Desde que presentamos en junio del año pasado el Impuesto a los Súper Ricos, el proyecto ha sumado mayores apoyos políticos, de especialistas y de variados organismos internacionales. Asimismo, algunos países ya comenzaron a implementarlo.

El respaldo más inesperado ocurrió recientemente de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), instancia de reconocida tradición neoliberal.

Sin embargo, esto demuestra un reconocimiento y valida la justeza de aplicar un impuesto para allegar recursos frescos y así enfrentar las necesidades sociales que está provocando la pandemia por COVID-19 en Chile y el mundo.

El organismo, al fundamentar su propuesta a las autoridades, afirma que las desigualdades preexistentes han amplificado el impacto adverso de la pandemia y advierte que “un círculo vicioso de desigualdad podría dar lugar a un quiebre social y político”.

Esta enorme brecha se agudiza aún más para Chile con la última publicación de la revista Forbes sobre el ranking de multimillonarios nacionales que aumentaron su patrimonio durante el pandémico año 2020. En ella se revela que 8 fortunas chilenas incrementaron su fortuna en 73%, mientras una inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras son más pobres, ya que perdieron sus empleos o se redujeron dramáticamente sus ingresos.

Es muy escandaloso que el cuarto lugar en Chile lo ocupe el Presidente Sebastián Piñera. Según los datos de Forbes, el Clan Piñera aumentó su fortuna en 300 millones de dólares respecto a la revisión anterior, hasta los 2.900 millones de dólares este 2020.

Claramente, estamos ante un flagrante conflicto de interés, porque un presidente de la República, que a la vez es un gran empresario, actúe o se omita de una decisión, siempre impactará en sus multimillonarios negocios. A estas alturas su fideicomiso está muy cuestionado y ya se habla de un “fideicomiso tuerto”.

Es la hora de que los grandes empresarios chilenos compartan su enorme riqueza acumulada para ir en la ayuda directa de millones de chilenos y chilenas que la están pasando muy mal.

Al examinar el origen de su patrimonio, se aprecian que no solo está compuesto legítimos ahorros, sino que también por la creación y apropiación de riqueza ya existente. Y, por supuesto, esta última opción es la más usada en Chile mediante extracción de rentas de recursos naturales, de mercados monopólicos y uso de información privilegiada, entre otros mecanismos de captura.

Esta apropiación de rentas ha constituido una transferencia forzada de riqueza desde el resto de la sociedad a los súper ricos. Así, esta transferencia ha sido a costa de los consumidores que han debido pagar precios monopólicos, proveedores de grandes empresas que han recibido precios de tipo monopólico, inversionistas pequeños y medianos que han sido explotados por el uso de información privilegiada por parte de especuladores, y los ciudadanos, dueños verdaderos de los recursos naturales y medio ambiente, que han sido privados de recibir su justo pago por el uso y abuso de ellos de parte de los súper ricos.

Por ejemplo, en el estudio “Nuevas Estimaciones de la Riqueza Regalada a las Grandes Empresas de la Minería Privada del Cobre: Chile 2005-2014”, de los economistas Eugenio Figueroa, Ramón López, Gino Sturla y Simón Accorsi, se reveló que Chile regaló a la minería privada del cobre rentas de 120 mil millones de dólares. Con esa riqueza que se fue a las megaempresas transnacionales se podría haber financiado educación gratuita completa y mejorar el sistema de salud y pensiones.

Esta iniciativa surgió en respuesta a la mezquindad de La Moneda y el recurrente abuso de la letra chica para, perversamente, reducir la cantidad de beneficiados y no tocar los recursos del Estado.

Según la estadística que maneja el banco empresarial Credit Suisse, al año 2019, el 0,1% de la población adulta más rica de Chile concentra el 34% de la riqueza privada total neta, vale decir, aproximadamente 264.000 millones de dólares, mientras que el 0,01% concentra el 25% de la riqueza privada. Este último grupo tiene fortunas desde los 20 millones de dólares.

Desde este rango de riqueza patrimonial se propone cobrar el impuesto, porque al ser menos personas es más fácil la fiscalización de parte del Servicio de Impuestos Internos. De todos modos, también se evalúa reducir el piso de la riqueza para recaudar más, aunque sea con la dificultad de pesquisar a una mayor cantidad de contribuyentes.

El Impuesto a los Súper Ricos es una reforma constitucional que permite cobrar, por única vez, un tributo de 2,5% a las hiper fortunas personales con residencia en Chile y se considera el patrimonio que posee tanto al interior como fuera de nuestro país. Este último criterio elimina el riesgo de comportamientos elusivos y además le permite al contribuyente utilizar cierta información que ya está disponible (balances, certificados, tasaciones, entre otros).

De manera conservadora, se estima una recaudación para el Estado de entre 4 a 6 mil millones de dólares. Con estos recursos se puede asegurar a alrededor de 4 millones de hogares un ingreso mínimo garantizado por 3 meses, con un costo de 6 mil millones de dólares, lo que equivale a un 2% del PIB. Por ejemplo, un hogar de 3 personas recibiría 370 mil pesos.

Para afrontar la crisis, debemos transitar desde los tradicionales impuestos patrimoniales que existen en casi todo el mundo (casas, tierra, herencia) hacia los impuestos patrimoniales no tradicionales para incluir patrimonios financieros y bursátiles, entre otros.

Los impuestos a las rentas económicas son a futuro. Pero una importante función de los impuestos patrimoniales no tradicionales es recuperar para la sociedad las rentas económicas que han sido apropiadas por un pequeño grupo de súper ricos a través de muchos años durante las cuales esas rentas no fueron gravadas.

De este modo, la justificación para aplicar impuestos al patrimonio no es solamente para generar recursos necesarios para el Estado reduciendo la desigualdad económica en su raíz más profunda, y compensando por la apropiación indebida de rentas ocurridas a través de muchas décadas, sino que también como un instrumento para generar una mayor eficiencia económica.

Entre las críticas más frecuentes se acusa que el impuesto a los súper ricos significaría un desincentivo al ahorro y la inversión. Al respecto, hay que partir diciendo que las grandes fortunas se acumulan en activos de uso personal, tales como mansiones, tierras, yates, aviones, helicópteros, y paraísos fiscales. Todo ello, es consumo improductivo para el resto de la sociedad.

Por lo tanto, los impuestos patrimoniales van a generar desincentivos al súper consumo o a ahorrar en paraísos fiscales, más que a los ahorros que puedan generar beneficios para la inmensa mayoría de la sociedad. Dado que estos impuestos no gravan la rentabilidad de las empresas, sino que solamente las fortunas personales, es improbable que tengan un efecto negativo sobre la inversión.

Las consecuencias de no reconocer el problema en su magnitud y de no abrirse a la implementación del impuesto a los súper ricos agudizaran la crisis social y la desigualdad. Por ello, es trascendental que la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se manifieste a favor del Impuesto a los Súper Ricos cuando se vote el próximo jueves 15 de abril. Es urgente y de justicia social emparejar la cancha y contar con recursos frescos para enfrentar la creciente pobreza del pueblo chileno.