El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella en contra de quienes resulten responsables por el millonario perjuicio al Estado ocasionado mediante un entramado de intervenciones fraudulentas. El organismo hace referencia a la suscripción de un contrato entre la empresa pública ENAP —a través de su filial ERSA— y la consultora de asesorías medioambientales Besten S.A.

La Contraloría General de la República detectó en junio del año pasado, una serie de inconsistencias en las fechas de cumplimiento del contrato que ENAP no puedo esclarecer razonablemente.

Además, se constató que los servicios no fueron finalmente utilizados, pagándose parte de los mismos incluso con posterioridad al cambio de tecnología que fue invocado como justificación por parte de la empresa pública para justificar su no utilización.

[Te puede interesar] Presidenta de ENAP renuncia tras pronunciamiento de Contraloría que establece conflictos de interés 

Asimismo, conforme señala el ente contralor, el monto de dichos servicios –por $308.000.000, pagado a suma alzada–, sería sustantivamente más elevado que el de otros de similares características contratados anteriormente.

Esta querella deriva del Informe Final Nº 813-2018 del Órgano Contralor, de fecha 25 de junio de 2020, que indica además que el contrato suscrito el 7 de noviembre de 2014 para la realización de dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que el organismo otorgó mediante adjudicación directa, cuando debió hacerlo por licitación.