituyente, no es tomada en cuenta por el discurso público de quien tiene la obligación de gobernar hasta el fin de su mandato. Se cierra una Cuenta Pública en la que tampoco se podía esperar mucho más, considerando que son los mismos, con las mismas respuestas, los que nos llevaron al desastre.