Ha pasado más de un año desde que en Chile se inició el proceso de movilización social más álgido y sostenido desde el final de la dictadura. Gracias a las protestas por el alza en el pasaje del metro emprendidas por jóvenes secundarios, el resto pudimos comprender que la vida que hemos llevado bajo un modelo que desprecia la dignidad de las personas (y en especial los derechos humanos) ya no es sostenible y, por el contrario, tenemos que luchar para que estas garantías sean parte de los mínimos de una convivencia democrática. Sin embargo, ante el legítimo derecho a la protesta ejercido por miles de ciudadanos y ciudadanas a lo largo del país, el Estado ha respondido con masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra quienes expresen su descontento en el espacio público, con independencia de las formas en que lo hagan. Es así que, tras el 18 de octubre de 2019, se abrieron 8.581 procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, la mayor parte involucrando a agentes del Estado (especialmente carabineros), por distinto tipo de agresiones, entre las que se cuentan lesiones oculares y violencia sexual. De estas querellas, interpuestas no únicamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sino por defensorías jurídicas, organismos de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil sin los cuales las víctimas se encontrarían más indefensas de lo que ya están, el 46% cerró sin formalizaciones.  Variadas son las razones que el Ministerio Público ha entregado para llegar a esta situación, las que en su conjunto parecieran configurar un cuadro de incapacidad para investigar y juzgar violaciones a los derechos humanos (falta de recursos, desconfianza de las víctimas en el sistema, agresiones que no están tipificadas como delitos, etc.) y que se aproxima a la impunidad de facto, que quienes vivimos la represión dictatorial pensamos no se iba a repetir con el actual sistema judicial. No obstante, de una u otra manera la historia se repite, pues también son miles las causas de los crímenes cometidos por la dictadura, actualmente sin condenas o con bajas sentencias sin proporción a la gravedad de los delitos.

Hasta hoy el ojo ha estado puesto en la actuación de las fuerzas de orden y seguridad, pero resulta evidente que las garantías de no repetición no sólo suponían la adopción de estándares de derechos humanos en su formación, estructura y protocolos, sino la irradiación a todos los poderes del Estado, incluido el legislativo y el judicial. Lo anterior, unido al completo desprecio e indiferencia del actual gobierno por las denuncias e informes de distintos organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, entre ellos el INDH, ha significado que las conductas delictuales de Carabineros de Chile, lejos de cesar o disminuir, se han incrementado. El aumento y brutalidad de la acción represiva alcanza ahora sistemáticamente también a brigadistas de salud y observadores de derechos humanos que, arriesgando su propia integridad física, asisten a las víctimas in situ y documentan las agresiones de las que son objeto por parte de las fuerzas de orden y seguridad. El reciente ataque sufrido por observadoras del INDH confirma que, amparados por la impunidad y la complicidad de las autoridades públicas, Carabineros actúa bajo órdenes criminales o bien sin control alguno por parte del poder civil. En ambos casos la responsabilidad política recae en el Ministerio del Interior. Este ataque es la expresión fáctica de una batalla mayor que estamos librando, desde el mismo 11 de septiembre de 1973, contra la resistencia de una parte de la sociedad a incorporar los derechos humanos como horizonte ético de la convivencia democrática. Lo vivimos a diario quienes promovemos los derechos humanos. Lo vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, e incluso al interior de instituciones públicas mandatadas a proteger estos derechos, donde representantes de sectores reaccionarios a las garantías fundamentales se esfuerzan por desvirtuar los compromisos del Estado en esta materia y debilitar la posibilidad de acción a favor de ellos.

Ha llegado la hora de pensar seriamente en una nueva institucionalidad pública, que sea capaz de promover la protección de los derechos humanos en todos los ámbitos en los que estos se expresan, y que goce de real autonomía e independencia. Con herramientas efectivas de monitoreo y persecución judicial. Conducida por personas con amplia trayectoria, experiencia y autoridad en el campo de los derechos humanos, que por cierto ya existen en la sociedad civil organizada. La situación de emergencia que estamos viviendo, junto al proceso constituyente en el que nos encontramos, son una oportunidad para enfrentar este desafío. No hay un minuto que perder y debemos actuar ahora.