Desde Canadá, la diputada Jenny Kwan presentó el jueves una petición denunciando la represión ejercida por el Estado chileno, desde el levantamiento social del 18 de octubre de 2019. Junto con esto, agrupaciones defensoras de DD.HH. canadienses llamaron a la solidaridad internacional para exigir la liberación de los presos políticos de la revuelta.

A través de la petición de Kwan, ciudadanos y residentes de las provincias del país están pidiendo al gobierno federal que mantenga el compromiso de Canadá de actuar como promotores de la paz y protectores de derechos humanos. Así, instan al gobierno canadiense a denunciar y pedir al gobierno chileno que ponga fin a la represión militar y policial y a los abusos de poder.

Este documento también fue apoyado por un un envío masivo de cartas organizado por dos colectivos chilenos. Las cartas, pidiendo apoyo para la petición, fueron firmadas por varias organizaciones de diferentes ciudades del país y enviadas a todos los parlamentarios canadienses.

Hoy, los canadienses quieren que su gobierno denuncie la criminalización de la protesta y la prisión política como instrumento de control, por parte del gobierno chileno, explican a través de un comunicado. Además, apoyándose en políticas sanitarias de cuarentena discriminatorias, se siguen perpetrando los abusos policiales durante ya más de 18 meses, con total impunidad, acusan.

Quienes suscriben la solicitud destacan que Canadá “tiene importantes relaciones comerciales con Chile y sus ciudadanos”, además de “una larga historia de solidaridad con Chile, que se remonta a más de cuatro décadas”. En ese sentido, los ciudadanos canadienses hacen un llamado a su gobierno para que defienda los derechos humanos de chilenas y chilenos.

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Junto a la petición levantada por Kwan, el Comité por los Derechos humanos en América Latina (CDHAL) compartió una declaración firmada por diversas organizaciones defensoras de DD.HH. canadienses denunciando la criminalización de la protesta por parte del gobierno chileno.

Más de 40 agrupaciones suscribieron la declaración, llamando a “denunciar la represión y criminalización de la protesta social de parte del Estado chileno, que se sigue agravando desde el estallido social en octubre 2019”.

“Diversas misiones internacionales de observación de derechos humanos en Chile han denunciado las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden del Estado en contra de la población, particularmente el derecho a protestar, a la vida y a la integridad personal”, acusa el documento.

Violaciones generalizadas de DD.HH.

“Sin embargo”, continúa, “esta situación no es nueva, como lo demuestran las recomendaciones emitidas al Estado de Chile en el curso de las últimas décadas sobre la utilización excesiva de la fuerza, la ausencia de un mecanismo de prevención de la tortura y la abstención de la aplicación de la ley antiterrorista contra los procesos de reivindicación de los derechos del pueblo mapuche”.

“Estas violaciones se han vuelto generalizadas en el marco de las manifestaciones masivas en Chile”, agrega la declaración que busca denunciar la “crisis de derechos humanos” vivida en el país.

En ese sentido, el escrito repasa el estado en el que se encuentras las personas privadas de libertad en Chile por participar de las protestas levantadas desde el 18 de octubre de 2019, asegurando que serían 2.500 hasta el momento.

Toque de queda que “busca controlar a la población”

“Las misiones internacionales de observación, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile han corroborado que la mayoría de las detenciones han sido ilegales, asociadas a casos de tortura, maltratos, violencia sexual y la ausencia de acceso a una defensa jurídica”, indica la declaración.

Entre otras cosas, las organizaciones también cuestionan el toque de queda impuesto por el Presidente Sebastián Piñera en marzo, permitiendo el despliegue de militares en las calles.

“Esto hace que el país lleve un año viviendo en un 'Estado de excepción constitucional de catástrofe’ que se inscribe en una lógica coercitiva más que de salud pública que busca controlar la población y preservar el pequeño margen de apoyo popular que posee, de alrededor de un 6%”, apunta la publicación.

“Como organizaciones de la sociedad civil y colectivos chilenos de Quebec y Canadá, consideramos que el silencio del gobierno de Justin Trudeau puede ser interpretado como una complicidad, poniendo en evidencia que Canadá prioriza sus inversiones en perjuicio de los derechos humanos”, cerraron las agrupaciones.

Revisa aquí la declaración completa: