El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se refirió a los antecedentes sobre las presuntas irregularidades en espionaje que realizó el Ejército en contra de cinco periodistas chilenos, entre ellos, Mauricio Weibel quien destapó el millonario desfalco en la institución castrense conocido como milicogate.

La declaración se genera luego de la revelación de Ciper de documentos que dan cuenta de que la institución militar habría engañado a la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener la orden judicial para interceptar las comunicaciones de Weibel en el marco de la llamada "Operación W". Posteriormente, también se dio a conocer la existencia de espionajes en contra de Pascale Bonnefoy, Juan Cristóbal Peña, Santiago Pavlovic, Danae Fuster y Javier Rebolledo.

El mismo Weibel presentó una querella por estos hechos, la que fue admitida por el tribunal y actualmente se encuentra en tramitación.

"En un país como Chile, con un extenso y perturbador historial de vigilancia gubernamental, causa gran preocupación que un informe denuncie que actores del Ejército chileno presuntamente hayan buscado datos personales sobre periodistas investigativos", sostuvo al respecto Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York.

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"Las autoridades chilenas deben abrir de inmediato una investigación transparente sobre estas denuncias y garantizar que los periodistas puedan informar sobre asuntos de interés público sin temor a sufrir represalias por parte de los objetivos de sus investigaciones", agregó.

De la misma forma, el organismo internacional sostuvo que se comunicó con cuatro de los cinco periodistas afectados, los que confirmaron que se encontraban investigando al Ejército para artículos o libros durante la época del presunto monitoreo, entre 2013 y 2016. De la misma forma, explicó que no pudieron contactarse con Pavlovic.

Una de las periodistas de investigación involucradas, Pascale Bonnefoy, afirmó al CPJ que en dicho periodo había enviado solicitudes de información a la institución castrense para un libro sobre el empleo del Estadio Nacional como campo de prisioneros en 1973. "No sabemos cuánto duró la vigilancia y si todavía continúa", declaró la profesional.

De la misma forma, el organismo aseguró que se comunicó a través de correo electrónico con el Ejército, pero que no obtuvo respuestas. Sin embargo, pudieron consultar a la Fiscalía Metropolitana Norte, desde donde afirmaron que no pueden dar detalles de la investigación porque se trata de una causa abierta, aunque confirmaron que se están realizando las indagatorias en conjunto de la Brigada Anti-Corrupción de la Policía de Investigaciones (PDI).

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