La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto que establece, en favor del Estado, una compensación por la explotación de la minería del cobre y del litio, denominada royalty minero.
Esta iniciativa pretende procurar la incorporación de recursos frescos especialmente dirigidos a sustentar iniciativas de inversión en las regiones en donde se produce la extracción de minerales en nuestro país, junto con adicionar un mayor aporte a las arcas fiscales.
La propuesta ya contaba con la aprobación en general de la Sala desde el pasado 24 de marzo, ocasión en que se le derivó nuevamente a las Comisiones de Minería y de Hacienda para la definición de su articulado, que fue expuesto por medio de sus respectivos informes rendidos por los diputados Esteban Velásquez (FRVS) y Javier Hernández (UDI).
En concreto, se establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesibles, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos.
Según informa la Cámara Baja, dichos recursos deberán destinarse en un 25% a un Fondo de Convergencia Regional, que estará integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice explotación minera de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento.
Asimismo, se determina que el monto que exceda del 3% ya mencionado será destinado a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe por COVID-19. Una vez terminada dicha declaratoria, los ingresos pasarán a las arcas fiscales.
En la amplia discusión desarrollada en la Sala, algunos diputados enfatizaron en que se debe establecer un royalty para que dichos recursos puedan emplearse a enfrentar las externalidades negativas que sufren las regiones mineras.
Otros, en tanto, consideraron que dicha compensación debe ayudar a financiar las necesidades de todas y todos los chilenos, sobre todo en tiempos de pandemia, por ejemplo, para establecer una renta básica de emergencia de carácter universal.
Quienes se opusieron a la propuesta aseguraron que es inconstitucional e indicaron que asfixiará a la minería, incluyendo otros minerales concesibles; y que con la alta tributación, que superará a la de otros países que explotan el cobre, las empresas mineras se irán de Chile y se afectará a miles de trabajadores que llevan sustento a sus familias.
Además, expuso la posición del gobierno el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, quien dijo que pese a compartir el propósito del proyecto de royalty minero, es necesario lograr un equilibrio razonable entre recaudación e inversión, lo que no se logra en la propuesta, porque “está fuera de la institucionalidad”.
El secretario de Estado agregó que la minería del cobre se encuentra estancada en su producción y que existe un portafolio de negocios de 70 mil millones de dólares para los próximos años, y que la idea es que se ejecute en Chile y no vaya a otros países. Por otra parte, dijo que incorporar a todos los minerales en el royalty, no responde a las diversas realidades de cada uno de ellos.